Es inevitable llevarse esa impresión: cuando hay avances en el panorama político del país de donde pudieran germinar los acuerdos necesarios para resolver los grandes temas pendientes, surge un nuevo frente de batalla que retrasa el diálogo al punto de partida.
A inicios de semana, el panorama era alentador: el PRD anunciaba su disposición a buscar, con el presidente Vicente Fox, una salida provechosa al debate en torno a las Reformas –de urgente resolución– aún pendientes en el Congreso.
El propio Mandatario hablaba de restablecer el clima de entendimiento con una genuina disposición de alcanzar acuerdos y traducirlos en reformas. Se pronunció también por evitar la politización en la procuración de justicia, pues el diálogo y el acuerdo “nos van a fortalecer a todos en la medida en que fortalecen al país”.
Horas más tarde, la Procuraduría General de la República revelaba que solicitaría a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio de procedencia para desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, el perredista Andrés Manuel López Obrador, por el delito de abuso de autoridad por violar un amparo que le obligaba a frenar obras en el predio El Encino de Santa Fe.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD acusa al Mandatario de utilizar el aparato público en contra de sus adversarios y en detrimento de la convivencia democrática y el Estado de Derecho. Fox responde que nada degrada más a la sociedad que observar cómo la Ley es desobedecida por quienes deben ser los primeros en acatarla.
Si bien es cierto que no debe haber excepciones en la aplicación de la Ley, también es evidente que no existe entre gobernantes y legisladores madurez suficiente para disociar los problemas judiciales de sus motivaciones políticas. Con cada diferencia, surgen de un lado y otro las amenazas de suspender el diálogo y al final de la lista quedan las necesidades de México.
Lejos de diluirse, la tensión crece en la atmósfera política de la nación. Esta dinámica de coincidencias y enfrentamientos se ha convertido en una espiral que, con cada vuelta, degrada más la imagen de los servidores públicos ante los gobernados.
