Suceden motines, fugas, actos suicidas y homicidios en lo que va del año.
EL SIGLO DE TORREÓN
Purgar una pena debe tener el propósito de la readaptación, dicen estudiosos del Derecho
COMARCA LAGUNERA.- No existe un penal seguro. Los riesgos de fugas y motines están a la orden del día. La delgada línea del orden y la rebelión es tirada por custodios e internos. La sobrepoblación también pesa. Estudios criminológicos, la sectorización de internos y el otorgamiento de libertades anticipadas, es fundamental.
Durante el corto tiempo que ha transcurrido en 2004, los centros penitenciarios de Torreón y Gómez Palacio han presentado actividad que denota fallas en el sistema de seguridad y vigilancia. El intento de suicidio de un reo, lesiones a un interno, la fuga de un menor, un motín y un homicidio, surgen cronológicamente en ambos penales después de un largo período de tranquilidad.
En los Centros de Readaptación Social (Ceresos), sus habitantes —inocentes o culpables— son albergados para purgar una pena de días, meses, años o toda la vida. La presión psicológica derivada por la pérdida de la libertad repercute en los internos de diferentes formas y etapas.
Apegado a las bases teóricas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, eminente catedrático en Derecho define: “El centro penitenciario pretende ser la última fase del Derecho Penal, en cuanto que a quien se le encuentra culpable de un delito, se le señala una pena y el Derecho se encarga de que se cumpla”.
El maestro en Leyes enfatiza que no sólo se trata de purgar una pena y cita la principal función social: “La pena debe tener, principalmente, un propósito de readaptación, es decir, que el sentido no es de que pague su culpa, sino de que se reeduque, sin olvidar que, el hecho mismo de privarle de su libertad al individuo, sea lesivo”.
De este modo, se entiende que la antigua Ley de Retribución de una pena no se limita a decir, “si la hago, la pago”. Orellana Wiarco advierte: “La ciudadanía tiene una visión equivocada (de la pena), no se visualiza la importancia que tiene el factor de la reeducación. Por eso se crean los estigmas contra los ex presidiarios”.
Revisión minuciosa
En el ejercicio diario para imponer orden y garantizar el control de los internos, las autoridades aplican minuciosos sistemas de estudio desde el arribo de los presuntos delincuentes a los centros penitenciarios.
Al respecto, Jorge Luis Morán Delgado, subsecretario de Prevención y Readaptación Social en Coahuila, detalla que desde el ingreso al penal de un interno, se elabora un expediente dinámico, directo, clínico, criminológico, psicológico, que permita analizar la naturaleza del delito cometido por el nuevo huésped.
“No puedes tratar a un secuestrador como al ladrón de una bicicleta, los dos cometieron un delito, pero son distintos”, define Morán Delgado y agrega que la división más sencilla se hace en la clasificación de los internos en las áreas de indiciados, procesaos y sentenciados.
Los “inquilinos” de los penales, en algunas ocasiones son gente con dinero, relacionada con delitos por narcotráfico. “Aquí es donde ‘pegan’ los reos federales, que por sí solos son un problema, un riesgo cuando muchos tienen un respaldo y poderío económico”.
De ahí la importancia de trabajar en el penal sin distinciones. “Si en el penal no hay orden, surgen los cotos de poder y los internos del fuero común hacen las veces de esclavos o súbditos y se pierde el control”, asegura el funcionario estatal.
Además, contra las fugas, hay áreas de seguridad especiales, aisladas, donde se tiene a los internos con un potencial intelectual que siempre va a estar buscando la forma de escaparse. “Por eso se pone especial cuidado con todo su entorno, desde las herramientas para sus actividades laborales y recreativas, como la atención a sus visitas”.
Medidas técnicas
La corrupción siempre va ligada a los casos de evasiones o consideraciones especiales a los internos. Los directores de los centros penitenciarios son los responsables de que todo funcione perfectamente, pero como humanos, se dan casos donde son los últimos en enterarse de situaciones que pueden generar un problema de grandes proporciones.
Jesús Alfredo Reyes Santaella, director de general de Readaptación y Prevención Social del Estado de Durango, informa sobre medidas sencillas encaminadas a evitar al máximo indicios de evasiones o situaciones inadecuadas en los penales.
“La rotación constante de los custodios con el fin de evitar compromisos, el listado tres veces al día de los internos, la credencialización de los visitantes y algunas otras restricciones, son fundamentales para mantener el control de los Ceresos”, afirma Reyes Santaella.
También se enlista la aplicación de sellos invisibles a los visitantes, la revisión una vez al día de las celdas de los internos y los sorpresivos operativos que se hacen con apoyo de la Policía Ministerial, siempre atestiguados por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Secretaría de Gobierno, a cargo de José Miguel Castro Carrillo, facilitó los recursos para imple-mentar la adecuada iluminación nocturna, la delimitación interna de las áreas con malla ciclónica, la aduna vehicular y el funcionamiento de un escuadrón canino. Además de armamento de precisión para interrumpir las fugas.
