Como asignatura pendiente, Gobierno y sociedad, tenemos la de impulsar una Ley reglamentaria en materia de comunicación.
No debemos de olvidar que una cosa es el derecho que un medio de comunicación tiene de allegarse por medios lícitos una determinada información y otra distinta el derecho que el lector, radioescucha o televidente tiene de recibir esa información de manera objetiva, profesional y fidedigna, sin distorsiones de ninguna naturaleza.
Pero ahora resulta que hay quienes creen que hasta la información obtenida por medios ilícitos puede ser difundida por los medios de comunicación sin responsabilidad para ellos. Esto es desde luego falso, aunque exista quienes traten de evadir sus responsabilidades apelando al secreto profesional y al “derecho” a no revelar quién o quiénes le hacen llegar al medio una cierta información obtenida ilícitamente.
Como parte de la descomposición que se está dando en el foro político, de nueva cuenta son los medios de comunicación los que divulgan grabaciones telefónicas y apelan al argumento de que la ciudadanía tiene derecho a saber la forma en que se comportan los funcionarios públicos.
Es cierto. La ciudadanía debe conocer el comportamiento de los servidores públicos. Pero sólo aquel que sea público, que corresponda a su función o cuando el funcionario, de una forma u otra lo exterioriza. Pero no, cuando se invade su intimidad, se vulnera su vida privada, ni menos cuando se utilizan medios ilícitos para penetrar ésta.
En ese sentido, ciertos medios de comunicación están incurriendo en ilícitos y contribuyendo con ello a que el deterioro de la vida pública sea mayor del que ya de por sí existe.
Las conversaciones telefónicas entre el subsecretario del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres y la asambleísta (diputada) del PRD, Alejandra Barrales, son una buena muestra de lo que aquí comentamos.
En este caso al igual que en los anteriores, como las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Jorge Castañeda y Elba Esther Gordillo, hay que distinguir entre el delito que comete quien lleva al cabo la grabación y en el que incurre quien la divulga.
Como esas conductas por lo común quedan impunes, no faltarán los que piensen que no hay ahí delito qué perseguir, lo cual también es falso.
Para demostrarlo, pongamos por ejemplo la forma en que tipifica esas conductas el Código Penal de Coahuila.
El citado Código, en su artículo 382 tipifica y sanciona con prisión de “uno a cinco años; a quien sin consentimiento de otro y para conocer algún secreto, intimidad personal o comunicación reservada: I.- Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase. II.- Reproduzca dichos documentos u objetos; III.- Utilice medios técnicos para escuchar, observar, trasmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido”.
El precepto separa perfectamente la grabación de una comunicación reservada, de su reproducción o trasmisión, que es lo que hace el medio de comunicación cuando un particular les hace llegar videos o grabaciones sobre la vida privada de los hombres públicos.
En ese delito incurre el medio que divulga una conversación privada obtenida ilícitamente y no hay al respecto excluyente de responsabilidad que lo ponga a salvo.
Una cosa es que alguien pretenda torpemente defenderse diciendo que lo hace en ejercicio de la libertad de información y otra que ese argumento sea verdadero.
Si los medios masivos que realizan conductas como las señaladas fueran éticos, no se prestarían para divulgar conversaciones privadas. Pero como quienes lo acostumbran sólo piensan en las ganancias económicas que les reportan los escándalos no paran en mientes para alcanzar ese mezquino objetivo.
Como lo hemos comentado en otros momentos, creo que pasamos de la censura dictatorial que atenta contra la libertad de expresión, a la autocensura convenenciera y de ahí al libertinaje de los medios de comunicación.
De estas tres etapas, dos ya las vivimos y la tercera la estamos viviendo. Todas son malas, impropias de una sociedad que busca su progreso y consolidación en esta nueva época del México del siglo XXI.
Y aunque existan grupos sociales a los que les gusta el escándalo; así como medios que han hecho de esa conducta una forma de vida que les reporta ganancias económicas, tenemos que admitir que como sociedad esos actos nos denigran y carcomen los cimientos que sostienen el andamiaje comunitario.
Lejos de aplaudir y solazarnos con la divulgación de ese tipo de noticias, debemos repudiarlas y hacerles saber a los medios masivos que las practican que no estamos de acuerdo con ellos.
Los afectados, por su parte, deben denunciarlas y las autoridades castigarlas.
Si los medios que las practican no las abandonan por convicción ética, pues entonces hay que hacer que las dejen de lado por temor al castigo. Si no es por virtud que se corrigen, que sea por la vía del miedo a una sanción penal.
No podemos permitir que por la perversidad y ambición de unos cuantos, se llegue al extremo de cancelar una de las libertades más preciosas que tiene el ser humano: la de expresión.
