Presumen legisladores priistas manejo arbitrario y poco transparente por parte de la Federación
Mientras que los panistas consideran que debe prevalecer un verdadero federalismo en la distribución hacia los municipios del monto generado por los excedentes en la venta de petróleo que reciba Durango, los diputados priistas reiteran la presunción de un manejo arbitrario y poco transparente por parte de la Secretaría de Hacienda, pronunciándose porque se clarifique el origen de tales recursos.
Inmersos en la polémica que se generó a partir de la reunión de la Conago, en que se exigieron cuentas claras a la Secretaría de Hacienda sobre los cinco mil millones de pesos que se destinarían para los estados de los recursos excedentes por venta de petróleo, al considerar que era el 25 y no el 50 por ciento como lo establece la normatividad, del total obtenido por tal concepto durante el primer trimestre del año.
El diputado panista, José Guillermo Hilario Cantú, dijo que su postura de exigir la aplicación de un verdadero federalismo a tales recursos que recibirá el estado es ?para evitar que se les vaya a dar un manejo discrecional?, como según él, supuestamente sucedió en el ejercicio pasado.
Por su parte, Gabino Rutiaga Fierro, del grupo parlamentario del PRI, en alusión al exhorto que aprobó el Congreso local a la Secretaría de Hacienda para clarificar los criterios de distribución justa y equitativa de los excedentes económicos derivados de la venta de petróleo, recordó que en el ejercicio del 2003 se creó un malestar entre todos los gobernadores del país, por la ?interpretación torcida? que aplicó el Gobierno Federal para repartir tales recursos.
Recordó que de los 53 mil millones de pesos derivados del excedente petrolero, 12 mil millones, según anunció Hacienda, los destinaría para la previsión del robo de gasolinas, cuatro mil millones para fortalecer el subsidio al gas, nueve mil millones para los municipios petroleros, además de otros conceptos que nada tenían que ver con la normatividad para distribuir los recursos, y apenas siete mil a los estados. ?Todo indica que este año la Secretaría de Hacienda vuelve a las andadas y en forma dudosa y unilateral determina una injusta distribución del ingreso petrolero obtenido en el primer trimestre del ejercicio fiscal del 2004?.
?Ahora resulta que después de hacer descuentos extraños al monto total del excedente petrolero, como el de mil 488 millones de pesos por un aumento en el costo de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza, o como el de 22 mil 572 millones de pesos para el pago de ADEFAS, finalmente informa que a las entidades habrá de entregarse alrededor de cinco mil millones, como un caritativo anticipo?.
Por su parte, José Guillermo Hilario Cantú destacó que lo importante de los 68.8 millones de pesos que recibirá Durango por concepto de excedentes del petróleo, en lo que corresponde al primer trimestre del 2004, es que no se defina de manera unilateral los rubros a los que habrá de aplicarse los fondos, sino que lleguen a los fines específicos en acato a la normatividad y de acuerdo a las necesidades reales de los municipios.
Finalmente el diputado del PRI, Gabino Rutiaga, aclaró que la demanda de que haya claridad, justicia y equidad en el reparto de los excedentes petroleros, no se desprende de una beligerancia en contra del Gobierno Federal, sino que es la seguridad de que los gobernadores tienen la razón de solicitar transparencia para ver si se cumple el marco jurídico.
Normatividad señala que estados son los
que ejecutarán obras de infraestructura
El Fideicomiso para el Ejercicio de los Recursos Excedentes por Venta de Petróleo (FIES), que tiene su origen en el presupuesto de egresos de la Federación, determina que los recursos se destinarán a programas o proyectos convenidos con el Gobierno Federal, únicamente para ejercerlos en infraestructura pública y su equipamiento.
?Se aplicarán una vez descontando en su caso el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, en un 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; en un 25 por ciento para mejorar el balance económico del sector público, y en un 50 por ciento para gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones?.