Objetivo primordial
La Ley que Establece la Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en el artículo segundo dice: “El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente”.
Alberto Orellana Wiarco, actual director del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública en el Estado (ISESPE), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, se sostiene el dicho en la citada Ley Federal y señala que para lograr la readaptación, efectivamente se requiere de la educación y el trabajo.
Con una larga trayectoria en el ámbito judicial, Orellana Wiarco cita que para cumplir con los parámetros, el centro penitenciario requiere que tenga talleres y los medios para poder lograr la educación para el trabajo que es fundamental.
“Así se van a crear hábitos de responsabilidad, de puntualidad, es lo que se pretende crear en el individuo y cuando salga, él utilice ese tipo de valores, destrezas y habilidades, para que al reinsertarse a la sociedad, sea un elemento útil, no tenga problemas de delincuencia y quede apartado de la criminalidad”.
La lectura teórica del también autor del Manuel de Criminología, enfrenta el problema que hay en todos los penales del país y que cada uno trata de combatir en la medida de sus posibilidades: La sobrepoblación.
“Si el centro (penitenciario) no cuenta talleres y se tiene sobrepoblación, va crear un problema. Por ejemplo, en la educación, el grupo ideal es de 25 alumnos, pero tienes 60, ¿Cómo le hago? Bueno, los voy a educar, pero no puedes darles toda la atención, porque físicamente no es posible, desde sentarlos en el salón, te resulta insuficiente. Tal vez es una mala comparación, pero si en un penal tienes un sobrecupo, cómo puedes lograr la readaptación”, sugiere Orellana Wiarco.
La llave maestra
Para garantizar el buen manejo en un penal y la aplicación adecuada de la justicia, Orellana Wiarco cita la existencia del Consejo Técnico Interdisciplinario, que de acuerdo a la Ley Federal de Normas Mínimas y a la Ley General de Ejecución de Sanciones Privativas, es el eje en el que descansa el cumplimento Constitucional de la readaptación.
Reyes Santaella, funcionario del Estado de Durango, describe que el Consejo Técnico es integrado por un psicólogo, un médico, un maestro, un trabajador social, el jefe de vigilancia, y el director del penal, que es la cabeza del Consejo.
“Todos se unen y con los estudios deciden la ubicación sectorizada de los internos y los hacen acreedores a los beneficios que fija la Ley. Ellos se van a preocupar en adoptar las normas y los valores que los van a llevar a una conducta que los permita llegar a vivir en sociedad y no delinquir”, comenta Reyes Santaella.
Jorge Luis Morán coincide con el valor del Consejo Técnico y dice que la labor que se desempeña es también una clara medida de seguridad, la cual, desde su punto de vista, se observó en el motín del pasado jueves cuatro de marzo de 2004.
“Durante el motín, de una población de mil 80 internos, más de mil se abstuvieron del problema; ellos reconocen un trato humano y lo distinguen”, dice Morán Delgado y sostiene que un interno se preocupa más por su buena conducta que le permitirá recuperar la libertad legalmente.
“Antes, el que tenía dinero e influencias lograba los beneficios para su liberación, pero hoy, los internos saben que si acatan las reglas, si hacen el bien, podrán encontrar su libertad anticipada por diferentes medios y hablamos de hechos”, enfatiza el funcionario del Estado de Coahuila.
El complejo factor humano
En el motín registrado el pasado jueves cuatro de marzo en el Cereso de Torreón, autoridades, internos y familiares filtraron varias versiones sobre el origen; Entre ellas se fijó la siguiente hipótesis: Un custodio cobró a la madre de un interno una cuota injustificada; la medida del vigilante molestó al recluso, hubo un reclamo, surgió una riña que terminó con la muerte del quejoso y un motín disperso.
Absteniéndose de opinar sobre la citada hipótesis, Alberto Orellana sostiene que el actual sistema técnico-progresivo penitenciario, está apoyado en el Consejo Técnico. Son las razones presupuestarias o por no contar con todos los elementos humanos o la capacitación de los mismos, que se va repercutir en el funcionamiento de todo el centro (penitenciario), independientemente de la sobrepoblación y otros factores.
En el plano real, las Leyes son aplicadas por personas, capaces o no, pero al final, las encargadas de hacerlas valer. En una apreciación personal, Orellana Wiarco cita que el principal eje donde descansa todo el asunto de la readaptación es el Consejo Técnico Interdisciplinario y lo que le va permitir ya materializar los esfuerzos del propio consejo, son los elementos de custodia.
“Si no se tienen elementos de custodia eficientes, honrados, con mística particular del trabajo que realizan, pues van a tener resultados pobres. Es una cadena de esfuerzos, tiene que existir ese sector, los custodios preparados, a veces no se cuenta con ellos y hay más problemas.
