Amenazan presuntos despojados con promover juicio político contra ASGM
El Gobierno del Estado violenta el Estado de Derecho, desacata un mandato del Congreso del Estado e incumple un contrato firmado por el propio gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, al despojar de su propiedad ?con el uso de la fuerza pública- a las familias Chavarría y Chavarría Diez González, de un terreno de cinco mil metros cuadrados que se ubica dentro de las instalaciones de la Feria de la Ciudad.
Según consta en diversos documentos públicos a los que El Siglo de Durango tuvo acceso, la postura de las autoridades estatales en la disputa por los cinco mil metros cuadrados que son propiedad de las familias Chavarría se contrapone a la legalidad, y pone en riesgo que las personas afectadas promuevan juicio político contra el Ejecutivo estatal.
La investigación que desde el pasado viernes 18 de junio realiza El Siglo de Durango sobre el particular refleja que hay marcadas contradicciones en las declaraciones que sobre el caso han emitido el gobernador Guerrero Mier, el secretario de Finanzas, Juan Manuel Flores Álvarez, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Estado, Carlos Galindo Martínez.
El Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de junio de 2003 publica el decreto 211 mediante el cual, en el artículo séptimo, se ordena la inscripción del mismo en el Registro Público de la Propiedad del Estado, para que de inmediato surta sus efectos legales correspondientes. Dicho decreto incluye la dación en pago de los cinco mil metros cuadrados que se desincorporaron del patrimonio estatal y pasaron a manos de las familias Chavarría.
Incluso, en la página 18 del Periódico Oficial de referencia se publica la nueva delimitación de los terrenos de las instalaciones de la Feria, sin esos cinco mil metros cuadrados, y en la página 20 se precisa cuál es la ubicación y cuáles las proporciones exactas del predio que pasa al dominio de Agustín Chavarría Diez, María Guadalupe Diez de Chavarría, Roque, Irene y Claudia, todos de apellidos Chavarría Diez González.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local insiste en que el Gobierno Estatal debe respetar la legalidad y reponer su patrimonio a los Chavarría; de lo contrario, advirtió tajante ayer, la promoción de un juicio político en contra del Ejecutivo estatal, Guerrero Mier, será inminente.
CONTRADICCIÓN
Entrevistado en exclusiva por El Siglo de Durango el pasado sábado 19 de junio, el Gobernador de Durango dijo que el reclamo de los Chavarría era sólo un ?caprichito con ganas de fregar?. Reconoció el mandatario que esas familias sí tienen escrituras y documentos notariales, pero dijo que hicieron un convenio verbal con él en el que aceptaron tomar posesión y el traslado del dominio hasta que el Gobierno desmantelara toda la superficie que hasta este año albergará al recinto ferial.
En contraposición al dicho del Ejecutivo, ayer, el director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Carlos Galindo Martínez, negó que los Chavarría tengan escriturado el terreno en su favor.
Galindo explicó que los inconformes no tienen derecho ni de exigir renta al Comité de Festejos de la Ciudad o al Gobierno, ya que no han adquirido el dominio pleno del predio de cinco mil metros cuadrados que se les dio en permuta, junto con seis millones 300 mil pesos, a cambio de 40 hectáreas localizadas en la carretera rumbo al Mezquital, donde el Estado edifica el nuevo Centro de Ferias y Convenciones de Durango.
?Mire, (los Chavarría) vinieron primero para solicitar que se escriturara el terreno a su favor, esto en mayo pasado; luego, cuando ya se iba a proceder a la firma de la escritura ante el notario (Vicente Guerrero Romero), en vez de venir, solicitaron amparo. Con eso quisieron presionar para que se les pagara una renta de tres millones y medio de pesos, pero se les negó; posteriormente, el sábado 19 de junio dijeron que ?aunque sea se les pagaran 200 mil pesos para pagarle a su abogado?. No tienen razón?, declaró el abogado del Ejecutivo estatal Guerrero Mier.
Por su parte, sobre el tema habló el pasado martes 22 de junio el secretario de Finanzas y Administración, Juan Manuel Flores Álvarez, quien explicó que el chantaje de los Chavarría no tenía sustento, ya que, dijo, se tienen que esperar a que se lleve a cabo la subasta de toda la superficie de casi siete hectáreas de las actuales instalaciones de la Feria.
