EL PAÍS / AGENCIAS
WASHINGTON, EU.- La ofensiva estadounidense conocida como “guerra contra el terror” ha permitido el internamiento de más de mil supuestos militantes islámicos en al menos 13 centros de detención secretos para someterlos a interrogatorios.
Estas cárceles han sido localizadas por la organización de abogados, con sede en Washington, Human Rights First, a través de testimonios y de investigaciones periodísticas. Afganistán, Pakistán, la isla británica de Diego García, Jordania y dos barcos estadounidenses albergan estos centros de detención, que, según la organización, violan los Convenios de Ginebra.
“Lo que Rumsfeld reconoció (el secretario de Defensa, Donald, confirmó el pasado jueves que había ordenado ocultar a la Cruz Roja la detención de un iraquí) no es un caso aislado”, aseguró ayer en conversación desde Washington Avidan Cover, coautor de la investigación de Human Rights First y especialista en defensa estadounidense.
El jefe del Pentágono también admitió la posibilidad de que haya otros “detenidos fantasma”, algo que es investigado por las autoridades militares.
“Esto demuestra que hay entre mil y tres mil detenidos a los que no tiene acceso el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En centros que están fuera de la Ley y que violan las Convenciones de Ginebra. Algunos familiares ni siquiera saben dónde están”, apunta Cover, que argumenta que en esos lugares se podrían estar cometiendo los mismos abusos que en la prisión iraquí de Abu Ghraib. “¿Por qué si no iban a dejar entrar al CICR y los están llevando con tanto secretismo?”, pregunta.
Washington ha informado de la detención de más de tres mil supuestos terroristas en más de 100 países y también ha reconocido la existencia de una veintena de centros de detención, entre ellos los ya conocidos de Guantánamo -Cuba-, Abu Ghraib -Irak- y Bagram -Afganistán-, pero hasta el momento, el Pentágono no ha confirmado que haya lugares en Jordania, Pakistán o Diego García donde se lleve a los detenidos para interrogarles sin que las autoridades militares estén sujetas a ningún tipo de control.
Y tampoco hay conocimiento de qué tipo de estatus se aplica a estos detenidos. ¿Son prisioneros de guerra que han participado en combates o son criminales civiles? ¿Les interrogan mandos militares, los servicios de espionaje o contratistas civiles? La falta de transparencia al respecto ha hecho que también el CICR haya mostrado su preocupación por esta cuestión. “Estamos preocupados por el número desconocido de personas detenidas en lugares secretos”, manifestó ayer un portavoz del CICR en Afganistán.
Por su parte, la directora del Programa de Seguridad y la Ley de EU de Human Rights First, Deborah Pearlstein, declaró: “Los abusos en Guantánamo o en Abu Ghraib no pueden resolverse de manera aislada”.
“Estados Unidos mantiene un sistema secreto de prisiones en ultramar que operan fuera del alcance de una supervisión adecuada, de responsabilidad o de la Ley”, añadió Pearlstein en una conferencia de prensa en Washington.
Human Rights First, que hasta hace poco se llamaba Comité de Abogados por los Derechos Humanos y que trabaja desde hace más de dos décadas en Washington tratando de impulsar iniciativas legislativas en el Congreso, ha logrado identificar algunos de estos centros de detención a través de testimonios de familiares de detenidos y de investigaciones periodísticas.
Pero el número de reos y su situación continúa siendo una incógnita. La organización cita los casos de detenidos que después de llevar varios meses desaparecidos, a sus familias no se les había comunicado su paradero. Es el caso de Mohamed Ismil Agha, capturado en Afganistán e internado en la base militar estadounidense de Bagram, donde asegura haber sido sometido a torturas. Seis semanas más tarde fue trasladado a Guantánamo, donde ha permanecido durante un año. Su familia, que no recibió noticias de su lugar de detención hasta pasado casi un año, lo dio por muerto tras buscarlo por todo Afganistán.
El pasado enero, Agha fue liberado de la base de Guantánamo, en Cuba. Otros, como Hayder Salma, no han tenido tanta suerte. Este informático fue detenido el pasado enero en Bagdad cuando un convoy de EU fue atacado al paso de su vehículo. Desde entonces, su madre, profesora en la universidad, no ha tenido noticias de él. Estos procedimientos violan las Convenciones de Ginebra, que obligan a las autoridades a informar a los familiares acerca de la identidad de los prisioneros y de su localización.
