En tono amenazante, causa de especial preocupación cuando quien profiere el amago es el general procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha espetó el lunes que no tolerará especulaciones sobre la aprehensión de Gustavo Ponce. Tendrá que tolerar la que a continuación expreso, si no es que la persigue en los tribunales como hace su más próximo colaborador, el responsable de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos con afirmaciones de Santiago Pando, publicista que fue de la campaña electoral del ahora Presidente de la República. Pando ha tildado de fabricante de culpables al subprocurador, porque acusó a su suegra, Artemisa Aguilar, de pertenecer a una banda de traficantes de personas en un caso en que no existen o han desaparecido los testigos en que se funda la acusación, motivo por el cual veintitrés consignados han obtenido su libertad.
El destino procesal de Ponce da motivo fundado a esta especulación, a esta conjetura. Desde febrero, antes de que su imagen como jugador en Las Vegas, transmitida por televisión tras haber sido grabada a instancias o directamente por su cómplice Carlos Ahumada, lo hiciera tristemente famoso, Ponce estaba sujeto a investigación de autoridades fiscales en México y en Estados Unidos. En vez de notificar el registro de transferencias de cantidades importantes de dólares, a la autoridad capitalina (insidiosamente se ha dicho que por temor a acuerdos con el ahora presunto delincuente), Hacienda y la PGR se guardaron la información (y dejaron que se produjera o propiciaron el escándalo mediático) y comenzaron una averiguación previa extremada, extraña, desesperantemente lenta. Sólo al cabo de seis meses la Procuraduría General de la República solicitó a un juez federal con residencia en Jalisco (vaya usted a saber por qué allá), que expidiera orden de aprehensión contra Ponce.
En palabras de Santiago Vasconcelos, dichas el sábado mismo, al notificar la aprehensión del ex secretario de Finanzas, éste es “probable responsable del delito de lavado de dinero, al haber realizado a través del sistema financiero las conductas delictivas consistentes en adquirir, cambiar, transferir y depositar, dentro del territorio nacional y de éste hacia el extranjero, recursos en pesos y en dólares por un monto aproximado de 30 millones 600 mil pesos, con conocimiento de que procedían o representaban el producto de sus actividades delictivas”.
El juez federal quinto en materia penal obsequió la orden de aprehensión el primero de septiembre pasado. Con ese mandamiento la Agencia Federal de Investigación (AFI), quedaba autorizada a detener a Ponce. Debería hacerlo, desde mucho tiempo atrás, en cumplimiento del pedido de colaboración formulado por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que había obtenido de un juez local, orden de aprehensión por fraude genérico. Más todavía: ¿no en un juzgado federal con sede en el Reclusorio Norte de la ciudad de México se había emitido otro mandamiento judicial en pos de la captura de Ponce? Como si no estuviera suficientemente pertrechada con esas órdenes para detener al ex secretario de Finanzas, a quien ostensiblemente tenía localizado, el martes cinco de octubre la PGR solicitó un nuevo mandamiento, “por el mismo delito”, dijo expresamente SantiagoVasconcelos. Obsequiado que fue el pedido el miércoles seis, Ponce fue detenido cincuenta horas más tarde. En vez de consignarlo ante los jueces que esperaban su detención desde semanas o meses atrás, la PGR lo consignó al juez cuya exigencia era más reciente, con residencia en Toluca, por lo que condujo a Ponce al penal de alta seguridad de La Palma (ése donde la semana pasada fue asesinado un reo, con una pistola llevada desde fuera, precisamente para matarlo).
Para subrayar que Ponce es su detenido, la PGR reprodujo la actitud contraria a la institucionalidad, reveladora de inquinas políticas, opuesta aun a las buenas maneras, que puso en práctica cuando Carlos Ahumada fue deportado de Cuba el 28 de abril pasado. En función de la solicitud de colaboración de la Procuraduría capitalina, debió informar a la peticionaria de que su demanda estaba satisfecha. No sólo se abstuvo de hacerlo, sino que llamados telefónicos del procurador Bernardo Bátiz inquiriendo pormenores de una noticia que conoció por la radio no le fueron respondidos. Y al fiscal de mandamientos judiciales Jorge Guillén Alcalá se le negó la entrada a la SIEDO, cuyo titular rehusó recibirlo.
Es impropio de suyo, contrario a la Ley, que un detenido sea preso en un penal de alta seguridad, cuando ni siquiera está resuelta su suerte jurídica (lo que en el caso de Ponce ocurrirá pasado mañana, cuando concluya el término, duplicado a solicitud suya). La Palma ni siquiera debía alojar a procesados, porque cabe la posibilidad de que se les absuelva y durante su estancia en prisión queden sujetos a la rigurosa disciplina de que son objeto los sentenciados.
Pero esas minucias son pasadas por alto por la PGR, que requiere tener a la mano a Ponce, para practicar con él conjeturo, la dualidad del policía bueno y el policía malo. Si el ex secretario de Finanzas se conduce como acomoda a los planes de la PGR (que en cumplimiento de las garantías que, según el mismo Ahumada le fueron ofrecidas, le devolvió ya sus equipos de futbol y su empresa periodística) podrá suavizar las condiciones de su reclusión. Y lo contrario si Ponce se abstiene de inventar infundios que hablen de una colosal corrupción en el D.F
