Entre los beneficios que ofrece la celebración de la marcha en demanda seguridad pública que tuvo lugar en el Distrito Federal y en otras ciudades del país el domingo pasado, destaca la unidad ciudadana en torno a la solución de los problemas que son comunes a todos los mexicanos.
Lo anterior porque en el tránsito hacia la democracia plena, se ha desatado una enconada lucha por el poder entre los protagonistas de nuestra vida pública, de cara a las elecciones presidenciales del año dos mil seis, que cuando menos merece calificarse como anticipada e irresponsable.
Es irresponsable, porque los conflictos que suscita posponen la atención de los grandes problemas nacionales, fomentan la dispersión y la ruptura entre facciones y partidos y ponen cuestiones triviales, en un primer nivel de atención.
La marcha en cambio ha puesto de nueva cuenta a la sociedad civil en la trinchera de la lucha cívica, en un tono de exigencia legítima frente a todos los poderes y niveles del Gobierno, con el ánimo de convocar a la unidad en torno a un objetivo definido: La seguridad como bien al que tienen derecho los ciudadanos y que el Estado debe garantizar.
A la interpelación de la sociedad ha seguido una especie de mea culpa que expresan por igual el Presidente de la República y su gabinete de seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la generalidad de gobernadores y presidentes municipales, que reconocen con humildad, que los esfuerzos realizados hasta hoy sólo han acometido parcialmente el problema de la inseguridad y por tanto, aún queda mucho por hacer.
La excepción a esta regla, la ofrece el gobernador del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador. En un desplante de increíble soberbia, confronta a los ciudadanos y arremete en contra de los medios de comunicación, respecto de los cuales endereza su ya obsesiva diatriba según la cual, forman parte de un complot en su contra.
El problema de la geometría política que emplea López Obrador, no se reduce a una mera apreciación de derechas e izquierdas, que de por sí carece de sentido en estos tiempos. En su estilo personal, el funcionario en cuestión suele descalificar de modo sistemático a toda forma de expresión cívica que no provenga de la iniciativa de su Gobierno.
La cerrazón de Andrés Manuel, comienza a suscitar voces que se deslindan de su postura absurda, aún dentro de sus propias filas; tales son los casos de la presidenta de la Asamblea del Distrito Federal de filiación perredista y del propio Carlos Navarrete, secretario del PRD, que avergonzados exigen a López Obrador un reconocimiento expreso del derecho de los ciudadanos a manifestarse como lo han hecho y un compromiso en torno a las demandas de seguridad que corresponden a una realidad amenazante.
El mayor agravio para el Jefe de Gobierno, deriva del carácter independiente y pensante de los contingentes que marcharon, en un estilo muy diferente al alineamiento de los contingentes que en torno suyo prohíja, con el objeto de uncir a la burocracia asistencial del Estado, a grupos menesterosos para utilizarlos lo mismo como clientela electoral que como carne de confrontación y lucha de clases. Ese estilo de Gobierno, promueve la generación de pobreza.
Sólo falta esperar que el ejemplo de la marcha cunda y que de los reclamos de la ciudadanía en el tema de seguridad pública, surjan otras exigencias en cuanto a los grandes cambios que México requiere para enfrentar el porvenir, en los rubros de las Reformas Política, Fiscal, Laboral, Energética, etcétera.
Ante la inmovilidad de la clase política, la marcha ofrece una bocanada de oxígeno para seguir adelante.
