15 de marzo de 2004.
SAN JOSE DEL CABO, BCS., (SUN-AEE).- El gobierno de México y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) firmaron un acuerdo para crear un grupo de trabajo que dará seguimiento a las acciones judiciales y legales para procurar justicia en los asesinatos de los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza.
El grupo de trabajo estará integrado con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de los gobierno de Baja California y Chihuahua, de la SIP y por representantes de las familias de los periodistas.
Con esta acción se busca cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de investigar de manera seria, completa, imparcial y efectiva los asesinatos de Félix y de Oropeza.
La CIDH también recomendó al gobierno mexicano determinar, con base en una investigación exhaustiva, si hubo encubrimiento y delitos contra la administración de justicia en ambos casos, y fincar las responsabilidades legales que correspondan, así como reparar adecuadamente el daño a los familiares de los dos comunicadores por las violaciones a sus derechos humanos.
El acuerdo suscrito por la cancillería mexicana y la SIP también tiene el objetivo de analizar conjuntamente acciones tendientes a evitar la comisión de asesinatos contra periodistas, y combatir la impunidad de los responsables cuando ocurra.
"Estamos haciendo historia en nuestra lucha contra la impunidad. México es un líder en el mundo y en este hemisferio, pero es el segundo país más peligroso para periodistas. Con lo que firmamos hoy tenemos la esperanza de que México tomará medidas necesarias para terminar con la impunidad que gozan los asesinos de periodistas", dijo Alberto Ibargüen, presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP.
Yanerit Morgan, directora general adjunta de Derechos Humanos de la Cancillería, dijo que este acuerdo ratifica el compromiso del gobierno de México con la vigencia de los derechos humanos en el país, incluyendo el de la libertad de expresión como un elemento fundamental en todo régimen democrático.
Héctor Félix Miranda, quien era conocido en el gremio como "el gato Félix", fue asesinado en Baja California el 29 de abril de 1988, y Víctor Manuel Oropeza fue asesinado el 3 de julio de 1991 en Chihuahua.
Inconforme con la actuación de las procuradurías, la SIP llevó el caso ante la CIDH, la cual emitió sus recomendaciones.
En octubre del 2003 se determinó crear el acuerdo, el cual fue suscrito por la subsecretaria para Temas Globales y Derechos Humanos de la Cancillería, Patricia Olamendi; Manuel Ortega Aceves y Francisco Trento, de las procuradurías de Baja California y Chihuahua, respectivamente.
Por parte de la SIP firmaron el documento, su presidente Jack Fuller; el presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, en su calidad de vicepresidente regional para México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; Alberto Ibargûen, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, así como los periodistas Roberto Rock y Ricardo Trotti.
El grupo de trabajo quedará integrado por Manuel Ortega y Francisco Trento, en representación de las procuradurías estatales, los periodistas Roberto Rock y Ricardo Trotti, por parte de la SIP, así como representantes del área de Derechos Humanos de la Cancillería.
