En pocos días la aprehensión de Miguel Nazar Haro ha dejado de ser noticia, al ser desplazada en los titulares por el evento del Niño Verde. Otros escándalos de nuestra vida pública seguirán, distrayéndonos como árboles que nos impiden ver el bosque.
El procesamiento de quien fuera el titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad durante la presidencia de Luis Echeverría, ocurre como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especial creada para perseguir a los autores de la guerra emprendida por el Estado mexicano, en contra de los denominados movimientos políticos y sociales del pasado.
La fiscalía en mención y su operación responden a una demanda de diversos actores de nuestra vida pública, a fin de que se investigue y se deslinden responsabilidades en relación a las actividades policíacas y de represión, realizadas por el Gobierno en contra de movimientos que fueron de oposición durante el régimen priista de partido de Estado y que optaron por la vía de las armas para acceder al poder político.
Tales movimientos generaron operaciones guerrilleras en los estados del sur como Guerrero y Oaxaca, así como en la sierra de Chihuahua durante los años sesenta y setenta. Del almácigo de referencia y de células que tremolaban la bandera de la izquierda socialista en las universidades, surgió la guerrilla urbana cuyo más conocido y radical exponente es la Liga Comunista 23 de Septiembre.
A Miguel Nazar Haro se le atribuye la jefatura en la persecución de la Liga, que culminó en la captura o muerte de algunos de sus integrantes y en la desaparición de otros cuyo paradero hasta la fecha se desconoce.
Debemos reconocer que el antiguo régimen de partido de Estado impedía toda posibilidad de competencia democrática por el acceso al poder y por ende, fue la causa eficiente de la deserción cívica colectiva y de que la disidencia se manifestara por las vías de la conspiración y la violencia.
Sin embargo, no podemos soslayar que el viejo régimen en la medida que se sustentaba en instituciones derivadas de un orden jurídico establecido, gozaba de una legitimación en principio que era necesario preservar como punto de partida para cualquier aspiración de cambio con paz social y con estabilidad.
Tampoco podemos ignorar que quienes tomaron las armas lo hicieron contra toda norma de respeto a la vida o a los derechos de sus víctimas, entre las que curiosamente no se encontraban personajes vinculados al poder público, sino líderes sociales o empresariales como Eugenio Garza Sada de Monterrey y Fernando Aranguren de Guadalajara, que en su momento fueron proditoriamente inmolados por los promotores de la violencia ejercida en el nombre de “el pueblo...”.
Así las cosas, en México como en otras partes del mundo, sobre todo en la América Hispana, los Gobiernos de los diversos países tuvieron que enfrentar una guerra asimétrica entre la civilización y la barbarie. El error fundamental de la época, es que ninguno de tales Gobiernos crearon, ni a nivel mundial se generó, un esquema jurídico que sirviera como marco e instrumento para combatir al terrorismo local e internacional.
En el entorno de la guerra fría que enfrentó a las superpotencias de este y oeste, se siguió la política del avestruz que escondió la cabeza a la realidad de la competencia política y se prefirió considerar a los subversivos, no como beligerantes de una revolución mundial en suelo patrio, sino como delincuentes del orden común.
Esta equivocada y vergonzante estrategia en ocasiones justificaba la intervención del Estado en defensa de los ciudadanos frente a los grupos armados y en otras reprimía toda disidencia aun la legítima y pacífica. Existen heridas que aún no sanan, en términos de muertos y desaparecidos que constituyen una afrenta para sus familiares y la sociedad en su conjunto.
Debemos reconocer que esta dinámica histórica rebasa la responsabilidad personal de los involucrados y por ello, es previsible que los agravios no serán reparados mediante un proceso jurídico que muy probablemente desemboque en una declaratoria expresa que confirme la impunidad de los responsables históricos o en un linchamiento público del chivo expiatorio que se encuentre a mano.
En México urgen acuerdos de los actores políticos sobre el porvenir. Respecto al pasado debemos asumirlo como un acervo de experiencia, para no volver a incurrir en el círculo vicioso del autoritarismo, la represión, la conspiración y la violencia.
