“Lo que es de todos no es de nadie”.
Anónimo
¿Qué tienen en común los pleitos sobre el predio de San Juan, El Encino y San Salvador Atenco? Los tres, como muchos otros más en el país, son producto de expropiaciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 que “la propiedad de las tierras y aguas... corresponde originariamente a la nación”. La propiedad privada se define, así, como una “graciosa concesión” que el Gobierno otorga a los particulares. Por eso la Constitución le da al Gobierno la facultad de despojar a individuos y empresas de sus propiedades por medio de la expropiación. Pero incluso la Constitución limita esta potestad al determinar que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
Revisemos los grandes conflictos de nuestro país en los últimos años y veremos que la mayoría proceden de expropiaciones, de casos en que no hay derechos claros de propiedad o de la abierta violación de éstos. En el caso de San Salvador Atenco el Gobierno trató de despojar de sus terrenos a un grupo de campesinos fijándoles, de manera unilateral, un precio por sus terrenos que ellos consideraron -y que era— insuficiente. En el paraje de San Juan el Gobierno de la ciudad de México expropió en 1989 una zona de la ciudad de México sin nunca indemnizar a sus propietarios (hoy nos dice la Secretaría de la Reforma Agraria que la federación era la dueña de ese predio pero que no se había dado cuenta). En El Encino el Gobierno del Distrito Federal expropió un terreno para hacer un camino de acceso a un hospital privado, pero los tribunales echaron para atrás la expropiación porque no se justificó la “utilidad pública” de la acción.
Yo entiendo que puede haber razones muy especiales que hagan imprescindible una expropiación. La construcción de un bordo que evite inundaciones que dejen pérdidas económicas o de vidas a una población puede ser un motivo fundamentado para una acción de esta naturaleza. Pero en México, no hay duda, se ha abusado de las expropiaciones. Si un hospital privado necesita un acceso adecuado para funcionar, como es el caso del ABC y El Encino, la compra del terreno debe ser un acuerdo entre particulares. Si un aeropuerto es realmente necesario, el precio que el Gobierno y los constructores estén dispuestos a pagar debe ser congruente con el proyecto que se desea construir.
Se ha hecho demasiado común que los Gobiernos expropien terrenos para proyectos que pueden ser importantes para algunos grupos de la sociedad pero que difícilmente caen en el supuesto de “utilidad pública”. Cancún, Huatulco y Punta Diamante, desarrollos turísticos que hoy se encuentran entre los mejores y más caros del mundo, se fundaron sobre el injusto despojo de campesinos y pescadores que eran dueños de esos lugares. Es cierto que esos centros turísticos han beneficiado a mucha gente, pero la “utilidad pública” estaba en todo caso del lado de los dueños originales que tenían mayores necesidades.
Hernando de Soto, el reconocido pensador peruano autor de El otro sendero (1989) y El misterio del capital (2001), ha reiterado recientemente una idea que era ya conocida por los economistas clásicos: el respeto a los derechos de propiedad es uno de los fundamentos más importantes del desarrollo. Si la propiedad no se respeta, o si no es registrada debidamente por la autoridad, no hay manera de construir una sociedad próspera.
David Páramo de El Economista nos recuerda en su columna de ayer que, según la Cámara de Senadores, el 55 por ciento del territorio nacional no está escriturado. Este hecho es una de las razones principales de la pobreza de los mexicanos y representa una bomba de tiempo en futuros conflictos para el país. Por eso, el Estado mexicano debe fortalecer sus esfuerzos para escriturar todo el territorio nacional. Debe también construir un sistema de registro de la propiedad suficientemente organizado y transparente para que todo el mundo sepa qué le pertenece a cada quien. Es risible que el Gobierno Federal se haya tardado 15 años en darse cuenta de que es propietario del paraje de San Juan. Pero otra decisión importante sería limitar las facultades de expropiación del Gobierno. Y quizá esto sería tan simple como definir con claridad qué significa la “utilidad pública” en una expropiación —que no puede ser simplemente evitarle la molestia a una empresa de negociar un precio justo por un terreno- y hacer que las indemnizaciones se paguen de verdad, a un precio de mercado y de forma inmediata.
Presidente iraquí
Ghazi Al Yawar, un dirigente tribal sunnita ha sido escogido como nuevo presidente interino de Irak. Pero será un presidente sin poder en un país que se está desmoronando.
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