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México, DF.- El Senado de la República inició ayer el análisis de la iniciativa de Reformas Estructurales al sistema de justicia penal mexicano que el presidente Vicente Fox Quesada envió a la Cámara de Diputados el primero de abril pasado.
El asesor de la Oficina para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República, Bernardo María León Olea, precisó durante el encuentro que con esa propuesta el Gobierno Federal busca dar autonomía al Ministerio Público “para desligarlo de cualquier influencia política”.
De igual forma, establecer la Secretaría del Interior y el Fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito.
León Olea indicó que esa iniciativa pretende reformar las instituciones de Seguridad Pública y crear la Fiscalía General de la Federación, en lugar de la Procuraduría General de la República (PGR).
También transformar el sistema de ejecución de sanciones y penas alternativas, así como crear un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.
El especialista en procuración de justicia precisó que con la creación de la Secretaría del Interior se busca unificar en un sólo cuerpo los procesos de inteligencia y seguridad actualmente distribuidos en diversas dependencias, lo que implicaría la desaparición de la actual Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En dicha dependencia quedarían incorporados y unificados los diversos cuerpos policíacos federales como la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) para cambiar el concepto policiaco preventivo-investigador a operativo-táctico-investigador.
En el encuentro con senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, León Olea reconoció que México es campo propicio para la delincuencia ante la duplicidad y la falta de coordinación en el combate a los delitos.
Además, sólo se denuncian 25 de cada 100 delitos que se cometen en el país de los que se concluye la investigación en 4.55 casos, en promedio.
Expuso que por ello también se quiere dar autonomía al Ministerio Público Federal para desligarlo de distorsiones políticas en sus actuaciones y asesorar jurídicamente a la Policía en la investigación de delitos.
También desaparecería la fe pública en la averiguación previa, pues todo se desahogaría en las audiencias frente a un juez y en presencia de la defensa. Además, se elimina la figura de personas de confianza y todos los defensores deberán ser abogados certificados para garantizar su ética. De igual manera, se establecerían las audiencias orales y el proceso abreviado, que garantiza la presunción de inocencia y la igualdad entre las partes.
León Olea planteó a los senadores de la República que mientras en el sistema actual se detiene para investigar, con el sistema propuesto en la iniciativa “se investiga para detener”.
Por último, puntualizó que las propuestas presidenciales implicarían reformar 11 artículos constitucionales, así como diversas leyes y códigos penales.
