“Es moralmente inadmisible que quienes entonces delinquieron en diversos grado sean ahora jueces los vivos y héroes los muertos”.
Luis González de Alba
No hay nada peor que la impunidad. Un crimen que queda sin castigo es un aliciente permanente para la comisión de nuevos crímenes. Por ello es tan importante que el Estado cumpla con su cometido fundamental de punir las violaciones a la Ley.
Por otra parte, no hay peor crimen que el que comete el propio Estado. Al criminal común y corriente se le debe castigar por sus transgresiones debido al mal que le ocasiona a la sociedad. Pero cuando es el Estado —o un funcionario gubernamental en lo individual- el que viola las Leyes, las consecuencias son peores y el castigo debe ser por lo tanto mayor.
Por estas razones no puedo más que sentir alegría por el hecho de que el Estado mexicano esté tomando medidas para castigar a los presuntos responsables de la “guerra sucia” de los años sesenta y setenta. Hay motivos para celebrar el hecho de que se haya detenido a Miguel Nazar Haro y se haya girado una orden de aprehensión en contra de Luis de la Barreda Moreno, ambos ex directores de la Dirección Federal de Seguridad. La acusación, por supuesto, no comprueba la culpabilidad, por lo que los acusados deben tener la posibilidad de defenderse, pero hay un alivio en ver que una serie de viejos crímenes pueden ser ahora castigados.
Y, sin embargo, debo confesar que detrás de esta alegría se esconden algunos sentimientos encontrados. Después de todo, más que una búsqueda de la justicia, lo que parece haber detrás de las acusaciones es una persecución política. El motivo principal de la inquietud que siento en este caso es la iniquidad con la que se persigue a unos y se deja en paz a otros.
No me cabe duda que las autoridades que persiguieron a los guerrilleros o presuntos terroristas de los años setenta cometieron abusos y crímenes imperdonables. Pero los miembros de la Liga 23 de Septiembre y de otras organizaciones revolucionarias de aquel entonces también cometieron serios crímenes.
Ahí están los secuestros y los asesinatos de Eugenio Garza Sada y de Fernando Aranguren. Ahí está también el secuestro y asesinato del joven filósofo Hugo Margáin Charles, cuyo crimen era ser hijo de un ex secretario de Hacienda. Estos crímenes no justifican las detenciones ilegales y los presuntos asesinatos de guerrilleros o sospechosos de serlo. Sin embargo, desde hace muchos años una amnistía borró legalmente los crímenes que cometieron quienes se rebelaron contra el Estado, lo cual no ha obstado para que los funcionarios que llevaron a cabo la defensa del Estado sean hoy objeto de una persecución extemporánea.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de que los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad cometidos por esos funcionarios no prescriben resulta igualmente inquietante.
Hay buenas razones para oponerse en general a la prescripción de los crímenes: Si alguien ha privado de la vida a una persona, no entiendo por qué deba quedar exento de acción legal sólo porque han transcurrido 30 años del hecho.
La víctima de un homicidio no tiene forma de recuperar la vida que se le ha arrancado. Pero lo que es inaceptable es que la prescripción se aplique en todos los crímenes excepto los políticos. Lo paradójico de la decisión sobre la no prescripción del delito de privación ilegal de la libertad en este caso es que si alguien ofrece una prueba de que las víctimas de la guerra sucia fueron asesinadas en algún momento después de su secuestro, la acusación prescribiría de manera automática.
En cambio, si el homicidio no quedó documentado, o si alguna de las víctimas quedó en libertad y se reincorporó a los movimientos clandestinos en que ya militaba, la acusación se mantiene de manera indefinida. Hay razones para albergar sentimientos encontrados sobre las acusaciones en torno a la guerra sucia.
Por una parte, puede uno sentirse satisfecho de que por primera vez se estén llevando a cabo investigaciones serias sobre el tema y de que las acciones legales que se están emprendiendo lancen el mensaje de que ya no se garantiza la impunidad, por lo menos no en el caso de los crímenes cometidos en representación del Estado. Pero no por eso podemos cerrar los ojos ante el hecho de que más que un acto de justicia estamos presenciando una persecución política.
Nuevo video
Gustavo Ponce Meléndez es la nueva víctima de los escándalos de videos. El jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, no se anduvo con contemplaciones y cesó a su secretario de Finanzas ayer, después de que se dieron a conocer un video y documentos que señalan que Ponce realizaba viajes a Las Vegas con gastos que no corresponden a sus ingresos.
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