El propio Flores señaló que no ha habido postores y que por tanto no ha concluido la licitación en subasta de esos terrenos, y justificó que por ese motivo no se les ha hecho entrega formal de sus cinco mil metros cuadrados a los Chavarría y Chavarría Diez González.
La diversidad de ángulos sobre un mismo problema jurídico ha provocado distintas interpretaciones sobre el caso, manifestó el diputado panista Rubén Velasco Murguía, quien, sin embargo, condenó la postura de los funcionarios estatales, que se niegan a cumplir con el Estado de Derecho poniendo toda clase de pretextos sin que haya coincidencia entre sus declaraciones.
DOCUMENTOS
Los representantes de las familias Chavarría dicen y muestran tener razón jurídica en su reclamo, y por ese motivo manifiestan sobre la promoción dos denuncias penales en contra del gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier: una por el delito de fraude, y otra por el de despojo.
En el primer caso su argumento es que dolosamente el Gobierno del Estado incumplió con un contrato y defraudó a la otra parte pues ésta sí cumplió con la entrega de las 40 hectáreas de carretera al Mezquital. Sobre el despojo, aseguran que esa figura delictiva cometió el Gobierno, a través de la Policía Ministerial, al sacarlos de su propiedad el pasado viernes 18 de junio por la noche.
En su favor, los Chavarría muestran una serie de documentos con los que acreditan que hasta impuestos han pagado ya al erario estatal y municipal por ser los propietarios del terreno de cinco mil metros cuadrados que les permutó el Gobierno, el cual se ubica donde tradicionalmente se instalan los juegos mecánicos de la Feria de la ciudad.
Aunque el Congreso del Estado tuvo conocimiento de las negociaciones entre el Gobierno y la familia Chavarría hasta el mes de marzo del año 2003, y autorizó las transacciones del Ejecutivo hasta el mes de mayo de ese mismo año, el convenio entre ambas partes se signó el 26 de noviembre de 2002 y se formalizó ante notario público el 13 de diciembre del mismo año.
Desde entonces, según se lee en el contrato que testificó el Notario Público Número Uno del Distrito Durango, Vicente Guerrero Romero, el trato se formalizó para que la familia entregara lo antes posible el predio de 40 hectáreas, y que el Gobierno haría lo propio en cuanto obtuviera la autorización del Poder Legislativo, al cual hasta entonces no había tomado en cuenta.
En ese convenio del 13 de diciembre de 2002 quedó claro cuál sería el área que pasaría al dominio de las familias Chavarría, dentro de los terrenos de las actuales instalaciones de la Feria, y se aclaró que no había dolo ni mala fe de ninguna de las partes al firmar el contrato o convenio.
DESCUENTO
Mientras el Gobierno del Estado dice que los Chavarría no tienen escritura pública que los acredite como dueños de los cinco mil metros cuadrados que le permutó el Estado, y mientras el secretario de Finanzas, Flores Álvarez, dice que es un chantaje y que no tienen razón los inconformes, el oficio número SFA-SPF-1205/04-0240 de la Secretaría de Finanzas y Administración ?cuya copia obra en poder de El Siglo- desmiente el dicho oficial.
Ese oficio lo firma José Ramón Duarte Carranza, subsecretario de Ingresos, y en él le otorga a Alejandro Chavarría Palmero un descuento de 100 por ciento en el pago de los derechos que cause la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como en el Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, por la inscripción de los cinco mil metros cuadrados que tienen como escritura pública el número 860, del volumen 9 de fecha 26 de abril de 2004, hecha ante el notario número 17, Narciso López Nevárez.
El costo de los impuestos sobre los que pedían descuento los Chavarría era de 600 mil pesos, y con el oficio de la Secretaría de Finanzas comprueban que sí son dueños legítimos del predio del que fueron desalojados el pasado viernes 18 de junio por la noche por la Policía Ministerial; acreditan que sí hay escritura pública en su favor y que incluso han pagado impuestos municipales y estatales por el terreno de referencia.
