“La deuda es la prolífica madre de la tontería y el crimen”.
Benjamín Disraeli
Era importante cerrar el capítulo. Hace ya una década, en 1994, se inició el desastre financiero. Los bancos del país empezaron a caer uno por uno. La legislación bancaria vigente obligaba al Gobierno a garantizar todos los ahorros depositados en la banca. Y así lo hizo a través del Fobaproa.
El Gobierno ha asumido ya, directa o indirectamente, la responsabilidad por la mayor parte de las pérdidas de los bancos: más de 800 mil millones de pesos. El mayor porcentaje corresponde a bancos que fueron intervenidos por el Gobierno y desaparecieron. El último gran debate, empero, tuvo que ver con el rescate de los pocos bancos que sobrevivieron. Éstos representaban una obligación para el Fobaproa de 223 mil millones de pesos.
El argumento de que el Fobaproa sólo sirvió para rescatar y enriquecer a los banqueros no tiene sentido para la enorme mayoría de los accionistas de la banca. Estos banqueros perdieron todo su capital cuando sus instituciones se desplomaron y su manejo fue asumido por el Gobierno. Pero en los cuatro que sobrevivieron -Banamex, Bancomer, Bital (ahora HSBC) y Banorte— el programa gubernamental de recapitalización permitió mantenerlos vivos y después hizo posible que los dueños los vendieran con una utilidad.
Cualquiera que fuese la solución al último capítulo del drama del Fobaproa —el canje de los pagarés de los bancos que sobrevivieron— la politización era inevitable. Nuevamente han saltado a la palestra políticos que afirman que todo el rescate bancario fue una gran maniobra para enriquecer a los banqueros. Hace apenas algunos días el ex presidente Carlos Salinas de Gortari reiteró su posición de que el desplome de la banca lo causó Ernesto Zedillo por sí solo con su error de diciembre.
La verdad, sin embargo, es que hubo errores tanto en el sexenio de Salinas como en el de Zedillo. La cartera vencida en el sexenio de Salinas ya crecía con incontenible rapidez. Los fondos del Fobaproa se agotaron con las primeras quiebras bancarias en 1994, antes del cambio de Gobierno. Hubo créditos y transacciones irregulares durante el sexenio de Salinas e incluso antes, ya que la supervisión bancaria se hizo muy laxa desde la nacionalización de la banca en 1982.
Pero hay que reconocer que el factor que le dio al quebranto bancario un cariz dramático fue la crisis macroeconómica de 1994-1995. Ningún sistema bancario puede pasar en unos cuantos meses de un crecimiento económico de cuatro por ciento a una caída de seis por ciento, ni de una inflación del seis por ciento a una de más de 100 por ciento, sin desplomarse. Y esto es especialmente cierto en un ambiente en que la legislación dificulta el cobro de las garantías.
Es falso que los bancos hayan quebrado porque fueron privatizados. Junto a la banca privada quebró virtualmente toda la banca pública: Nacional Financiera, Banrural, Banobras y los demás.
El proceso de rescate fue caótico y las reglas se fueron modificando de manera discrecional. Pero en estas decisiones desorganizadas se aprecia, más que la mala fe, la desesperación por evitar el desplome de todo el sistema bancario y de la economía nacional. No había precedentes que establecieran líneas claras de acción. Nunca nadie en México había enfrentado una situación como la de 1995.
La actual decisión del IPAB de llegar a un acuerdo con los bancos que sobrevivieron es sensata. Estas cuatro instituciones han aceptado asumir el costo de 9,500 millones de pesos en créditos relacionados y permitir la auditoría —contra la que se habían amparado— de otros siete mil millones. Por éstas y otras medidas el monto total de la deuda se reduce en más de 100 mil millones de pesos. Además, las tasas de interés de los nuevos documentos serán más bajas que las actuales. Pero nada borra el hecho de que los contribuyentes seguiremos pagando durante décadas el mayor quebranto en la historia del país.
¿Habría sido mejor dejar que la banca quebrara? No lo sé. Rusia permitió que sus bancos se desplomaran en 1998-1999, pero con el tiempo ha logrado un repunte económico vigoroso. La decisión, sin embargo, significó que millones de rusos perdieran sus ahorros.
En México la Ley hacía al Gobierno garante de los ahorros de los mexicanos. Si el régimen de Zedillo hubiera decidido no rescatar a los bancos habría violado la Ley. Y los mismos políticos que hoy cuestionan el rescate estarían pidiendo un castigo ejemplar para quienes hubieran permitido la pérdida del ahorro de los mexicanos.
Postergación
No es una solución, pero cuando menos la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el viernes un dictamen que postergaría la quiebra del Seguro Social. Habrá que ver qué hacen las demás comisiones involucradas.
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