Desde el punto de vista global, Orellana Wiarco señala que son muchos los factores encaminados a la seguridad de un centro penitenciario y la readaptación social adecuada. Desde su trinchera, el catedrático y director del ISESPE, asegura que si bien el plantel es joven, se trabaja arduamente para preparar todo el elemento humano que requieren los Ceresos. “En los centros hay elemento humano viejo y el nuevo todavía no es el número suficiente para tener las condiciones más óptimas”.
Penales modernos
Los pilares del Sistema Nacional Moderno en materia de centros penitenciarios surgieron con el modelo aplicado por Sergio García Ramírez, en 1967, en Toluca, Estado de México, con la presentación del que fue el primero de los Centros de Readaptación Social que se conocen en la actualidad.
García Ramírez, entonces funcionario del Gobierno del Estado de México y actual titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, adoptó los modelos planteados en diferentes conferencias por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la dignidad y el respeto a los Derechos Humanos en los centros penitenciarios.
Octavio Alberto Orellana Wiarco, director del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública en el Estado de Coahuila, evoca detalles del proyecto de García Ramírez y agrega que fue en el Gobierno Federal de Luis Echeverría Álvarez, cuando surgió la idea de construir penales fuera del Distrito Federal.
Mediante la creación de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en 1971, todos los Estados de la República tuvieron la posibilidad de crear penales en sus capitales, dejando atrás la vieja práctica de habilitar como recintos de reclusión viejas casonas o conventos.
“Con el apoyo económico del Gobierno Federal, la mayoría de los Estados se adecuaron, en Coahuila, dos años transcurrieron para que el Congreso Local hiciera las modificaciones necesarias a la Ley y estar listos para el desarrollo penitenciario”, comenta Orellana Wiarco.
Una muestra real de la creación de penitenciarías modernas, se detectó en el Estado de Sonora, donde Carlos Armando Biebrich Torres, joven gobernador de la entidad y protegido político de Echeverría Álvarez, hizo los trámites necesarios para alcanzar los citados beneficios.
Además de Hermosillo, capital del Estado, se logró la construcción de tres o cuatro centros peniten-ciarios más. Los cuales desde 1975, ya mostraban un gran avance arquitectónico que se sigue presentando a la fecha.
VULNERABILIDAD
Una fuga y un motín durante el primer trimestre de 2004, obligan a las autoridades del penal de Torreón a redoblar las medidas de seguridad y el traslado de reos conflictivos.
22 de enero.- Tres de los custodios sometidos al sorpresivo examen antidoping en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad, resultaron positivos a diferentes sustancias: Dos a cocaína y uno a mariguana, motivo por el cual causaron baja automática.
6 de febrero.- Un joven de 15 años de edad, procesado por el delito de robo a casa habitación, aprovechó el descuido de los custodios del Cereso para confundirse entre la visita de los jueves y alcanzar la salida y huir con rumbo desconocido.
El prófugo se llama Evaristo Corral Razcón, tiene 15 años de edad, es originario de Casas Grandes, Chihuahua, domiciliado en Rancho Las Varas, de Tijuana, Baja California Norte. Estaba a disposición de la jueza primera penal, María Mayela Valdés Hernández. El menor ingresó al Cereso local apenas el pasado 19 de enero del presente año.
4 de marzo.- Un grupo de aproximadamente cuarenta internos del Cereso se amotinó por la noche en el área de carpintería del reclusorio. En la acción para controlarlos, uno de los cabecillas del grupo de insurrectos falleció.
El recluso que perdió la vida fue identificado como Juan Manuel Castro González y/o Samuel Castro González alias “El Sapo”, quien había ingresado a este centro por sexta ocasión el 23 de octubre de 2003 por el delito de robo simple.
FUENTE: Archivo de El Siglo de Torreón
VIGILANCIA ACCIDENTADA
El primer mes del año en curso mostró “actividad” en el interior del Centro Penitenciario de Gómez Palacio. Incidentes sufridos por internos encendieron focos de alerta.
13 enero.- De manera sorpresiva se llevó a cabo un operativo en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) número dos, se revisaron las áreas ocupadas por los internos y otros sectores, lográndose el aseguramiento de sólo dos “palomas” de mariguana, puntas diversas y herramienta de trabajo.
21 de enero.- El interno, Arturo Arreola Ponce de 38 años, en una reacción por las diferencias que tiene con su familia, subió a un tinaco ubicado a 20 metros de altura y ante la negligencia de los custodios se tiró al vacío. Fractura de cóccix, ambas piernas y daño en la columna, fueron las lesiones del inquilino del penal.
30 de enero.- Las medidas de seguridad están a la baja. En el Centro de Readaptación Social (Cereso) número dos, ocurrió otro incidente. Un joven interno fue herido por la espalda con una “punta”, el lesionado fue intervenido y está en terapia intensiva. Sobre el responsable no hay información, pero se habla de claras amenazas de muerte al regreso de la víctima.
FUENTE: Archivo de El Siglo de Torreón