Al Municipio capitalino, por conducto del Director de Finanzas, José Manuel Aguilera Carrera, también le solicitaron una exención del 100 por ciento en el pago del Impuesto de Traslado de Dominio y de derecho de avalúo del predio que ya fue registrado ante Catastro con la clave número 25026008.
En ambos casos, tanto en los impuestos y derechos estatales como en los municipales, los Chavarría lograron los recibos de cumplimiento el 14 y el 12 de mayo de este año, respectivamente, según lo respaldaron con las copias de los comprobantes de pago ante la Dirección de Ingresos del Estado y la Dirección Municipal de Finanzas.
Incluso, los recibos y los dictámenes de las dependencias de ambos niveles ya no salen a nombre del Gobierno del Estado, sino de los Chavarría.
SUBASTAN INSTALACIONES
Con relación a la venta frustrada de las instalaciones de la Feria, en dos ocasiones se ha lanzado la convocatoria pública para subastar el bien inmueble, y en ambas se ha declarado desierta de postores, nadie se inscribió. El objetivo era obtener 52 millones de pesos, con un precio de 600 pesos el metro cuadrado.
Tendrá que reunirse el Consejo de Bienes para dar el siguiente paso. Si ya mediante subasta pública no se vendió, cómo hacerlo. Y para ello se deben definir otras formas, como sería comercializarlo por partes, o cualquier otra. Pero ya se cumplió con lo que establecía la autorización del Congreso.
FINANZAS
Ilegal que asuman propiedad
Mientras no se vendan las instalaciones de la Feria, lo cual no ha sucedido hasta la fecha, legalmente la familia Chavarría no puede asumir la propiedad de los cinco mil metros cuadrados, afirmó el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Juan Manuel Flores Álvarez, al aclarar que no se trata de ninguna práctica dilatoria, sino de una cuestión legal que se tiene que respetar.
A decir del funcionario, quien además es el Presidente del Consejo de Bienes, cuando se conviene la compra del terreno que se ubica allá por la carretera al Mezquital, se acuerda pagarles una cantidad que fue por alrededor de los seis millones de pesos y darles cinco mil metros de las actuales instalaciones de la Feria, pero hasta que se vendan.
Una vez que el Congreso autorizó al Gobierno del Estado la desincorporación del inmueble, el decreto establece que vendidos los terrenos de la Feria tendrían que suceder dos cosas: lo que se recaude será destinado para construir las nuevas instalaciones en que se realizarán los festejos conmemorativos del aniversario de la ciudad, y se le darán cinco mil metros cuadrados a la familia Chavarría.
?Si bien es cierto que hay en el Registro Público de la Propiedad algún señalamiento de esos cinco mil metros, aquí tienen que darse dos supuestos de carácter legal: primero, que se vendan los terrenos de la Feria, lo que no ha sucedido; y segundo, que el Consejo de Bienes, que de acuerdo con la ley preside el Secretario de Finanzas, autorice la delimitación del área, cosa que tampoco se ha realizado?.
Dijo que el Consejo no ha sesionado, porque de acuerdo con la Ley de Bienes, para tratar el asunto mencionado, no se ha dado el primer supuesto, que es la venta de las instalaciones de la Feria. ?Entonces, sí es cierto, sí hay una previsión de los cinco mil metros, pero no hay una escritura pública.
A mí en lo personal me espantaría, en este momento, que ellos presentaran un documento como tal, porque carecería de valor y sustento legal, porque no hay la autorización, ni del Gobernador de acuerdo con el decreto y facultades que la ley le señala, ni del Consejo de Bienes, para que se escriture?.
?Quiere decir que si ellos traen alguna escritura pública, se violó alguna disposición o algún procedimiento de carácter legal. Eso es por un lado. Por otro, ellos tendrían que acreditar mediante un juicio civil y mercantil la legítima propiedad del terreno para exigir. Y en todo caso el Gobierno del Estado, ante el juez competente, tendría que demostrar?.
?Para que se pudiera dar un amparo, que un juez de distrito lo otorgara, tendría que haber materia, y aquí no la hay. Entonces, ¿por qué dice la familia Chavarría que hay una suspensión provisional, ¿a qué?, preguntó. ¿Dónde se violenta la ley? Ellos ya promovieron un juicio, demandaron. ¿Ante qué autoridad??, insistió.
