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MÉXICO, DF.- El presidente Vicente Fox deslindó al jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), general Gerardo Tamayo Casillas, de cualquier responsabilidad en el relajamiento de la disciplina por la invasión del Rancho San Cristóbal, el cual fue ocupado el fin de semana por ex braceros que demandan el pago de pensiones por haber laborado durante varios años en Estados Unidos.
En el marco del día de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el mandatario se salió del discurso que tenía preparado e improvisó en torno a la seguridad que el Estado Mayor Presidencial y su jefe brindan a la familia del comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Aseguró que él y los suyos están bien protegidos en todos los aspectos por el EMP. “Quiero hacer un reconocimiento especial a la labor del General Tamayo y del Estado Mayor Presidencial por la seguridad que brindan al Presidente y a su familia. El general Tamayo y yo nos reunimos todos los días para planear las giras y los desplazamientos, para ver todos los detalles de logística y seguridad”, señaló.
“Al general le he pedido que no obstruya la libre manifestación de los ciudadanos en las plazas públicas, le he pedido que les permita acercarse al Presidente para plantearle demandas, para entregarle cartas y cosas porque esto forma parte de la libre manifestación de las ideas, pero lo que no voy a permitir es que se atente contra la propiedad privada”, dijo.
Fox advirtió que se procederá legalmente contra quienes invadieron el Rancho de San Cristóbal porque se trata de una propiedad privada, porque dicho acto fue ilegal y deberá ser sancionado conforme a las leyes.
En este punto de su discurso Fox hizo un reconocimiento al secretario de la Defensa, General Clemente Vega, y al secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot, por realizar esfuerzos enormes en el aprovechamiento del escaso presupuesto que en los últimos años se ha destinado a las Fuerzas Armadas.
Fox se disculpó ante Vega y Peyrot por no haber elevado los recursos militares durante su administración y responsabilizó de esta situación a quienes han decidido en el Congreso no ampliar los márgenes de acción financiera del gobierno.