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MÉXICO, DF.- El Senado aplazará la aprobación de las reformas que protegerán el secreto profesional de los periodistas, informó el senador Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales también liberarían de la obligación de revelar información -a petición del Ministerio Público- a abogados, notarios, ministros de culto, servidores públicos y otros individuos que por su cargo o profesión deban acogerse a esta disposición.
Sánchez Carreño, autor de la iniciativa y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, había informado que ésta sería procesada en el periodo de sesiones que inició hoy.
No obstante, reveló el senador, la agenda migratoria impidió calendarizar los foros de consulta con representantes de los medios de comunicación, indispensables para que se dictamine.
“Con toda honestidad no hay condiciones para aprobarlo en este período de sesiones, porque dijimos que una de las acciones que emprenderíamos antes de dictaminar sería la realización de foros, es decir, sin éstos no habrá dictamen, porque queremos darle voz a todos los actores, especialmente a quienes está dirigida” la iniciativa, indicó.
Firman acuerdo
El gobierno mexicano y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) firmaron un acuerdo para crear un grupo de trabajo que dará seguimiento a las acciones judiciales y legales para procurar justicia en los asesinatos de los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, conforme a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El grupo de trabajo estará integrado con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de los gobiernos de Baja California y Chihuahua, de la SIP, y por representantes de las familias de los periodistas.
Con esta acción se busca cumplir las recomendaciones de la CIDH en el sentido de investigar de manera seria, completa, imparcial y efectiva los asesinatos de Félix y de Oropeza.
La CIDH también recomendó al Gobierno mexicano determinar con base en una investigación exhaustiva si hubo encubrimiento y delitos contra la administración de justicia en ambos casos, y fincar las responsabilidades legales que correspondan, así como reparar adecuadamente el daño a los familiares de los dos comunicadores por las violaciones a sus derechos humanos.
El acuerdo suscrito por la cancillería mexicana y la SIP también tiene el objetivo de analizar conjuntamente acciones tendientes a evitar la comisión de asesinatos contra periodistas, y combatir la impunidad de los responsables cuando ocurra.