?No vamos a caer en un chantaje de la familia Chavarría, que lo único que busca es confundir a la opinión pública porque ellos no tienen ninguna propiedad legal. Piden como pago de renta tres millones de pesos. Vamos a someterlo a la consulta pública, a ver qué dice la opinión ciudadana de lo que exigen?.
Ficha
Alguien miente
Sobre la polémica en torno a si el Gobierno del Estado sigue siendo propietario del espacio de las instalaciones de la Feria donde se ubican cada año los juegos mecánicos, han surgido diversas interpretaciones sobre el tema. A continuación, algunas precisiones con base en lo que han dicho varios servidores públicos, en contraste con los documentos que obtuvo El Siglo de Durango...
1.- Funcionario: Ángel Sergio Guerrero Mier, gobernador del estado de Durango.
Declaraciones que hizo:
?... Sí convine con la familia Chavarría la permuta de los cinco mil metros cuadrados, pero hasta que concluyera la Feria de la ciudad y desmanteláramos los terrenos?.
?... Fue un contrato a condición, hasta que se hiciera la delimitación exacta del predio que a ellos les correspondía.
?... La intromisión de la familia a los terrenos de la Feria fue un acto totalmente anormal... Son caprichitos, nada más. ¡Quieren lana!, vamos, eso es todo?.
Pruebas documentales:
El convenio que firmaron el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y los integrantes de las familias Chavarría y Chavarría Diez González, ante el Notario Público Número Uno, el 13 de diciembre de 2002, no contempla ninguna condicionante, excepto el hecho de que el Congreso local avale las negociaciones, y esto ocurrió en mayo del 2003.
2.- Funcionario: Carlos Galindo Martínez, abogado del Gobierno del Estado.
Declaraciones que hizo:
?... Los Chavarría no tienen escrituras en su favor; es el trámite que les falta?. ?... No se ha hecho el traslado de dominio; se hará cuando estén listas las escrituras, pero no las quieren firmar?. ?... Incurrieron en el error de registrar el Decreto 211 como si fuera una escritura, pero no lo es?.
Pruebas documentales:
La escritura pública que los acredita como dueños del predio de cinco mil metros cuadrados es la número 860, volumen 9, de fecha 26 de abril de 2004, ante la fe del notario público número 17 de esta ciudad, Narciso López Nevárez.
El traslado de dominio ya lo reportaron a las direcciones de Catastro Municipal y Catastro Estatal, así como demás documentos ante el Registro Público de la Propiedad, según consta en los recibos de pago de fechas 12 y 14 de mayo. Incluso, la Secretaría de Finanzas del Estado y la Dirección Municipal de Finanzas les otorgaron un descuento del 100 por ciento.
El Decreto 211 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha jueves 12 de junio de 2003, y fue suficiente como instrumento jurídico que los recibos de pago ante dependencias y los dictámenes catastrales ya salieron a nombre de la familia Chavarría.
3.- Funcionario: Juan Manuel Flores Álvarez, secretario de Finanzas del Estado.
Declaraciones que hizo:
?... Hasta que se vendan los terrenos de la Feria se les podrá entregar a la familia Chavarría su terreno de cinco mil metros cuadrados, pues así está estipulado en el Decreto?. ?... Una vez que se venda toda la superficie de las actuales instalaciones de la Feria se les podrá conceder a ellos lo que les corresponde. ?... No está delimitado el terreno que les corresponde con exactitud?.
Pruebas documentales:
El Decreto 211 separa con claridad los 64 mil 869 metros restantes, de los cinco mil metros cuadrados que se otorgaron en dación de pago a los Chavarría, para los efectos de la subasta pública.
El mismo Decreto presenta el Anexo 1 en la página 18, en el que se ve el mapa de cómo queda el terreno sin los cinco mil metros cuadrados, para que sea así como se oferte en subasta. Y en el Anexo 2, de la página 20, se precisa cuál es la proporción exacta que pasa a manos de la familia Chavarría.
FUENTE: Documentos del expediente de la compra-venta entre el Gobierno del Estado de Durango y las familias Chavarría y Chavarría Diez González.
