Pekín, (EFE).- Una exposición mostrará desde el próximo día 10 los objetos requisados en grandes escándalos de corrupción en la República Popular China (1949), como el protagonizado en Cantón por Lai Chang Xin por unos siete mil millones de dólares y que implicó a 700 funcionarios.
A consecuencia de dicho escándalo de corrupción, ocurrido en el año 2000 y el más conocido, diez personas fueron condenadas a muerte, informó el "Beijing Wan Bao",
La exposición viajará desde Pekín a las provincias de Nanjing y Shenzen con todo su contenido, incluido un coche Mercedes Benz blindado hasta en los neumáticos y numerosas antigüedades que intentaron sacarse del país.
Las Oficinas de Aduanas, de Industria y Comercio y de Policía desean también conjuntamente con la exposición resumir las experiencias de lucha contra el contrabando y la corrupción, señaló el periódico.
Las autoridades judiciales chinas reiteraron su voluntad de luchar contra la corrupción e investigaron durante los primeros nueve meses del año a 6 mil 956 funcionarios sospechosos de abuso de poder, según el "Beijing Morning Post".
La investigación del poder fiscal arrojó un balance de 1.456 casos en los que estarían implicados mil 780 funcionarios, 746 de ellos del sector judicial y otros 919 del administrativo.
La Fiscalía Suprema de la República Popular de China informó a la prensa sobre el progreso de las actividades especiales contra el abuso de poder y la corrupción.
Además, un total de 368 personas fueron procesadas por varios escándalos descubiertos en el Banco Comercial e Industrial de China (BCIC), una de las cuatro grandes entidades públicas del país, indicó la prensa local.
La Oficina Nacional de Auditoría china descubrió en los últimos ocho meses varios casos de desfalco y desaparición de fondos valorados en 6 mil 900 millones de yuanes (833 millones de dólares estadounidenses).
Tras investigar 21 oficinas del BCIC, las autoridades descubrieron también irregularidades en la concesión de préstamos y los responsables deberán enfrentarse a los tribunales por delitos de corrupción y malversación de fondos, según los auditores nacionales.
