Sólo el hecho de que Vicente Fox haya gobernado Guanajuato justifica su gusto por callejonear, esto es, practicar la afición de andar frecuentemente sin necesidad de callejón en callejón, en lugar de caminar por grandes avenidas. Visto desde una perspectiva distinta, el linchamiento en Tláhuac colocaba al mandatario frente a un problema pero también frente a una doble oportunidad. Una, la ocasión de reintegrar la Secretaría de Seguridad Pública (Federal) a la Secretaría de Gobernación y, así, darle salida a un enredo estructural y coyuntural que, en breve, le complicará su propia sucesión. Dos, la ocasión de redefinir los términos de la relación política y administrativa entre el Gobierno Federal y el Gobierno local al menos en el campo de la seguridad pública. Esa era la doble oportunidad, sin embargo, el jefe del Ejecutivo sólo vio el problema. Vamos, resolvió adentrarse en un callejón más.
*** La creación de la Secretaría de Seguridad Pública (Federal) fue a todas luces un error. En la apariencia pero sólo en la apariencia causaba la impresión de que, con esa decisión, se resaltaba la importancia que Fox concedía a uno de los reclamos más caros de la sociedad. Sin embargo, más allá de la apariencia, la creación de esa dependencia desarticuló los servicios de inteligencia y seguridad pública. Dicho metafóricamente, en un lado se colocó el cerebro y en otro el cuerpo. En la Secretaría de Gobernación quedaron los servicios de inteligencia y en la Secretaría de Seguridad Pública el resto.
Estructuralmente se cometió un error en extremo delicado. A ese problema se agregaron muchos otros de índole coyuntural y estructural. Las manifiestas diferencias del primer secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz, con el ex comisionado de la PFP, el almirante Wilfrido Robledo, hicieron que el equipo que tenía el concepto de la nueva policía saliera del Gobierno. Y, así, la unidad de inteligencia de esa dependencia que había estructurado Genaro García Luna se desplazó a la Procuraduría General de la República.
En la PGR, García Luna se puso a trabajar y creó la Agencia Federal de Investigación que, de haberse desarrollado como originalmente estaba previsto, se hubiera convertido en la simiente de una corporación profesional, capacitada y renovada en el concepto de su actuación. Sin embargo, a la nueva agencia se incorporaron los viejos cuadros de la Policía Judicial Federal que, obviamente, contaminan y minan a la AFI.
Eso no fue todo, la falta de coordinación entre Alejandro Gertz, Santiago Creel y Rafael Macedo de la Concha neutralizó el intento de instrumentar seriamente una política de seguridad pública. Si Santiago Creel requería de una acción de la Policía Federal Preventiva casi como favor debía solicitarlo a Alejandro Gertz y si la acción requería de la articulación con Rafael Macedo de la Concha, por cancelado se podía dar el asunto. El punto crítico de esa situación fue el bloqueo de la autopista de México a Cuernavaca: pese al peligro de linchamiento que corrió el entonces director de Gobierno, Gonzalo Altamirano Dimas, la intervención de la Policía Federal se dejó desear. Ese fue el punto de quiebre.
*** En la acción se puso en evidencia el error de haber creado aquella Secretaría que, por lo demás, de a poco vio como se desvanecía la idea de integrar un cuerpo policiaco profesional, vertical, bien equipado y entrenado. De entrada muchas de las corporaciones policiacas, que deberían fundirse en una sola Policía nacional, pintaron su raya frente a la idea. La Policía Migratoria y Fiscal y, de otro modo, la Federal de Caminos mantuvieron sus feudos y, como extra, el pase automático del Grupo Álamo -proveniente de la Policía capitalina, de no muy buena fama y trasladado por Alejandro Gertz- terminó por llevar al traste la intención original.
Y, luego, la participación de mandos y tropas militares provenientes del Ejército y la Armada provocó una competencia entre esos cuerpos por tener el control de la Policía Federal Preventiva. A esos ingredientes coyunturales y estructurales que, por un lado, desarticulaban al Gobierno en el ámbito de la seguridad pública, se agregó un problema en el concepto original de la PFP. La creciente descompostura política, el desentendimiento del Gobierno Federal con el local y la indefinición de las responsabilidades federales y locales en materia de seguridad fue distorsionando la función de la PFP.
Si la Policía Federal se concibió como un cuerpo del Gobierno para cuidar a la ciudadanía, terminó siendo un cuerpo del Gobierno para cuidarse de la ciudadanía. Al servicio y al cuidado de instituciones y acciones oficiales federales se puso a la Policía Federal Preventiva. A evitar que Secretarías de Estado fueran tomadas por manifestantes, a evitar que el mandatario se viera impedido a rendir su informe, a evitar que las grandes cumbres se vieran manchadas por los altermundistas se destinó la PFP.
