Lo hizo José López Portillo, cuando siendo Presidente decidió suspender la publicidad que genera el Gobierno Federal a una revista que se edita en la ciudad de México, sentenciando con esa elegancia verbal que le era característica lo perverso de estar pagando anuncios en los medios para obtener como resultado que hubiera críticas a su administración. Lo que demuestra lo sensible que se vuelven ciertos políticos cuando logran montarse en el carro presupuestal. Habría que analizar concienzudamente si en realidad la propaganda tiene como fin el de difundir la obra pública y si con las inserciones pagadas en las planas de los periódicos además se estaba adquiriendo el criterio editorial de un diario. Creo que para todos los que relatan una noticia y los que la compran entienden perfectamente que el periódico vende espacio en sus páginas y de manera alguna sus opiniones, que reflejan el sentir de la comunidad. Me estoy refiriendo, obviamente, a la prensa escrita seria y responsable.
Viene a colación lo anterior, al enterarnos que Vicente Fox dio instrucciones ominosas para que sus voceros no contraten publicidad en los medios que difunden noticias imprecisas o mentirosas. ¿Quién califica si es una cosa u otra?: el Gobierno. En realidad creo se pretende controlar la información para evitar que el público se entere de lo que realmente está pasando en la administración pública. En años anteriores ha habido varios intentos por sofocar la viril denuncia que se hace en los periódicos acerca de excesos en que han incurrido quienes ostentan el poder. Intentos que fracasaron ante la defensa moral que ha hecho la propia sociedad que ve en los medios de comunicación un freno a los abusos, al libertinaje y a la intemperancia de los servidores públicos. No se necesita una memoria privilegiada para recordar las ocasiones en que se ha pretendido legislar una Ley para amordazar a los medios.
Es posible que sea un arrebato de ira, propiciado por las recientes publicaciones en que se ha mencionado que dineros provenientes del erario público han ido a parar, a manera de subsidio, al patrimonio de una fundación dedicada a la beneficencia.
Publicaciones que seguramente han dado lugar a que los legisladores hayan acordado se efectúe una auditoria que tendrá como objetivo saber si sí o si no. Lo que no tiene nombre es que en acatamiento a las órdenes del Presidente, el vocero de la Presidencia de la República, Alfonso Durazo, precise que no habrá “estímulo” a la falta de precisión informativa, -que debe traducirse en el persuasivo “chayote”, palabra que se usa en la jerga de los que trabajan en los medios, que premiaba el enmudecimiento de inescrupulosos reporteros de antaño y, por qué no, de hogaño-. Una amenaza, en la actualidad, que no oculta un intento de intimidación a los medios informativos que se atrevan a cuestionar al ejecutivo o a sus seres cercanos. No es raro que los estados de la federación cuenten con una partida económica que se reparte entre los tundeteclas que editan cuartillas, que circulan sólo en las oficinas burocráticas, dedicadas a ensalzar al gobernante dadivoso.
Hemos de volver a tropezar los mexicanos con la misma cantinela de que a juicio del gobernante en turno la prensa en sus comentarios editoriales no es objetiva. Hay caminos legales para detener el infundio de medios poco serios, que debemos reconocer de que los hay, los hay. –Cabría recordar a un famoso columnista político que de manera petulante encendía sus cigarrillos con billetes de cien dólares; terminó quitándose la vida-. En nuestra legislación aparecen figuras jurídicas de las que pueden hacer uso los particulares y los mismos gobernantes cuando se les atribuyan conductas absurdas con el único propósito de exponerlos al desprecio público, poniendo en duda su honorabilidad. En fin, es mi deber aclarar que hay algo de avieso en la orden presidencial, dirigida a amedrentar a la prensa que disiente con el criterio oficial, lo que no es congruente con la vida democrática que campea en el país.
