“Los Estados son monstruos frígidos”.
Charles de Gaulle
En el esfuerzo popular para obligar al Estado mexicano a asumir su responsabilidad en la lucha contra el crimen se han dicho ciertamente muchas tonterías. Las propuestas concretas han ido desde la creación de un nuevo ombudsman —como si las burocracias sirvieran para algo- hasta hacer que el Gobierno pague los rescates de los secuestrados, lo cual generaría un incentivo perverso para la realización de nuevos secuestros. Junto a éstas y otras tonterías se han hecho propuestas más positivas, que habrá que ir analizando poco a poco.
La primera medida que deberíamos tomar, sin embargo, ha sido mencionada pocas veces: y es la necesidad de devolver al Estado su función original. El Estado -no el mexicano sino el universal- surge de un contrato social mítico en el que el individuo acepta renunciar a ciertas libertades a cambio de que el Gobierno lo proteja a él y a su familia contra los delitos y las agresiones. El Estado moderno, sin embargo, se dedica a un sinnúmero de tareas mientras que descuida su tarea fundamental. Esto es más grave incluso en el estatista sistema mexicano.
Tenemos un Gobierno que cuenta con empresas petroleras y de distribución de gasolina, plantas de generación y firmas de distribución de electricidad, escuelas y hospitales, teatros y canales de televisión, pero que ha sido incapaz para cumplir con su responsabilidad fundamental de proteger a los ciudadanos. Los presupuestos federales nos dan simplemente una idea de la poca importancia que el Estado mexicano le da a la seguridad. De un presupuesto para este año de más de 1.6 billones de pesos, tan sólo el 2.3 por ciento se dedica al ramo de seguridad y justicia. Si juntamos las asignaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el sistema judicial del país, el resultado es apenas ése. Esto nos demuestra el poco interés que el actual Estado mexicano tiene en cumplir con su responsabilidad fundamental.
Uso estas cifras federales con cautela. La mayor parte de los delitos que afectan a los ciudadanos no son del fuero federal sino del local o común. Los delitos contra la salud, que son los que principalmente involucran a la federación, no le preocupan a la mayoría de los mexicanos.
En cambio los robos, las agresiones violentas, las violaciones y los homicidios, que son los crímenes que realmente afectan a los gobernados, pertenecen al fuero común. El problema es que en nuestro país, en el cual las autoridades se empeñan todavía en mantener la información firmemente controlada, es muy difícil reunir datos sobre el gasto en el combate a la delincuencia a nivel estatal y municipal. Pero hay buenas razones para pensar que también a esos niveles la importancia que se le da a la seguridad y la justicia es muy reducida en comparación con la que se da a todas las atribuciones que el Estado ha asumido más allá de las esenciales. Me queda claro que no se puede resolver un problema simplemente arrojándole dinero de los contribuyentes. Si mañana aumentáramos en 500 por ciento los presupuestos dedicados a la prevención, la procuración y la administración de justicia, no necesariamente veríamos una disminución del crimen. Muchas otras cosas se deben hacer para conseguir éxito en este empeño.
Y ciertamente el dinero no se puede simplemente gastar como lo hace el Gobierno sin tener criterios de eficiencia y claros objetivos que alcanzar. Pero la lucha contra la delincuencia, si va a tener éxito, requiere recursos. Hoy nuestros policías, con sus obsoletas pistolas y su crónica falta de adiestramiento, no pueden enfrentarse a secuestradores que cuentan con AK 47s y R 15s y que los saben usar. Si queremos realmente combatir el crimen en nuestro país debemos recuperar para el Estado mexicano su función original. Debe reconocerse de manera explícita que la función fundamental del Gobierno es la de proteger a los gobernados. Si esta responsabilidad no se ha cumplido de manera razonable, entonces no tiene sentido que el Gobierno trate de cumplir miles de otras responsabilidades dispersas. Y la primera medida en ese sentido es el reordenamiento del gasto público para que refleje esa prioridad. Un Gobierno que dedica solamente el 2.3 por ciento de sus recursos a proteger a sus gobernados es un Gobierno que ha perdido de vista su razón fundamental de ser.
Policía nacional
Lo primero que hace un secuestrador al capturar a su víctima es moverlo a otro estado. Los delincuentes saben que nuestro sistema federal, en el cual cada entidad tiene su propia policía y jueces, es su principal aliado. La creación de una policía nacional es una de las primeras medidas que se deben tomar para combatir la inseguridad.
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