“La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”.Platón
juan Carlos Goyenechea es un testigo más de los vicios de nuestro sistema de justicia. Este representante del banco neerlandés Fortis está privado de su libertad desde el nueve de diciembre del año pasado. Los últimos meses los ha pasado en una cárcel de San Luis Potosí acusado de “fraude genérico”, “fraude específico” y “asociación delictuosa en forma de pandillerismo”. Los delitos no son considerados graves, por lo que se le ha fijado al doctor Goyenechea una fianza: sólo que ésta es de 580 millones de pesos, que él se ha visto imposibilitado de cubrir.
La enormidad de la acusación y la fianza haría pensar que el doctor Goyenechea, en lugar de ser un simple funcionario bancario, sería realmente un “pandillero” de enorme peligrosidad. ¿Cuál fue, pues, su delito en concreto? Aceptar una acción con valor de mil 173 pesos de un invernadero privatizado en San Luis Potosí. O como lo señaló ayer en un artículo Ciro Gómez Leyva: “su gran error, al parecer, fue haber salido en la foto.”
El doctor Goyenechea asistió el 23 de enero de 2003 a una ceremonia en la que se oficializó la venta por el Gobierno de San Luis Potosí del Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial Santa Rita del municipio de Río Verde a la empresa Natural Valley Horticultural Projects. Como deferencia por haber asistido a esa ceremonia se le dio al funcionario bancario una acción de las 301 mil 660 del invernadero. Esto le daba un simbólico 0.00033 por ciento de la propiedad. En realidad su presencia en la ceremonia se debía al hecho de que Natural Valley estaba buscando un crédito del Fortis Bank, el cual al final ni siquiera se otorgó.
Goyenechea no es ni ha sido nunca funcionario del Gobierno de San Luis Potosí ni de la empresa Natural Valley. No participó en la operación del invernadero ni en el proceso de venta. Pero la justicia en su caso, como suele ocurrir en México, ha quedado sujeta a las veleidades de la política. La privatización del invernadero de Santa Rita se llevó a cabo durante el Gobierno del prisita, Fernando Silva Nieto. El nuevo gobernador panista, Marcelo de los Santos, cuestionó la operación e inició una investigación penal sobre ella.
El Gobierno panista de San Luis Potosí, afirma que no se comprobaron adecuadamente los gastos del invernadero cuando éste se encontraba en manos del Estado. Señala también que el precio de privatización se fijó en un monto menor a la inversión realizada, lo cual sería presuntamente incorrecto. ¿Tiene razón el actual Gobierno? La verdad no lo sé. Pero eso no justifica la persecución en contra de Goyenechea.
¿Persecución? Por supuesto que sí. A nadie que le dé un vistazo siquiera superficial al caso le escapará el hecho de que, en caso de existir realmente las irregularidades, Goyenechea no tiene absolutamente nada que ver con ellas. La saña con la que la juez, Lesbia Martínez, ha tratado a Goyenechea contrasta, de hecho, con la relativa suavidad de trato a otros presuntos involucrados que sí tuvieron relación con la operación del invernadero o con la privatización.
Este caso es un nuevo recordatorio del pésimo estado de la justicia en México. Los procesos se siguen definiendo por razones políticas: en esta ocasión es un Gobernador panista el que, en su afán de perseguir a un predecesor priista, aplasta los derechos individuales de un inocente. El hecho de que el Ministerio Público esté subordinado al Ejecutivo es motivo de muchas desviaciones y perversiones. Tenemos un sistema de justicia en el que se puede encarcelar durante meses o años a una persona que ostensiblemente no tiene nada que ver con un asunto mientras que permanecen libres otras que claramente han estado involucradas en serios actos de corrupción.
La propuesta que el presidente, Vicente Fox, hizo esta semana para reformar la justicia federal, ayudaría a resolver algunos de estos abusos. Sería particularmente útil la separación de las procuradurías y el Ejecutivo mediante la creación de fiscalías autónomas. No podemos olvidar, sin embargo, que la enorme mayoría de los casos son del fuero común, por lo que una reforma de la justicia federal no los resolvería.
Nuestro sistema de justicia parece hecho para encarcelar a inocentes y dejar en libertad a delincuentes con conexiones políticas o buenos abogados. Por eso entre las reformas estructurales que hay que hacer en este país, una de las más importantes es la del sistema de justicia.
NISSAN
La planta Nissan de Cuernavaca está en huelga. El sindicato prefirió parar la producción a aceptar modificaciones en los procedimientos de trabajo que generarían una mayor productividad. Lo paradójico es que ya esta planta es menos competitiva que la que la misma empresa tiene en Aguascalientes.
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