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SANTIAGO DE CHILE.- El objetivo del presidente Ricardo Lagos de ir sanando las heridas causadas por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar se estrelló con la decisión de los sobrevivientes y sus familiares de llevar a la justicia a los responsables.
Lagos decidió que los nombres de torturados y torturadores contenidos en un voluminoso informe oficial revelado hace dos semanas permanezcan en secreto por 50 años, pero un juez ofició para que se le remitan parte de esos antecedentes y otro es partidario de procesar a los victimarios.
En una entrevista con el diario La Tercera publicada ayer, el juez de la Corte Suprema, José Benquis, afirmó que “lo que corresponde es abocarnos a la tarea de sancionar a los que se demuestre que participaron en delitos de tortura”.
Otro magistrado, Joaquín Billard, acogió el jueves una querella de 21 detenidos por motivos políticos bajo la dictadura quienes acusan al general Augusto Pinochet y a su ministro del Interior, Sergio Fernández, por las torturas que sufrieron en los comienzos del régimen militar.
El informe oficial contiene los relatos de 28 mil personas que fueron flageladas y los nombres de sus torturadores.
Lagos insiste en que las identidades permanezcan en secreto porque su propósito al crear la comisión que elaboró el informe y de establecer reparaciones a las víctimas, fue “sanar las heridas y no reabrirlas”, según dijo al presentar el documento a los chilenos.
Son decenas los ex presos que anticiparon la presentación de masivas querellas contra sus victimarios, la mayoría militares, al igual que lo han hecho familiares de las víctimas de los abusos bajo el régimen de Pinochet (1973-90).
Unos 300 militares están procesados por violaciones a los derechos humanos y decenas de esos juicios podrían reactivarse con al dictación de condenas luego que la Corte Suprema rechazó amnistiar en noviembre a la cúpula de la policía secreta de Pinochet por el detención y desaparición del izquierdista Miguel Ángel Sandoval.
La opinión generalizada es que la sentencia del máximo tribunal puede sentar jurisprudencia en los demás procesos a ex uniformados que enfrentan juicios por el delito de “secuestro permanente”, figura que alude a la detención y desaparición de opositores al régimen militar (1973-90).
Hasta ahora, un llamado del jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, a los militares enjuiciados para que revelen el destino de los desaparecidos no ha tenido respuesta.
El Gobierno, incluso, habilitó una nueva cárcel para militares, activos o jubilados, condenados por violaciones a los derechos humanos. La primera, conocida como Punta Peuco, completó su disponibilidad con cerca de medio centenar de condenados.
El general retirado Manuel Contreras, máximo jefe de la policía represiva de Pinochet, ocupó Punta Peuco por su responsabilidad en el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier. Se cree que pronto inaugurará la nueva cárcel militar porque la Corte Suprema rechazó su apelación por el caso de Sandoval.
