Una de las irregularidades que presentaron las Cuentas Públicas Municipales del 2003 fue la ausencia de expedientes técnicos en obras que se registraron como ejecutadas, con la diferencia de que algunos ayuntamientos de inmediato solventaron las observaciones, con lo cual evitaron la descalificación, mientras que otros ni siquiera mostraron interés por cubrir el incumplimiento y dejaron que siguiera el trámite, por lo que ahora deberán subsanar las salvedades en la etapa procesal que indica el marco jurídico.
Los gobiernos municipales a los que se les reprobaron sus respectivas Cuentas Públicas fue porque además de no cumplir con la integración de los informes financieros y registrar irregularidades administrativas que presumen daño patrimonial, ni siquiera mostraron interés por solventar observaciones que conocían desde antes de que los diputados las analizaran.
Es la diferencia que mostraron algunos de los ayuntamientos a los que finalmente se les aprobó su Cuenta Pública, a pesar del pliego de observaciones que resultaron de la revisión técnico contable que les aplicó la Entidad de Auditoría Superior del Estado.
Por ejemplo, según lo comentó el propio titular del órgano de fiscalización del Poder Legislativo, Daniel Rueda, una de las deficiencias que se encontró en las 39 Cuentas Públicas fue que algunas de las obras registradas en los informes adolecían de sus respectivos expedientes técnicos. Mientras que municipios como Durango, de inmediato las solventó, antes de que se dictaminara por parte de los legisladores, otros como Vicente Guerrero y Nazas, no lo hicieron, con lo cual evidenciaron desinterés por resarcir los señalamientos y por ende no se les aprobó.
El fiscal superior afirmó que los señalamientos negativos que hicieran contra la Entidad de Auditoría, diputados panistas, los extrajeron del pliego de observaciones que resultó de la revisión técnico contable de cada Cuenta Pública, por lo que reiteró que no había nada oscuro en las recomendaciones.
Por ejemplo, dijo que efectivamente en el caso de Durango al principio se le detectó la ausencia de expedientes técnicos de algunas obras, como el de avenida Normal, pero de inmediato las solventaron, porque el equipo responsable de elaborar la Cuenta Pública, siempre estuvo pendiente de la revisión que hacía la Entidad de Auditoría.
No así, el caso del Gobierno Municipal de Vicente Guerrero, que también presentó entre la serie de anomalías, la carencia de expedientes técnicos, pero ni siquiera el tesorero o el director de obras públicas, y menos el Alcalde, se acercaron a ver la forma en que pudieran solventar la salvedad. Y solamente el Contralor, que a decir de Daniel Rueda, no está enterado a fondo del informe financiero, a través de algunas declaraciones públicas, pretendió descalificar los resultados de la revisión técnico contable.
Reiteró que en muchos de los gobiernos municipales que volvieron a incurrir en las mismas anomalías que habían presentado sus Cuentas Públicas del pasado, fue consecuencia de que no tenían el personal especializado para elaborarlas, o porque había constante cambios en la tesorería. Sin embargo, siempre existe la asesoría de la Entidad de Auditoría para ayudarlos. Pero aún así no acudieron.
Es por ello que ahora 29 gobiernos municipales enfrentan la etapa en que deberán solventar las observaciones que se les hicieron a sus respectivas Cuentas Públicas. Y de no hacerlo, entrarán a lo que se denomina la fase procesal, en que se realizarán audiencias constitucionales en que las partes aportarán lo que a derecho convenga. Y de no cubrir los señalamientos, continuará el fincamiento de responsabilidades, hasta llegar a lo que podría ser la denuncia penal.
Pero de antemano, Daniel Rueda reiteró que los funcionarios que no cumplieron en tiempo y forma con la integración de las Cuentas Públicas, ni subsanaron las observaciones, serán sujetos a sanciones económicas que irán del equivalente de los 100 a los 600 salarios mínimos.
Fiscalización combate negligencia y omisiones responsables: Diputado
El presidente de la Comisión de Hacienda de la LXII Legislatura, diputado Gabino Rutiaga Fierro, recordó que con la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior, a partir del 2001, se estableció el marco jurídico con el fin de combatir la negligencia, las omisiones irresponsables y, en el peor de los casos, la corrupción como fenómenos recurrentes en el ejercicio del gasto público.
Sin embargo, aclaró, con relación a las observaciones que se hicieron a las Cuentas Públicas Municipales, tanto las 36 que se aprobaron como las tres que no pasaron el filtro legislativo, que no se trata de acusaciones consumadas y que en su momento la Auditoría Superior del Estado habrá de notificarlas para que en el ejercicio de su derecho de los responsables aleguen lo que a su derecho convenga durante las audiencias que se realicen.
