Legisladores impedidos para pedir cuentas y rendimiento laboral a la ombudsman
La Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDH) no justifica en los hechos el presupuesto cercano a los diez millones de pesos por año que le asigna el Congreso del Estado, y que además no es objeto de fiscalización por la característica de ser un organismo autónomo, de ahí que diputados de oposición propongan reformas a la ley con el fin de que se obligue al ombudsman a rendir cuentas sobre el desempeño de sus funciones y el gasto económico.
Un sondeo realizado por El Siglo de Durango arrojó que la mayoría de la población desconoce la ubicación de la sede en que opera la Comisión Estatal de Derechos Humanos y más la forma y procedimiento para interponer alguna queja, aunque la percepción es que no hay eficiencia en el desempeño de la ombudsman y menos hay conocimiento sobre las recomendaciones que emite contra instancias públicas señaladas como presuntas violadoras a los derechos humanos de las personas.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Víctor Joel Martínez Martínez, insiste en pronunciarse porque se ejerza un estricto control sobre la actuación de la CEDH, tanto para supervisar lo relativo al gasto económico, como en las funciones que desarrolla como defensora de los derechos humanos, al considerar que no hay claridad y lo que se percibe al exterior es que no se justifica el presupuesto asignado, además se evidencian irregularidades que ponen en tela de duda el cumplimiento de los objetivos.
Dijo que es cierto que el mismo Congreso, al legislar sobre la Ley Orgánica de la Comisión, le proporcionó los instrumentos jurídicos que la dotan de autonomía plena. Pero que por cuestiones políticas, al menos en lo que ha sido este sexenio, ya no se ha permitido impulsar reformas que propicien establecer fiscalización al organismo y menos que obligue a la titular en turno a comparecer ante diputados para explicar lo realizado.
No obstante, aún habría tiempo en la actual legislatura, durante un periodo extraordinario, para modificar el marco constitucional en derechos humanos, y la Ley Orgánica de la Comisión, para que a la llegada del próximo titular, en el 2005, ya existan los mecanismos legales que permitan la fiscalización.
Una muestra de que la CEDH no cumple con sus objetivos, es que de las cerca de 400 quejas que recibió durante el primer semestre del 2004, por presunta violación a los derechos humanos, solamente ha generado cinco recomendaciones, pero que no han querido decir a qué instancias van dirigidas con el argumento de que se tiene que agotar primero determinado tiempo para que se lleve a cabo el proceso, cuando a nivel nacional, el ombudsman las hace públicas de inmediato, señalando a las instituciones motivo de las quejas, aún antes de saber si se cumplen o no los señalamientos.
El diputado Martínez dijo que otra de las irregularidades es lo relativo al personal con que cuenta la comisión, ya que según ha trascendido, no hay respeto a los derechos laborales por parte de la titular. Y lo demuestran los despidos que se ha visto obligada a pagar, y que son al cargo del presupuesto que no tiene que justificar ante nadie.
Auguró que en el caso de Leticia Soto, la visitadora general que despidió, también le va a tener que pagar más de 60 mil pesos, por no haber cubierto el proceso legal. Pero al parecer el dinero no le importa, porque no es de ella, sino que es con cargo a la comisión.
Y otro factor que a decir del legislador provoca la necesidad de legislar, es que la presidenta de la comisión no está obligada a dar cuentas personalmente a los diputados, sino que solamente a través de un informe por escrito, enterar de lo realizado durante un año. Pero reiteró que todo dependerá de la voluntad política, que aunque ya no afectará a la actual, sí tendría repercusiones con la que se nombre a partir del 2005.
Ya se cubrió la fianza para subsistencia
de la trabajadora despedida de la CEDH
El responsable de Comunicación Social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Gandarilla, informó que el ex apoderado legal del organismo, Alfonso Montaño, ya cubrió el cheque de 60 mil pesos, que desde un inicio se envió al Tribunal de Conciliación por concepto de la fianza para subsistencia de Leticia Soto, despedida de su cargo de visitadora general.
Reiteró que la comisión acatará las resoluciones que emitan los tribunales con relación al juicio laboral que promovió Leticia Soto, pero que hay confianza en que sea congruente con las medidas que se adoptaron para prescindir de los servicios de la afectada.
