México, DF.- La estabilidad macroeconómica del país, el crecimiento de la demanda de papel por parte de inversionistas institucionales y la introducción del certificado bursátil propició el aumento de colocaciones de estados y municipios en la Bolsa Mexicana de Valores.
Analistas financieros estiman que para el presente 2004 el mercado continuará en ascenso, consolidándose como una opción de financiamiento para las entidades estatales y municipales en México.
Desde diciembre de 2001, ocho estados, incluido el Distrito Federal y seis municipios, han realizado en conjunto 27 emisiones de deuda en el mercado de valores, por un monto superior a los 15 mil millones de pesos.
La operación más reciente la realizó el estado de Sinaloa, el pasado 21 de enero, al colocar 247 millones de Udis, (alrededor de 830 millones de pesos), dentro de un programa por un monto de hasta mil 505 millones de pesos.
Del total de recursos obtenidos por estos dos niveles de gobierno, aproximadamente 67 por ciento se ha destinado a inversión en proyectos productivos y 33 por ciento a reestructuración de deuda pública, según los prospectos de colocación de cada emisor.
Fue en diciembre de 2001 cuando se colocaron por primera vez en la Bolsa Mexicana de Valores 306.0 millones de pesos (mdp) en deuda por parte del estado de Morelos y el municipio de Aguascalientes. Para el año siguiente se añadieron cinco participantes más: los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey, Nuevo León; Zapopan y Guadalajara, Jalisco; y el estado de México, con un total de dos mil 609.7 mdp en ocho emisiones.
En 2003 la cifra se triplicó, alcanzando un total de ocho mil 066.4 mdp, lo que implicó 9.7 por ciento del total de emisiones de deuda de mediano y largo plazo. Tan sólo el año pasado se integraron como nuevos emisores de deuda Guerrero, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo, además del Distrito Federal, y el municipio de Tlalnepantla de Baz; mientras que San Pedro Garza García, Aguascalientes y el estado de México complementaron sus programas de colocaciones.
El factor que permitió la incursión de estados y municipios en el mercado de deuda bursátil mexicano fue el cambio en los requerimientos de capitalización bancaria establecidos por la Secretaría de Hacienda, en relación con la contratación de deuda a partir de abril de 2000.
Además, se estableció como requisito para realizar una emisión en el mercado de deuda bursátil mexicano el tener una calificación de dos agencias calificadoras autorizadas.
La calificadora Fitch Ratings relata que a dos años de haber iniciado las emisiones de deuda de estados y municipios en México, este segmento de mercado se ha logrado consolidar como una opción viable de financiamiento para estas entidades. Considera que el mercado continuará mostrando un crecimiento más activo e innovará con nuevas estructuras como emisiones realizadas en conjunto por varios municipios (Fondo de Valores Municipales), fuentes de pago distintas a las hoy registradas, utilización de garantías parciales, entre otras. En un estudio, señala que las administraciones públicas han obtenido recursos, acudiendo al mercado, por un total de 11 mil 812.8 mdp, 86.8 por ciento estatal y 13.2 municipal. De ese monto, 71.1 por ciento se destinó a inversiones en obra pública y el restante 28.9 a reestructuración de pasivos. En referencia a los recursos destinados a inversión, éstos se canalizaron a rubros como infraestructura vial (ampliación de calles, puentes, alumbrado, etc.), proyectos relacionados con el agua (presas, plantas de tratamiento y acueductos), construcción de escuelas, entre otros.
Por otra parte, las entidades que han reestructurado parte o la totalidad de su deuda (Morelos, Guerrero, San Pedro Garza García, Guadalajara, Hidalgo y Sinaloa), han logrado mejorar el perfil de vencimiento de deuda y el costo de la misma, lo que les proporciona mayor flexibilidad en sus finanzas públicas. Fitch Ratings menciona que tres entidades territoriales importantes por su contribución a la producción nacional (estado de México, Nuevo León y el Distrito Federal), emitieron 52.6 por ciento del monto total colocado (seis mil 216.0 mdp), que se destinó en su totalidad a inversión en obra pública.
Al día de hoy, la totalidad de las emisiones realizadas tienen como fuente de pago un Fideicomiso; contando con un mecanismo jurídico que permite que un tercero (Fiduciario) administre los recursos que servirán para el pago de la deuda contraída. Los recursos que los gobiernos han destinado a estas estructuras han sido principalmente flujos futuros de Participaciones Federales (63.9 por ciento del total emitido) e Impuesto sobre Nóminas (ISN, 35.3); y en una operación, derechos de cobro de agua (0.8 restante).
El afectar estos recursos significa que conforme se reciben, éstos se depositan directamente al Fideicomiso con base en un porcentaje determinado al inicio de la operación. Es decir, explicó la calificadora, en el caso de Participaciones Federales, si un estado es el emisor, el depósito al Fideicomiso es realizado directamente por la Tesorería de la Federación, por instrucción irrevocable de la entidad; y si se trata de un municipio, el depósito es realizado directamente por el estado. Resalta también que las calificaciones de financiamientos estructurados han sido mayores a las de sus emisores, y en el caso de los bonos municipales las ocho emisiones existentes obtuvieron la más alta calificación; situación que igual prevaleció en las emisiones de Nuevo León, Hidalgo y el Distrito Federal.
Fitch Ratings subraya que estas operaciones contribuyen en forma importante a la transparencia y oportunidad de la información financiera que proveen las entidades, dados los requerimientos del mercado de valores. Por otro lado, al incursionar una entidad este mercado, se abre una opción alterna al financiamiento bancario, generándose mayor competencia y la posibilidad de obtener mejores términos y condiciones para las entidades.
