Asegura el edil que la suma es urgente para subsanar rezagos de nómina en el ayuntamiento de Benito Juárez.
SUN-AEE
CANCÚN, Q.ROO.-El repuesto alcalde de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea, estableció su postura: no entrará al palacio municipal si el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, no le entrega de manera inmediata 32 millones de pesos para subsanar los gastos más urgentes, como los de la nómina que debe cubrirse a principios de la próxima semana.
Esta postura derivó de una declaración vertida en Chetumal por Jorge Brito Alpuche, secretario de Hacienda del estado, quien informó que García Zalvidea sólo dispondrá de 2.5 millones de pesos por concepto de participaciones federales al reinstalarse el ayuntamiento.
Brito exlicó que esa cantidad quedó establecida luego de descontar 9 millones de pesos por cuotas al IMSS, más 4 millones por adeudos a la administración estatal.
Ante este panorama, García Zalvidea reiteró que no ingresará al palacio municipal mientras el gobierno de Joaquín Hendricks no le entregue los recursos estatales y federales que corresponden a su administración.
También externó que su gobierno no reconocerá pagos por predial anticipados y aportaciones de grupos empresariales, específicamente de hoteleros y comerciantes, ya que por medio de ellos el gobierno del estado trianguló recursos al Concejo Municipal declarado nulo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Lo importante es que se entreguen los recursos, pues de lo contrario el lunes, día de quincena, habría desórdenes por falta de pago a los trabajadores; de hecho hay grupos de policías listos para causar desórdenes", advirtió García Zalvidea.
Dicha advertencia pareció confirmarse con el anuncio hecho el jueves por Luis Felipe Saidén Ojeda, director general de Policía, Tránsito y Bomberos, quien informó que este viernes los policías tomarán las calles de Cancún para protestar contra la administración "chachista" por incumplimiento en los salarios. Y prometió que estará al frente e de ellos.
La víspera, Saidén dijo que tenía lista su renuncia, la cual presentaría en cuanto se resinstalara el ayuntamiento de García Zalvidea, que originalmente lo contrató y al desembocar los acontecimientos en desórdenes el 28 de julio, el mismo Saidén ordenó la detención de su ex jefe depuesto el viernes 16 de mismo mes.
Saidén informó, además, que en horas de la mañana sostuvo una reunión de trabajo con personal del Ejército Mexicano en las instalaciones de la zona militar.
Explicó que la razón de ello es la preocupación que impera entre los cuerpos policiacos por la indefinición que hasta ahora prevalece en el gobierno municipal de Cancún.
Lo cierto es que la incertidumbre creció en esta ciudad al anochecer del jueves, luego que el Congreso del Estado decidió un nuevo aplazamiento en la entrega del ayuntamiento Benito Juárez al cabildo que preside Juan Ignacio García Zalvidea.
Hacia las tres de la tarde, antes de iniciar una sesión extraordinaria de la diputación permanente para tratar el caso, Javier Zetina González, presidente de la Gran Comisión, declaró que este mismo día se cumpliría con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reinstalar el ayuntamiento constitucional desintegrado el pasado 16 de julio.
Zetina dijo entonces textualmente: "la intención es esa, de que hoy mismo, después de la sesión, acuda a Benito Juárez un notificador por parte de la legislatura, para que ya se proceda en el transcurso de la tarde-noche a la entrega-recepción".
Sin embargo, luego de la sesión extraordinaria se emitió un boletín en el que la legislatura informó haber acordado que deberán comparecer a las diez de la mañana del viernes los miembros del extinto Concejo Municipal, y una hora más tarde deberán hacerlo Juan Ignacio García Zalvidea y la síndico Paula Martínez Buenfil.
En este contexto, el comunicado indica que viajaría a Cancún Jorge Herrera Aguilar con la misión de notificar del acuerdo de solicitar la presencia en Chetumal de los actores de este asunto este viernes.
Todos estos prolegómenos tienen desconcertados a los mismos miembros del ayuntamiento constitucional que deberá ser reinstalado cuanto antes, tal como ordenó la Corte. "Estamos en suspenso porque el gobernador se resiste a liberar los recursos", expresó Rubén Durán Cachón, ciudadano que ocupa la tercera regiduría en lugar de la dimitente Ludivina Menchaca Castellanos.
