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SAN DIEGO, EU.- Organizaciones de derechos humanos de San Diego filmaron redadas de la patrulla fronteriza en el transporte público y determinaron que la operación Trans-Check para detener pasajeros indocumentados es anticonstitucional.
Miembros del Comité de Servicios Amigos de las Americas (AFSC) filmaron cinco ingresos de patrulleros fronterizos a autobuses metropolitanos y trolebuses con terminal en la frontera con Mexico. Una abogada que dirige la Fundación para la Asistencia Rural legal de California (CRLAF), Claudia Smith, dijo que en cada video aparecen al menos tres patrulleros.
En éstos se ve a un patrullero que bloquea la salida de la unidad, otro cubre la entrada y uno más “pide documentos migratorios a todos los pasajeros con aspecto de ascendencia mexicana”.
En los videos “los anglosajones y afroamericanos simplemente se retiran sin que la patrulla los mire siquiera”, agregó Smith en una carta que envió al subjefe de la patrulla fronteriza en San Diego, Paul Blocker.
En un video sobre una redada la semana pasada en un autobús en Barrio Logan, predominatemente latino en San Diego, la actitud de los patrulleros “fue lo suficientemente intimidatoria como para que una persona razonable creyera que podría salir del autobus”, declaró.
La abogada aclaró que en cinco unidades de transporte en que se filmaron redadas los patrulleros fronterizos “no consiguieron una sola detención”, pero interrogaron a todos los pasajeros con aspecto mexicano o latino.
Smith recordó al subjefe de patruleros que “la autoridad de sus agentes a abodar el transporte cerca de la frontera no implica autorización para métodos anticonstitucionales”.
Por otra parte, cuando los patrulleros bajaban de los autobuses o unidades del trolebús cuestionaban al menos en tríos de agentes que rodeaban a peatones solitarios, siempre de aspecto latino.
La carta a Blocker aclara que el procedimiento en las redadas de la Cuarta Enmienda constitucional estadunidense, garantiza el derecho individual a la seguridad en personas, casas, papeles y efectos personales contra revisiones irrazonables, excepto por probable causa bajo común acuerdo con el revisado.