A cuidar al Gobierno y no a la ciudadanía se dedicó el flamante cuerpo. Cuestiones de índole estructural, coyuntural y hasta personal hicieron evidente que el ensayo había fracaso. Gobernación tenía cabeza pero no cuerpo, la SSP tenía cuerpo pero no cabeza y las extremidades respondían a la Marina o la Defensa y la PGR tenía una nueva agencia, cuyo desarrollo frenaba la vieja Policía Judicial Federal. A la vista estaba el adefesio creado y, aun así, se eludió la necesidad de recolocar correctamente las piezas en su sitio.
Tres oportunidades se dejaron pasar para llevar a cabo el rediseño de la política de seguridad pública. Primero, a la megamarcha ciudadana contra la delincuencia se pudo responder con la reestructura de la política y de las instituciones relacionadas con la seguridad, pero no fue así. La renuncia, ¡por jubilación!, del secretario Alejandro Gertz fue otra oportunidad para replantear seriamente el esquema, pero no fue así. Y, ahora, el linchamiento de Tláhuac constituía la oportunidad para, con toda humildad, reconocer el error y corregirlo, pero no fue así. En blanco se dejaron pasar esas oportunidades para salir del callejón en que se había metido la política de seguridad pública (que es, en el fondo, un problema de seguridad nacional) y trazar una amplia avenida. Pero no, la decisión fue meterse al fondo del callejón.
*** Si, en las dos primeras oportunidades, el presidente Vicente Fox hubiera tomado la decisión de corregir el error estructural, además de poder diseñar una verdadera política de seguridad pública, se hubiera evitado incurrir en un error coyuntural que, a la postre, le va a complicar su propia sucesión. Cuando Alejandro Gertz resolvió ¡jubilarse!, lo primero que pensó Vicente Fox fue cómo cubrir esa vacante.
Y, sin horizonte, de inmediato pensó en su hombre de mayor confianza: Ramón Martín Huerta. En medio de la miopía política, la decisión no podía ser mejor. Martín Huerta vestiría un traje de secretario de Estado y el presidente tendría la certeza de que, ahora sí, se le haría caso en la Secretaría de Seguridad Pública. Pasó por alto, sin embargo, el problema coyuntural que se le venía encima. Al nombrar a Ramón Martín Huerta como secretario de Seguridad Pública, Fox cometió un error: se quedó sin sucesor en la Secretaría de Gobernación.
El hombre destinado a sustituir a Santiago Creel, en cuanto éste asumiera plenamente la precandidatura presidencial que alienta, Martín Huerta, era el cuadro destinado a ocupar el principal despacho del Palacio de Covián. Tenía ya el entrenamiento necesario para ocupar esa posición, justo cuando más oficio exige -en temporada sucesoria-, y, además, tenía la confianza de Los Pinos. La decisión de llevar a Martín Huerta a la SSP, en vez de llevar la SSP a Martín Huerta, hizo que el Gobierno prolongara un error estructural y creara uno coyuntural: no se ve a aquel que tenga el oficio necesario para sustituir a Santiago Creel y que, además, tenga la confianza presidencial para desempeñarse en ese puesto.
Después del linchamiento de Tláhuac, que deja en su puesto pero muy mal parado a Martín Huerta, se ve en extremo difícil que el cuadro político de mayor confianza del Presidente pueda regresar a Gobernación. Y menos todavía después de la forma en que el mandatario resolvió sostenerlo en la SSP. El presidente Fox resolvió adentrarse en un callejón.
*** El gusto por callejonear, ahí no queda. La forma en que el presidente Fox cesó a Marcelo Ebrard y aceptó la designación de Joel Ortega lo compromete con la seguridad pública en el Distrito Federal. El hecho de cesar a Ebrard sin ni siquiera avisar a Andrés Manuel López Obrador, sin ni siquiera avisar al propio Ebrard y sin ni siquiera explicar qué lo condujo a tomar esa decisión, tensa aún más la relación con el Gobierno capitalino. El hecho de aceptar a Ortega sin ni siquiera avisar a Andrés Manuel López Obrador y citando a Ortega para instruirlo sobre la forma en que deberá desempeñarse como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, compromete más allá de lo necesario al mandatario con esa tarea... en el Distrito Federal.
La ocasión para establecer claramente las responsabilidades de los gobiernos federal y capitalino con la seguridad pública en el Distrito Federal se dejó pasar. Peor que eso, se dio un campanazo en las facultades presidenciales en la materia. De la legislación que norma esas facultades que eran letra muerta, se hizo texto subrayado por el mandatario. Ahora, la responsabilidad de la seguridad pública en la capital es del presidente de la República y del jefe de Gobierno o, si se prefiere, de ninguno. Y eso también es meterse en otro callejón.
*** El saldo de la operación política es impresionante. El error estructural persiste y el coyuntural se ha complicado. El mandatario se quedó con un secretario de Seguridad Pública (Federal) debilitado, sin sucesor en la Secretaría de Gobernación cuando más va a requerirlo, con nuevas responsabilidades en materia de seguridad pública capitalina y un secretario (capitalino) compartido y con un conflicto entre los mandos del Ejército y la Marina. La única certeza del enredo es que la política de seguridad pública será, como muchas otras cosas, un asunto a resolverse... el próximo sexenio. ¡Vaya forma de internarse en un callejón!
