La Comisión de Radio y Televisión ha mandado la invitación a medios electrónicos para que se sienten a dialogar pero pidieron un plazo, los han pedido durante los últimos dos años.
México, (SUN-AEE).- Poderosos intereses monopólicos de los medios electrónicos de comunicación se oponen a las reformas a la Ley de Radio y Televisión que está por aprobar este año el Congreso de la Unión, denunciaron los diputados federales Carlos Flores Rico y Carlos Jiménez Macías.
Dos televisoras: Televisa y TV Azteca (que controlan más del 80% del mercado de la televisión en México), y 14 grupos de radio (que controlan el 80% de las concesiones) se han cerrado a todo diálogo con el Senado de la República.
La Comisión de Radio y Televisión de dicha Cámara les ha mandado invitación para que se sienten a dialogar; pidieron más plazo, los han pedido durante los últimos dos años y no han contestado a la solicitud que les ha mandado el senador del PAN, Javier Corral.
Los legisladores dijeron no saber qué es lo que les incómoda a estos empresarios. Simple y sencillamente, no se han querido presentar a la mesa de concertación que abrió el Senado y lo peor es que "ni siquiera sabemos qué es lo que les incómoda", sentenció el legislador.
El acercamiento más tangible ocurrió apenas hace unos días, cuando el senador Emilio Gamboa envió unos comentarios al predictamen, que se supone que medio interpreta a esta gente de la industria de la radio y la televisión, dijo Flores Rico.
El dictamen respectivo podría entrar a la Cámara Alta, en primera lectura este jueves y ser aprobado antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pero hasta el momento no hay acercamiento con ellos.
Especialista en comunicación de masas manejo de medios, Flores Rico dijo que entre los puntos que podrían estar incomodando a los principales concesionarios de radio y televisión, está el de la contratación de espacios en tiempos de campaña, pero incluso dicho punto fue modificado.
El artículo 169 del predictamen establecía que en tiempos de campaña no se podrá contratar propaganda electoral salvo que ésta sea hecha a través del IFE.
El PRI se opuso a ese artículo porque lesiona la libertad estratégica de los partidos para acomodar sus tiempos, sus pautas, sus públicos y sus horarios.
Dicho artículo fue eliminado y en su lugar se estableció que el IFE convendrá las tarifas con los medios en tiempos de campaña (seis semanas en elecciones locales y tres meses en las federales).
No es tiempo regalado, se les va a contratar. "Yo la verdad no tengo claridad sobre qué es lo que les esté doliendo, porque no se han presentado a discutir ni a plantear sus inquietudes".
Incluso otros representantes, tanto la Industria de la Radio y la Televisión como las televisoras culturales, locutores, actores, interpretes, publicistas han sido invitados y todos han ido, menos esta gente.
"Lo que suponemos que no les gusta es que se establece un órgano regulador a manera de Consejo Nacional, que sustituye a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematrografía de Gobernación.
El Consejo Nacional estará compuesto por cinco personas, que durarán en su encargo cinco años, nombrados por el Presidente de la República pero con ratificación del Senado para obtener la no objeción.
Esto implica que se pasará de una relación "personalizada y casuística" de los dueños de los medios con el Presidente de la República en turno, a una relación institucional con un órgano que recoge de la ley actual el tema de las concesiones y la regulación de los medios.
Otros puntos que "quizá" les preocupan, dijo, es que las concesiones ahora serán por licitación pública y que habrá un acotamiento a la acumulación de propiedad en medios, que no permite que haya más de 35% de una concesión de una misma plaza en las mismas manos.
Aquí cabe aclarar, dijo, que la ley no es retroactiva, y por tanto "lo que tienen ya nadie se los puede quitar".
Finalmente, lo que les ha de preocupar también es el tema del derecho de réplica, que será obligatorio y no discrecional, en el mismo canal y en la misma frecuencia en la que se cometió el posible daño.
Salvo estas objeciones que podrían aducir los propietarios de radio y televisión, es una reforma que, entre otras virtudes, fortalece la confianza de los concesionarios; les daría certidumbre en sus inversiones o concesiones y le aligeraría la carga impositiva.
Además permitiría el desarrollo de concesionarios que tienen poca participación y que podrían ampliar su presencia en otros medios como la radio o la televisión restringida.
