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MÉXICO, DF.- En medio de la confrontación con Andrés Manuel López Obrador, el presidente Vicente Fox aseguró que nada degrada más a la sociedad que observar cómo la Ley es desobedecida por quienes deben ser los primeros en acatarla.
Aseguró que su compromiso con el Estado de Derecho “es irrenunciable” y que estamos obligados a dar los pasos necesarios para que la Ley sea una y la misma para todos.
Fox defendió la decisión de la PGR de solicitar el desafuero del Jefe del Gobierno del DF y aseguró que la institución no actuó de motu proprio, sino que procedió a una orden emitida por el Poder Judicial de la federación.
“Quedó atrás el tiempo el que la procuración de justicia se subordinaba a consideraciones políticas. Quedó atrás el tiempo en que el Ejecutivo intervenía en las decisiones de los órganos de procuración y administración de justicia” dijo Fox.
El presidente Fox fue categórico: “Así como a la Presidencia de la República no le toca dictar criterios a jueces y magistrados, tampoco le corresponde dar indicaciones a los legisladores”.
La posición de Fox sobre este tema se dio en el marco del 50 aniversario de la industria de televisión por cable en México.
Por su parte Carlos Vega Memije, subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que los servidores públicos del Gobierno capitalino fueron quienes señalaron a Andrés Manuel López Obrador como el único responsable de no haber acatado el fallo judicial en el caso del predio El Encino.
En conferencia de prensa, el funcionario detalló que a lo largo de las investigaciones que realizó el Ministerio Público de la Federación “se cuidaron todos los servidores públicos para que en esta pirámide todo fuera e indicara al jefe”, pues ellos sí le notificaron sobre la situación legal que se enfrentaba en el caso.
Al ser cuestionado sobre los motivos por los que en la averiguación previa 1339/FESPLE/2001 sólo se procedió contra el político tabasqueño, el subprocurador reconoció que hubo la posibilidad de que otros servidores públicos se vieran involucrados en la violación a una suspensión provisional que un juez de Distrito y un Tribunal Colegiado concedió a los dueños del predio.
Explicó que “obviamente durante la secuela de las diligencias de esta averiguación si pudo surgir la responsabilidad para otro servidor público, pero se cuidaron mucho de decir yo informé, yo di respuesta”, concluyéndose que quien tenía la última palabra era López Obrador, quien de acuerdo con la PGR incurrió en una omisión equiparable al delito de abuso de autoridad.
Por eso es que los jueces de Distrito y del Tribunal Colegiado al señalar la violación a la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, que ordenaba que se pararan las obras de vialidad en El Encino, y que se desbloquearan los accesos, denunciaron directamente al jefe de gobierno de no acatar el mandato.
Al respecto, Vega Memije señaló que de las explicaciones de cada servidor público va saliendo quien y nos lleva a la cúspide para ver quién y en ese sentido a los jueces les quedó muy claro, por eso mandaron cuatro requerimientos para pedir que cumpliera con la resolución.
El funcionario rechazó una vez más que la resolución del Ministerio Público de solicitar el juicio de procedencia contra López Obrador tuviera tintes políticos, y dejó en claro que era obligación de la PGR determinar la averiguación previa.
“El Ministerio Público está entre la espada y la pared o actúa o actúan contra él”, puntualizó.
Llega la petición a San Lázaro
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó ayer a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
El expediente, que consta de tres tomos y siete anexos, fue recibido por la secretaria general de la Cámara de Diputados, Patricia Flores Elizondo, que firmó de recibido.
La acusación contra López Obrador es por violaciones al artículo 206 de la Ley de Amparo y luego de recibir la documentación, Flores Elizondo informó que el expediente con la denuncia quedará en resguardo de la Secretaría General hasta que sea ratificado por la PGR.
El plazo de ratificación es de tres días naturales -que vencen a las 10:00 horas del próximo sábado-y, en caso de no hacerla, el expediente se archiva.
En caso de que la PGR ratifique, iniciará el trámite legal que consiste en turnar el expediente a la Sección Instructora - presidida por Horacio Duarte Olivares (PRD) -que deberá radicarlo y, a partir de entonces, otorgarle a López Obrador un plazo de siete días para alegar su defensa.
Posteriormente, se abrirán 30 días para desahogo de pruebas.
Con esto, la PGR repuso el procedimiento luego de que el lunes pasado enviara a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la solicitud y esa instancia determinara el martes por la noche que no tenía atribuciones para recibir el expediente.
ES UNA CUESTIÓN DE ORDEN JURÍDICO
JUAN DE DIOS CASTRO
Para el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro Lozano, la solicitud de desafuero del Jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, es un caso de estricto orden jurídico, no político.
“En el caso del predio El Encino, ¿existe el amparo sí o no, existe la suspensión sí o no, se violó la suspensión sí o no? Si las respuestas son sí a las tres preguntas, el caso no es político, es jurídico”, dijo en entrevista realizada en el aeropuerto Francisco Sarabia, de esta ciudad, poco antes de su vuelo a México.
Existen dos procedimientos para poder suprimir el fuero en el funcionario que lo tenga, explicó; el juicio político, establecido en el artículo siete de la Ley de Responsabilidades y la declaración de procedencia, cuando el funcionario ha cometido algún delito.
“En virtud de que, en este caso, el Ministerio Público Federal no puede consignar al juez una averiguación previa por la comisión de un delito si antes la Cámara de Diputados no hace una declaratoria para privarlo del fuero, la Procuraduría General de la República lo solicita”.
NO ES OFENSIVA POLÍTICA:
SANTIAGO CREEL MIRANDA
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, invitó al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Godoy, a tener un encuentro con el presidente Vicente Fox tras aclarar que no existen ofensivas políticas contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, el funcionario propuso a Godoy, a nombre del mandatario, fijar una fecha para el encuentro entre el perredista y el Presidente para llegar a acuerdos, a pesar de las diferencias.
Creel Miranda reiteró la posición del gobierno federal, en cuanto a que no hay ofensiva política en contra del jefe de Gobierno capitalino.
De este modo, el secretario de Gobernación dio respuesta a la carta leída por Leonel Godoy en la que acusa al gobierno federal de ser el responsable de la petición de desafuero para López Obrador.
PONCE SE NOS FUE A TODOS:
BERNARDO BATIZ
El procurador capitalino Bernardo Bátiz reconoció que el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, sí se le dio a la fuga a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero también a la Procuraduría General de la República (PGR).
“El hecho real es que se fue, que se nos fue a todos, con una diferencia, que la PGJDF continúa la averiguación previa contra él, la cual fue consignada y por tal tenemos una orden de aprehensión, mientras que la PGR todavía va más despacio”, comentó.
Asimismo, Esperanza González, esposa de Ponce Meléndez, se encuentra desaparecida, aunque la Procuraduría capitalina solo la busca para que declare en calidad de testigo.
Dijo que seguramente Ponce fue avisado de los videos que ese 1 de marzo saldrían por la noche en la televisión, o ya intuía que por la averiguación previa por el fraude de 31 millones de pesos en la Gustavo A. Madero podría la justicia llegar a él.
