Los daños sufridos en automóviles por combustibles distribuidos por Petróleos Mexicanos en la Comarca Lagunera y en algunas otras regiones del país son preocupantes. Forman parte de un fenómeno que sólo puede tener explicación en la ineficiencia de la estructura de la paraestatal responsable del control de calidad o en un acto de sabotaje o bien, la coincidencia de ambas hipotéticas causas.
Pemex se encuentra en el foco del debate político nacional, en virtud de los escándalos vinculados al financiamiento de la campaña presidencial del PRI y el proceso de desafuero hasta ahora fallido, de dos líderes sindicales. La misma operación del sindicato así como la ineficacia o disimulo de las corporaciones policíacas de todos los niveles de Gobierno, se asocia al robo de combustible mediante el procedimiento de “ordeña” de oleoductos.
El fenómeno es de gran impacto ya que Pemex es clave de la estrategia del desarrollo nacional, que ha sido utilizada como botín de políticos y herramienta de control del Gobierno. En tal escenario se discute el futuro de la paraestatal en torno a la apertura a la inversión privada, que es impugnada por emisarios del pasado reciente, algunos de los cuales están inmersos en la estructura de Pemex y son beneficiarios del actual estado de cosas.
Mientras se dilucida el destino de Pemex en el plazo que los protagonistas de nuestra vida pública tengan a bien hacerlo, resulta urgente un paliativo. El ciudadano común usuario de las gasolinas contaminadas que ha resentido un daño en su vehículo, tiene derecho a que se le indemnice de manera pronta y expedita y se le reparen dichos daños en la medida que en justicia corresponda.
