Bloquea un centenar de personas oficinas de la Subprocuraduría.
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El calvario sigue. Mediante una airada manifestación de casi un centenar de personas (que incluyó el cierre de las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia), Armando y Norma García, padres de los niños fallecidos en un accidente vial el pasado 16 de abril, obtuvieron una respuesta de la compañía aseguradora del inculpado, Pablo Becerra Ulloa, sobre quien existe ya una orden de aprehensión en su contra.
“¡Justicia, justicia!”, gritaban al unísono los manifestantes, vecinos y amigos de los afligidos padres, que se concentraron en el edificio estatal desde temprano y a las 10:00 horas intensificaron sus reclamos, solicitando la atención del subprocurador, Joaquín Saucedo Flores.
Postrada en una silla de ruedas, pero demostrando fortaleza al reclamar el cumplimento de la Ley, Norma García Camargo, madre de los pequeños Armando, Cynthia y Jessica, exigía una solución satisfactoria. La mujer, sobreviviente del fatal accidente, requiere de al menos tres operaciones para restablecer su salud.
José Arturo García, director jurídico del Grupo Nacional Provincial (GNP), se presentó ante los afectados hora y media después de los reclamos y dijo: “Como compañía aseguradora, el contrato de seguro implica algunas condiciones para el asegurado, obviamente, por las circunstancias que se dieron en el accidente, tenemos que requisitar la declaración del conductor, como ustedes saben, el conductor no estaba al alcance de nadie”.
Interesado en satisfacer una de las demandas del matrimonio agraviado, Saucedo Flores propuso la elaboración y firma de un convenio extrajudicial, que diera certidumbre a los quejosos y garantizara la atención médica integral para la señora Norma, lo más pronto posible.
Sobre el tiempo transcurrido para que la aseguradora y los afectados tuvieran un encuentro, el subprocurador informó que inmediatamente después del trágico incidente, era difícil acercarse a la familia y después hubo al menos tres intermediarios que luego desistieron de su gestión.
“Cuando se reunieron los requisitos de procedibilidad del seguro, nosotros nos pudimos hacer cargo de las responsabilidades que tiene la póliza. Ahora, esperamos también el dictamen de la procuraduría y con los elementos que exhiben, estamos en la mejor disposición de acatar la responsabilidad”, señaló el representante jurídico de GNP.
La firma del documento fue atestiguada por el abogado de la familia, contratado la misma mañana de la manifestación, Héctor Becerra Novoa, quien también solicitó el expediente de la averiguación previa para revisar si en la consignación se incluyó el delito de omisión de auxilio a las víctimas.
Para concluir su intervención, José Arturo García aclaró: “La procedencia del seguro es muy clara, tenemos específicas condiciones para poder dar el servicio. La cobertura es amplia. Nos autorizaron el formato por parte del papá del joven (inculpado). Nosotros, como compañía aseguradora, no tenemos la facultad de hacerlo comparecer”.
Muestran orden
A la par de la respuesta obligada de la compañía aseguradora, la familia García García exigía justicia y la actuación contra el presunto responsable del homicidio imprudencial de los tres menores. “Ya tenemos la orden de aprehensión, ya el Ministerio Público le pidió al juez, mande solicitar información al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), para ver si salió legalmente del país el inculpado”, señaló Saucedo Flores.
La respuesta no es del todo satisfactoria para la muchedumbre. La exigencia pedía aclarar si el Ministerio Público incluyó la omisión de auxilio a las víctimas en su consignación o fue el juez penal quien desestimó la falta y no la incluyó en la orden de aprehensión.
“Señor, algunas personas manifiestan que en el accidente, el presunto responsable no prestó ayuda. Eso cambia la averiguación, trae como consecuencia que el señor se presente amparado y salga bajo fianza, cuando la agravante indica que no le prestó ayuda”, dijo Becerra Novoa al subprocurador.
Al respecto, el funcionario estatal invitó al abogado a analizar el artículo 69 incisos “a” y “b” del Código Penal: “Ahí dice cuáles son los delitos graves, lo que la gente ha manejado y estamos de acuerdo con eso, es que el tripulante de la camioneta Toyota cometió el delito de omisión de auxilio de lesionados, al analizar el artículo 163, en el segundo párrafo, el delito sólo hace agravar la pena.
Los reclamos surgieron y Saucedo Flores se comprometió a comunicarse con el agente adscrito al Juzgado Penal para que solicitara la ampliación de la consignación por la omisión de auxilio a las víctimas, situación que reconfortó a los manifestantes.
