En entrevista concedida a El Siglo de Torreón, el gobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez declara que aspira a ser Presidente de la República.
En el evento que marca el reconocimiento expreso de una campaña iniciada meses atrás, el Gobernador manifiesta su sentir respecto a los tiempos y posibilidades que se abren frente a sí en este nuevo proyecto que si bien es personal y del todo legítimo, incide en la vida pública del estado y por ello, debe ser muy respetuoso de la investidura que ostenta.
Pese a que el Gobernador de Coahuila se ha manifestado en el discurso en apoyo de las Reformas Estructurales que México requiere, arrastra atavismos autoritarios del “viejo PRI” mas allá de lo que las apariencias denotan.
Sorprende que al referirse a la asociación de “Amigos de Enrique” fundada en la capital del país para promover su precandidatura, el Gobernador manifieste que “nada tuve qué ver para motivarla...”. Esta actitud típica priista de autopromoción vergonzante, sale sobrando en la medida en que se asocia al anuncio abierto de participar en la sucesión.
También desconcierta su visión de los tiempos según la cual, “...se acomodan... como casi hechos a la medida. Yo (el Gobernador) termino en diciembre de 2005 y el destape se da... en noviembre de 2005”.
Le traiciona el subconsciente priista al referirse al “destape” como arranque de la sucesión presidencial, como en los días en que el Ejecutivo designaba sucesor por decisión unipersonal o “dedazo”. Lo deseable es que el Gobernador proponga alguna forma de elección al interior del PRI que resuelva la crisis que enfrenta dicho partido y que el propio Martínez y Martínez califica como un fenómeno de “autodestrucción.”
Por lo que hace a los tiempos a que se refiere Enrique Martínez, sus aspiraciones no son del todo compatibles con el ejercicio simultáneo del cargo de gobernador. Lo cierto es que si desea emprender una precampaña para ser candidato a la grande, Enrique Martínez tendrá que dejar la gubernatura antes de terminar su período, en virtud de que él mismo señala que la designación del candidato priista ocurrirá un mes antes de acabar su mandato.
El momento en que deba ocurrir la renuncia se determina en función del empeño que merece el ejercicio del Gobierno en Coahuila y de la atención que le demande al precandidato esta aventura, que ya se encuentra en marcha en virtud de un trabajo de posicionamiento que exige presencia personal, empleo de tiempo y gasto de recursos, cuyo manejo debe ser objeto de escrupulosa transparencia.
Un botón que muestra el carácter arcaico del Gobierno de Martínez y Martínez, se advierte en que su “autodestape” está curiosamente descalificado a la luz de la legislación estatal, en términos de los artículos 107 y 110 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Coahuila, que sujetan las precampañas al control absoluto de los partidos, las reducen al término de treinta días y prohíben a los ciudadanos bajo pena de ser descalificados como candidatos, realizar toda actividad que tenga por objeto promover su imagen personal con fines electorales fuera de los reducidos límites mencionados que como tales, operan como verdadera camisa de fuerza.
Estas disposiciones violan los derechos políticos de los ciudadanos y las garantías constitucionales de libertad de asociación y expresión de ideas sin embargo, fueron incluidas por el gobernador Martínez como parte de su iniciativa de Ley Electoral que está vigente en Coahuila y que el propio mandatario califica como “modernista y de vanguardia”.
Por supuesto que las restricciones que implican las disposiciones citadas y sus consecuencias, no afectan al anhelo participativo de Enrique Martínez, porque se trata de una Ley estatal que por fortuna para el aún gobernador y el resto de los mexicanos, no impera a nivel federal.
De cara a su pretensión por ser Presidente de la República, Martínez y Martínez debe empezar por reconocer a sus gobernados el derecho de alentar sus propias aspiraciones político-electorales a nivel estatal, enviando una iniciativa de Ley al Congreso de Coahuila que corrija el ultraje que implican los artículos 107 y 110 de la Ley Electoral.
Lo anterior es indispensable para que el Gobernador acredite plena autoridad moral al iniciar una precampaña política en relación a su persona, basada en derechos que la Legislación Estatal niega a los ciudadanos coahuilenses.
