Las declaraciones de la Alcaldesa de Gómez Palacio, en el sentido de que su administración no apoyará al Gobierno de Durango en el control del servicio público de transporte, revelan un conflicto institucional y político que debe ser atendido y resuelto.
Lo anterior porque contrario a lo que expresa la Alcaldesa, si es función del Municipio a su cargo el servicio público en materia de tránsito, por disposición expresa del artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución General de la República.
Es cierto que en esta materia opera una competencia concurrente de Estado y Municipio, porque en la práctica la prestación del servicio público de transporte de pasajeros rebasa los límites de cada municipio y de manera especial en el caso de nuestra región en la que existe una zona conurbada.
También es verdad que en el Estado de Durango se ha mantenido un control centralizado de las decisiones en materia de tránsito y transporte, en forma contraria a lo que establece la Constitución. A ello obedece que en Gómez Palacio haya una oficina estatal denominada Subdirección de Transporte en la Laguna, cuyo titular reconoce que carece de recursos humanos y materiales para reducir al orden a los transportistas piratas.
Al vicio estructural que existe, se suma el hecho de que las concesiones de servicio público de transporte, han sido utilizadas a lo largo de la historia como instrumento de control político. El viejo régimen de partido de Estado solía privilegiar la asignación de estas concesiones a personas o grupos incondicionales, que de esa forma quedaban uncidos a las corporaciones gremiales del grupo en el poder a cambio de sumisión electoral incondicional.
Ambos vicios sumados el institucional y el político, generan en el caso de Gómez Palacio dos grandes grupos de transportistas: El de los concesionarios regulares y el de los denominados piratas que han adquirido una fuerza incontrolable, como lo denota la operación de al menos mil taxis irregulares que operan impunemente.
Una circunstancia que agrava el desafío al Estado de Derecho, es que muchos de los piratas operan disfrazados como regulares, al amparo de documentación falsa, lo que implica la comisión de un delito cuya impunidad constituye un ultraje social y una afrenta a las autoridades.
Este régimen de anarquía tiene repercusiones sociales que se traducen en inseguridad, abusos, mal servicio a los usuarios y el enfrentamiento entre grupos sociales, porque los transportistas regulares encaran a los piratas al considerarlos una competencia desleal e interpelan a las autoridades, en función de su incapacidad para atender la situación.
El argumento según el cual los transportistas viven de su trabajo, no es excusa para alentar la anarquía y la violación del orden jurídico ni para justificar la impunidad, porque nadie puede estar por encima de la Ley.
Es cierto que se trata de un problema ancestral cuyo origen no puede ser imputado a las administraciones actuales ni Estatal ni Municipal. Sin embargo, existe el riesgo de que las declaraciones y la actitud de la Alcaldesa, sean el fruto de una simple y llana lucha de poder, con personas o grupos que desde la capital duranguense disputan el control de cara a las elecciones locales del año en curso.
Debemos mirar hacia el futuro y las actuales autoridades en ambos niveles de Gobierno el de Gómez Palacio y el de Durango, son las primeras responsables de asumir el problema del transporte publico y resolverlo, con el apoyo de los agentes sociales involucrados.
Para vergüenza de los mexicanos, pareciera que la disolución de la Presidencia Imperial nos hubiera dejado en la orfandad y fuéramos incapaces de asumir los retos del presente y del porvenir, en función de una coordinación institucional entre los distintos actores sociales y políticos.
