Madrid, (EFE).- El Gobierno español ha decidido expropiar varios terrenos en la localidad de Palomares para prevenir eventuales riesgos de contaminación ocasionados por varias bombas nucleares estadounidenses que cayeron en esa zona del sur del país hace casi cuarenta años.
La medida fue anunciada por el director del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de España, Juan Antonio Rubio.
No se trata de "resolver un problema que no existe", sino de prevenir "un riesgo potencial", precisó el responsable del CIEMAT al informar de las instrucciones que en ese sentido ha recibido del Gobierno.
El Ejecutivo español procederá "en los próximos meses" a expropiar la zona supuestamente afectada, en torno a unas siete hectáreas, para tratar de determinar si existe contaminación y proceder, en su caso, a la limpieza evacuando los terrenos contaminados.
Rubio incidió en que los signos de contaminación en el subsuelo "son muy pequeños", pero "con esas cosas no se puede jugar", y señaló que, aunque se han detectado en siete hectáreas, el programa incluirá todo el territorio próximo a esa zona.
En Palomares, en la provincia costera de Almería, el 17 de enero de 1966 colisionaron en vuelo un avión cisterna español y un B-52 estadounidense que llevaba cuatro bombas de hidrógeno de 1.5 megatones, con cinco mil veces más potencia que la que destruyó Hiroshima (Japón) en 1945.
Tres de las bombas fueron localizadas poco más tarde en tierra y la cuarta fue sacada del mar el 7 de abril, tras ser encontrada por un pescador.
Un mes antes de que este artefacto fuera sacado del agua los entonces ministro español de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke, se bañaron en la playa de Palomares para despejar sospechas sobre la contaminación radiactiva de la costa.
De las cuatro bombas, dos estaban intactas, mientras que las otras dos sufrieron daños porque les falló el paracaídas y liberaron carga (plutonio, uranio y americio, fundamentalmente).
En los días posteriores al accidente, se retiraron mil metros cúbicos de tierra, vegetales y piedras en bidones de doscientos litros que fueron enviados a Estados Unidos, pero la población no adoptó ningún tipo de protección mientras las bombas estuvieron allí.
En los análisis efectuados entre los vecinos desde 1988 a 1994 se hallaron restos de plutonio en 29 personas y de americio en otras seis, aunque no hay constancia de que alguien haya muerto a causa de la radiactividad.
En cuanto a los suelos, se han revisado los cálculos sobre la actividad remanente en la zona y los resultados han indicado que persiste "una cierta radiactividad".
