El presupuesto básico es en realidad simple: para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y en consecuencia, mandar un mensaje sólido de certidumbre, no sólo a los ciudadanos, sino también a potenciales inversionistas, hay que aplicar la Ley sin distingos ni consideraciones políticas.
Entonces, la autoridad, de cualquier nivel, obligada por el propio orden jurídico y en razón de su naturaleza no puede más que constituir en los hechos un garante firme de los referentes legales.
En suma, cualquier titubeo en la aplicación puntual de la Ley, o cuando ésta queda sujeta a criterios discrecionales, se abre la puerta a la incertidumbre, al malestar ciudadano y al reclamo de los sectores actuantes más organizados.
Pero ademas, una autoridad que no garantiza en los hechos el imperio del marco legal vigente, demuestra debilidad, pierde respeto, legitimidad y por supuesto, queda a expensas de que cualquier grupo imponga sus intereses sobre los de la ciudadanía en su conjunto.
En Torreón, el sector empresarial reclama, de nuevo, la aplicación de la Ley sin concesiones, sin asegunes y sin matices. Demanda garantizar a la ciudadanía que los referentes legales norman las relaciones sociales y que aquellos grupos o personas que violenten los ordenamientos serán sancionados.
La Ley no se negocia, se aplica. Entonces, con justicia, los ciudadanos no pueden esperar menos de aquellos a los que en las urnas se les otorgó la encomienda de vigilar el orden, ya que el incumplimiento sin sanción, la violación a la Ley sin consecuencias, genera ingobernabilidad.
Los bloqueos ponen a prueba a las autoridades. Sólo queda esperar que éstas se encuentren a la altura de las necesidades y reclamos de la ciudadanía.