También el subprocurador aprovechó para aclarar un malentendido durante un programa de televisión y ofreció disculpas a la señora García. “En el programa se manejaron muchos rubros, primero, el lamentable accidente de los niños, luego la inoperatividad del Código Penal. Cuando se hicieron los cursos con los señores diputados, hablamos primeramente de la reparación del daño y me referí a los delitos patrimoniales en general, pero no me refería al asunto de los niñitos, delante de usted le digo que merecen todo mi respeto y me disculpo públicamente por usted”.
Para el doctor García, padre de los menores, hay un cambio de versiones en la averiguación previa. “Necesitamos ponernos de acuerdo, sobre la averiguación que hizo, no se investigó quiénes lo ayudaron (al inculpado), hay un testigo muy bueno, el de la venta de cerveza, él se está contradiciendo en todo, ese cuate está vendido”.
El resto de los pormenores enunciados por el matrimonio afectado fue tomado en cuenta por las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia, al finalizar la firma del convenio en la sala de juntas del edificio estatal, los manifestantes abrieron las puertas al público y se retiraron del lugar.
“Pónganse a trabajar”
Para Norma García, mujer que perdió a sus tres hijos en un accidente vial, la explicación sobre el rezago histórico en el Código Penal de Durango no tiene lógica. “Nosotros como personas, (es mejor que) pensemos a quienes y por quienes votamos para que nos representen en la Cámara de Diputados”.
“Si nuestra legislación está tan rezagada como dicen, porque no han hecho nada, nosotros no sabemos de códigos ni de términos, nosotros no entendemos eso... les juro por Dios que soy capaz de estudiar la carrera, de ser licenciado, para darle en la m... a quien le tenga que dar, nada más así, porque ya me harté”, dice la mujer mientras su voz elevada se pierde en un alarido que estremece a los presentes.
La impotencia de la mujer que fue socorrista de la Cruz Roja durante 16 años crece. “Si todo el pueblo necesita unirse, les juro por Dios que se los junto, para que cambien las Leyes, si eso quieren, se los hago, pero qué necesitan para hacer la Ley, qué necesitan”, grita la mujer traicionada por las lágrimas.
Más tranquila compara la acción de la justicia, con el caso del conductor de un auto particular que el pasado domingo atropelló y dio muerte a un menor de 13 años en la colonia Santa Teresa. “El mío (inculpado) mató a tres y no lo han detenido, creo que es algo injusto e ilógico, hay otra cosa que me molesta, que nos cambiaron las versiones, primero que el muchacho nos ayudó, jamás en ningún momento, si él hubiera ayudado, mi hija estaría viva, con deficiencias (le habían quitado un pulmón), pero iba a quedar viva, sin embargo se desangró... eso es lo que más rabia me da”.
Joaquín Saucedo, subprocurador de Justicia atiende a la señora y dice: “En la averiguación no se justificó que Pablo Becerra Ulloa, haya prestado auxilio a los niños occisos, no está claro que haya prestado auxilio, eso agrava la pena pero no lo hace grave el homicidio”.
Armando García, padre de los niños, interviene: “Si el joven iba en su juicio, a él lo bajaron de la camioneta y lo subieron a otra, una tercera persona se regresó a recoger unas bolsas, me pregunto ante la sociedad, qué contenía esa bolsa”.
Al final, el subprocurador responde que gran parte de los problemas similares se deben a la inoperatividad del Código Penal. El mismo código que acaba de ser reformado por los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia que hoy gozan de licencia y son candidatos para las alcaldías de Gómez Palacio y Lerdo. Está pendiente la publicación de las nuevas reformas, sólo resta revisar la magnitud de los cambios en beneficio de la sociedad.
TOMAN LA SUBPROCURADURÍA
Molestos por lo que consideran apatía de las autoridades, vecinos y amigos de la familia García García, exigieron la atención de Joaquín Saucedo Flores y tomaron el edificio estatal.
9:30 Empiezan a llegar los manifestantes a la explanada de la Subprocuraduría de Justicia
10:00 Armando y Norma García encabezan la toma de oficinas. El subprocurador sale a atenderlos.
10:40 Se agota el diálogo y se acuerda revisar la averiguación previa y llamar a la aseguradora.
11:25 Arriba a la Subprocuraduría el representante jurídico de la aseguradora del inculpado.
11:35 Se acuerda elaborar un convenio para la atención médica de Norma García.
12:00 El documento extrajudicial es firmado por los involucrados.
12:15 Se retiran los manifestantes y se libera el edificio.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
