La violación a la privacidad de las conversaciones telefónicas de los ciudadanos se ha convertido en una práctica usual y frecuente, que va en aumento en nuestra ciudad y región. Así lo demuestran investigaciones realizadas por El Siglo de Torreón que comprueban la existencia del fenómeno en cuestión a partir de síntomas analizados en las líneas afectadas, por medio de procedimientos técnicos.
Entre las principales víctimas de esta actividad, se encuentran políticos, organismos empresariales, líderes de opinión y medios de comunicación cuyas conversaciones telefónica suelen ser escuchadas de manera sistemática. Lo anterior interpela a las autoridades del Estado de Coahuila porque además de ser un delito, la referida práctica genera desconfianza y agravios que enturbian nuestra vida pública.
La falta de actuación de las autoridades al respecto, indica que la fuente del ilícito cuenta al menos con el soslayo de altas esferas de poder, por lo no es raro pesnar que es fruto de una política de estado. Desde luego esta concusión no pasa de una mera sospecha, que se justifica en la medida en que la práctica hecha raíces permanentes en nuestro medio, aparejada a un entrono de odiosa impunidad.
Nuestro país vive el tránsito a la democracia plena, por lo que la existencia de esta violación sistemática a la intimidad de ciudadanos e instituciones es reprobable. Es de lamentarse que estén vigentes en el Estado de Coahuila tendencias que pretenden hacernos volver a tiempos que creíamos superados, en los que la ingerencia gubernamental atenta contra la esfera privada y la dignidad de las personas.
