En la ciudad de Durango existe un grave déficit de policías; cada agente tiene a su cargo la seguridad de cuatro mil duranguenses, según muestran las cifras de población y los elementos en activo.
Hay actuando diariamente en forma efectiva unos 125, cifra por debajo de los estándares normales; sin embargo, a esto se le suman los horarios forzados de servicio de 24 horas por 24, las desventajas de este personal para obtener vivienda y, además, presuntas preferencias en la corporación, situaciones que provocan serias dificultades al interior de la misma pero que no han sido dadas a conocer en forma oficial.
En la mancha urbana están comisionados para atender la vigilancia policiaca unos 380 agentes, entre preventivos y tránsitos, que laboran en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). De éstos, sólo la mitad trabaja diariamente, pues debe recordarse que existen horarios de cobertura de 24 horas de servicio por 24 de descanso, lo que significa que 165 policías que laboran en forma efectiva diariamente, según comenta el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la (DSPM), José Luis López Ibáñez.
Al número total de policías que labora todos los días deben restarse otros elementos que son asignados al traslado de detenidos a los juzgados de distrito para que rindan declaración, también a los que están asignados a alguna comisión en especial, como los de la Presidencia Municipal, los que son asignados a embargos, etcétera, y el funcionario calculó que pueden quedar entre 125 a 130 efectivos para salvaguardar la seguridad de unos 500 mil habitantes de esta capital.
Hace unos diez años el número de policías que había en Durango era de aproximadamente 700; hoy el volumen ha disminuido considerablemente. Actualmente existe una población estimada en 500 mil habitantes en la ciudad, lo que implicaría que deberían existir unos 500 policías por turno, es decir, alrededor de mil agentes contratados para que unos descansen, mientras otros laboran.
Antes había turnos de 24 horas de servicio por 48 de descanso. Ahora son de 24 por 24, lo que también merma el servicio de prevención del delito.
Otra desventaja para los policías es que no tienen derecho a vivienda en el Infonavit, pues su profesión está catalogada como de alto riesgo.
Lo anterior se suma a las dificultades internas que tiene la corporación, como la petición de la destitución del director, Roberto Bravo Ontiveros, a causa de supuestos abusos laborales y dificultades que hay al interior, en donde se denuncia proteccionismo.
Sin nada oficial
Aunque no hay nada oficial sobre las supuestas 46 a 47 firmas de policías que han denunciado maltrato al interior de la DMSP, José Luis López Ibáñez ha escuchado al interior de la corporación que las dificultades que existen se deben a supuestos preferencias y actos injustificados de ascenso de algunos elementos, todo ello provocado por el Director de la corporación.
También se habla de trato especial para algunos policías, como es el pago porcentual por la vigilancia en fiestas a las que acuden por comisión, también por la ejecución de embargos, etcétera, situación que se agrava por la sobrecarga de trabajo que tienen en la corporación y la falta de elementos por el déficit de plazas.
Aunque se ha demandado la destitución del Director, la petición no ha prosperado, pues no se tienen pruebas o elementos oficiales para proceder, según indica el informante.
PRESUNCIÓN
Investigan anomalías de agentes
Se investigan presuntas irregularidades de dos policías que participaron supuestamente en la agresión a un sujeto que fue golpeado en el interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de nombre Guillermo León Viggers Rosales.
La queja está en manos de la Comisión de Honor y Justicia de la DMSP, así como la comparecencia de ambos policías; sin embargo, aún no se determina si hubo o no responsabilidad por las lesiones que sufrió el supuesto agraviado. Los hechos se suscitaron el 9 de octubre, cuando fue sorprendido conduciendo en segundo grado de ebriedad. Además de los golpes, se presume irregularidad, porque después de que fue atendido en la Cruz Roja lo dejaron en libertad sin que hubiera una orden del juez administrativo.