La Fiscalía Especial que investiga los delitos cometidos por agentes de la autoridad durante la Guerra Sucia no presentará mañana su acusación sobre la matanza del Jueves de Corpus de 1971. Lo hará nueve días más tarde, el 24 de julio. En ese lapso recibirá testimonios que añadan contundencia a la averiguación previa que ha concluido y permitirá la consignación de personas relevantes, principalmente el ex presidente Luis Echeverría.
Convendrá que la propia Fiscalía formalice el aplazamiento y explique puntualmente sus causas. Porque podría parecer, al fijar una nueva fecha para solicitar órdenes de aprehensión, que están teniendo eficacia las presiones para evitar ese paso ministerial, que van desde el críptico discurso del secretario de la Defensa Nacional hasta la explícita posición de la Comisión política permanente del PRI. El enigmático discurso del general Ricardo Clemente Gerardo Vega García ha dejado de ser en realidad inescrutable. La mayor parte de sus exegetas interpretaron ese texto como un alegato en favor de quienes resultaran con responsabilidades presuntas al cabo de las tareas de la Fiscalía Especial.
Y así ha de haber sido, pues la secretaría de la Defensa no ha advertido contra el error de descifrar en ese sentido las famosas palabras de su titular. Y no lo ha hecho, con lo que el llamamiento ahora resulta claro. Igualmente clara es ahora la posición priista. Conforme a su conocida ambigüedad, Roberto Madrazo navegaba entre dos aguas, pero el órgano político del que depende caracterizó la posible consignación de Echeverría como un acto político que agravia al PRI, al punto de que lo consideraría causa para interrumpir el diálogo y negociaciones con el Gobierno Federal. O no saben Derecho los redactores del comunicado donde se expresó tal parecer o se curan el dedo antes de cortárselo o no leen los periódicos, porque hablan de algo que no ocurre. Aseguran que la afectación al trato con el Gobierno (a cuyos titulares llama “grupo de aventureros políticos sin historia (que) ignoran la historia) ocurrirá “en tanto se mantengan vigentes las acciones penales en contra de autoridades civiles y militares implicadas en la persecución de guerrilleros en los años setenta”. Tal vez sea cierto que los gobernantes federales ignoran la historia, pero no la conocen mejor los priistas, que tampoco saben de qué trata el presente. La inminente consignación de agentes de la autoridad no se refiere a “la persecución de guerrilleros” sino a la matanza del Diez de Junio de 1971.
Ese día, una muchedumbre que salía a las calles para manifestarse políticamente (por primera vez desde octubre de 1968) fue dispersada a palos y balazos. Murieron por lo menos cuarenta personas. O quizá más, ya que si recordamos el testimonio de Alfonso Martínez Domínguez, que fue confiado hace años a Heberto Castillo y quizá adquirió rango ministerial cuando el ex regente del Distrito Federal fue llamado a la Fiscalía, Echeverría mismo habría ordenado incinerar cuerpos de víctimas de aquella represión. Martínez Domínguez no desmintió esa versión y no se quemó él mismo al emitirla, puesto que después de su conversación con Castillo fue reivindicado políticamente por López Portillo, quien lo hizo gobernador de Nuevo León, estado al que todavía después representaría en el Senado de la República.
En consecuencia, no hay “acciones penales vigentes”, sino que apenas se procura iniciarlas. Sólo corresponden a ese concepto, acciones penales vigentes, las que tienen como destinatarios a los ex directores federales de seguridad Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. El primero obtuvo un amparo para que se aclaren los fundamentos de la orden de aprehensión que no ha podido ser cumplida por la Agencia Federal de Investigación. Y el segundo está preso en Monterrey, procesado en dos causas diferentes por desaparición de sendas personas. Aclare el PRI si su defensa se extiende también a esos ex funcionarios, lo que podría ocurrir dada la cercanía que hubo entre el PRI y las autoridades de seguridad nacional. Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la DFS fue postulado por el PRI a los cargos de gobernador y de senador y encabezó la comisión electoral en el proceso interno de 1999; Javier García Paniagua, también director federal de Seguridad, presidió el comité nacional priista y José Antonio Zorrilla, igualmente jefe de la DFS, fue diputado priista e iba a serlo una segunda vez cuando se supo de varios delitos por los que después se le acusó. Todavía está preso, por el homicidio del periodista Manuel Buendía y no se hizo pública nunca su expulsión del partido tricolor.
La declaración del PRI incluye una frase amenazadora: dice que su posición, que condiciona el diálogo y la negociación, debe adoptarse “sin demérito de la responsabilidad pública donde seamos factores de gobernabilidad”. Se requerirá acaso la intervención de los glosadores del discurso del general Vega García para indagar el sentido último de esa expresión. Pero parece contener un amago respecto de la estabilidad política, que el PRI vulneraría en defensa de Echeverría (lo que significa abogar por sí mismo, porque el partido del Estado era uno de los pilares del sistema político no derruido por completo). Ese partido, si bien nunca lo necesitó estrictamente porque lo usurpaba, contó con el asentimiento público cuando mantuvo sintonía con él. Se equivocó al no reconocer que la sociedad había cambiado. Que no se equivoque de nuevo.
