Seattle (EU), (EFE).- El fabricante del rifle que usaron en 2002 dos francotiradores que mataron a 10 personas en el este de EU y la tienda donde lo compraron acordaron pagar 2.5 millones de dólares a los familiares de las víctimas, según se anunció.
Bushmaster Firearms, la compañía fabricante del rifle -una versión civil de fusil de asalto M-16- abonará 550 mil dólares a los familiares de seis víctimas y dos supervivientes, a pesar de que no ha reconocido culpabilidad de los hechos.
Mientras tanto, la tienda Bull's Eye Shooter Supply, de Tacoma (cerca de Seattle, en el estado de Washington) donde los francotiradores compraron el rifle, desembolsará 2 millones de dólares a las ocho personas que forman la acusación en una demanda civil que se cerró con este acuerdo.
Según el Centro Brady para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, de la tienda Bull's Eye desaparecieron más de 238 armas de las que el propietario no supo dar cuenta. Más de 50 de estas armas se utilizaron para hechos criminales entre 1997 y 2001.
Esta es la primera vez que un fabricante de armas de fuego accede a pagar para poner fin a una demanda por negligencia en la distribución de armas, según dijo Jon Lowy, abogado del Centro Brady, una institución para la prevención de la violencia que participó en la presentación de la demanda.
"Estos acuerdos dejan claro que la industria no puede mirar hacia otro lado sobre cómo obtienen sus armas los criminales", dijo Lowy.
John Muhammad, de 43 años, y Lee Boyd Malvo, de 19, fueron declarados culpables, el año pasado, del asesinato de diez personas en la capital estadounidense en octubre del 2002. Muhammad fue sentenciado a la pena de muerte y Malvo a cadena perpetua.
En su página web, Bushmaster señaló que el intento del Centro Brady de "eliminar los derechos de los ciudadanos a adquirir armas de fuego ha fracasado legislativamente y continuará fallando con estas demandas frívolas contra los fabricantes de armas".
La Cámara de Representantes de EU dio el visto bueno a principios de año a una ley que habría puesto límites a demandas legales como ésta, tal y como pedía la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo del presidente George W. Bush, la ley no fue aprobada por el Senado.
