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Michigan, EU.- Semanas antes de divulgarse las tristemente célebres fotografías de maltratos a prisioneros en Irak, Shereef Akeel, un abogado de origen egipcio que adquirió la ciudadanía estadounidense, recibió a un extraño en su oficina.
El visitante, un iraquí con ciudadanía sueca, ingresó en marzo en la oficina del abogado, situada en los suburbios de Detroit, para contarle una horrible historia: había sido torturado por estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib, en las afueras de Bagdad.
El abogado no tenía la menor idea de qué era esa cárcel.
El visitante, a quien Akeel sólo identifica como “Saleh”, explicó que había sido llevado a la cárcel de Abu Ghraib, famosa durante la época de Saddam Hussein por los abusos cometidos contra los prisioneros, no una, sino dos veces.
La primera vez, dijo, fue por oponerse al régimen de Saddam. Luego de su liberación viajó a Suecia. Pero, en septiembre de 2003, dijo, regresó a Irak, respondiendo a un llamado de Estados Unidos para que los expatriados retornaran al país, y ayudaran en su reconstrucción.
El expatriado cruzó la frontera desde Jordania en un automóvil Mercedes en que llevaba 70 mil dólares en efectivo, según dijo. Agregó que su vehículo fue detenido por estadounidenses que, además de robarle el automóvil, se quedaron con el dinero y lo enviaron a Abu Ghraib. Allí permaneció durante tres meses, agregó. Nunca recuperó su automóvil ni su dinero.
Esa es una de las historias narradas por 13 iraquíes que han entablado dos demandas, en un intento por llevar a la cárcel a contratistas civiles responsables por torturar detenidos en Irak, algo que esos contratistas niegan.
Según Saleh, lo trataron mucho peor en Abu Ghraib tras la ocupación estadounidense que durante el régimen de Saddam. Afirmó que contratistas civiles estadounidenses le golpearon los genitales con un bastón, fue apaleado, sometido a picana eléctrica, arrastrado con un cinturón amarrado a su garganta y golpeado con la culata de una pistola.
Saleh escuchó también los gritos de una mujer iraquí cuando -según dijo- era violada por un guardia norteamericano, vio a otros presos golpeados y observó cómo un guardia disparó contra varios presos matando al menos a cinco hombres.
Una vez que Akeel aceptó el caso de Saleh, familiares de otros detenidos comenzaron a llamar, dijo el abogado, y pronto tuvo más clientes de los que podía manejar. El caso se fue agrandando cada vez más.
En junio se entabló una demanda en San Diego, California, en nombre de ocho iraquíes, entre ellos Saleh y una viuda que denunció que su esposo había sido asesinado en Abu Ghraib. La demanda no fue entablada contra el Ejército de Estados Unidos sino contra empresas estadounidenses que proporcionaron traductores e interrogadores a las fuerzas que ocuparon Irak.
Un mes más tarde, otros abogados entablaron una demanda similar en Washington, D.C., en nombre de cinco personas, ex presos. También en este caso había una mujer, que denunció el asesinato de su esposo en prisión.
Las empresas acusadas son CACI International, de Virginia, y Titan Corporation de San Diego, que han abastecido miles de interrogadores y traductores a unidades militares en Irak, Afganistán y la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
También han sido acusados de torturas tres empleados: el interrogador Stephen Stefanowicz, de CACI, y los traductores John Israel y Adel Nakhla, de Titan.
