AGENCIAS
MÉXICO, DF.- El auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, informó que luego de 336 auditorías se detectaron irregularidades en el gasto del Gobierno Federal en 2002 por más de 238 mil millones de pesos.
El funcionario entregó a la Cámara de Diputados el informe de resultados de la Cuenta Pública 2002 y dijo que existen observaciones con probables efectos económicos por mil 633 millones de pesos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Programa de Rescate Bancario; además, existen 77 mil 682 millones de pesos de incumplimiento de disposiciones normativas.
Asimismo, de acuerdo con el auditor, existen 161 mil 673 millones de pesos de operaciones no registradas o registradas erróneamente que pudieran tener un probable efecto contable.
En su exposición, González de Aragón dijo que los probables efectos económicos y contables “no necesariamente significan responsabilidades, recuperaciones de recursos, resarcimientos de fondos públicos o daños patrimoniales para el erario”.
La situación definitiva de estas irregularidades será establecida una vez que las entidades fiscalizadas entreguen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro del plazo de 45 días hábiles establecido, las evidencias y documentación soporte que pudieran solventar las observaciones determinadas.
A los diputados les fueron entregados diez tomos y 20 volúmenes, así como un cuaderno con un resumen ejecutivo de 30 páginas y 213 láminas.
Restaurantes
La mayoría de los 500 diputados federales se quedaron ayer en ayunas, al impedirse el acceso al recinto de San Lázaro a los meseros que atienden diario los dos restaurantes de la Cámara baja. Desde temprana hora, personal de seguridad de la Cámara de Diputados imposibilitó el acceso a más de 80 meseros que atienden los restaurantes “Los Cristales” y “La Terraza”, lo que provocó el disgusto de algunos legisladores y pérdidas económicas a los administradores de esos negocios. Y es que 70 desayunos y 300 comidas previamente solicitadas quedaron sin ser consumidos, debido a que las puertas de los dos restaurantes permanecieron cerradas ayer.
La orden de no permitir el acceso a este personal se debió a que ya vencieron los contratos de las empresas que los contratan y ahora se busca otorgar la concesión a otra empresa, debido a que los legisladores se quejaron del mal servicio y calidad que se ofrece, así como los altos precios de la cadena “Wings”.
Los empleados afectados rechazaron la acusación y manifestaron que se trata de una acción política, ya que algunos diputados pretenden verse beneficiados con la millonaria concesión.
Por su parte, Marcela González, integrante del Comité de Administración, informó que el contrato con la empresa de alimentos terminó el septiembre pasado y después de varias quejas de los legisladores por el mal servicio, se determinó suspenderlo y convocar a una nueva licitación.
