Se contrapone el análisis del libro ?La impunidad de los funcionarios de la Universidad Juárez? y los conceptos del gobernador del estado, Ángel Sergio Guerrero Mier, al referir sobre la responsabilidad y autoridad de fiscalización por parte del Estado a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
Mientras Guerrero Mier explica que con relación a la fiscalización de los recursos públicos de la UJED sólo está permitido por el Consejo Universitario, toda vez que el alma mater es un organismo autónomo, el doctor en Derecho e investigador de la materia y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Cázares Nieto, hizo referencia que de acuerdo a los conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la capacidad de examinación de las finanzas de la Máxima Casa de Estudios, como lo es en todas las universidades del país, es del Estado, toda vez que se alimenta de recursos públicos tanto federales como locales.
En la entrevista que se realizó al Gobernador del Estado, éste mencionó que la UJED no sólo tiene autonomía académica, sino que el manejo de sus recursos debe ser analizado por el Consejo Universitario, órgano que es la máxima autoridad.
Cázares Nieto opinó distinto, los recursos públicos con los que se alimenta la UJED, así como todas las universidades en México, derivan de asignaciones federales y locales.
Los recursos públicos a los que se refieren estas aportaciones provienen de una fuente, y ésta es la de los impuestos que pagan los ciudadanos mexicanos en todo el país.
El comentarista del libro en referencia afirma que debido a los conceptos de la SCJN todas las universidades son auditables y fiscalizables por parte del Estado, desde la Federación, hasta por las administraciones estatales, ya que los recursos que se designan a estas entidades son públicos y por ello debe conocerse el destino de los mismos, no sólo porque son públicos, sino porque también quienes pagan los impuestos tienen el derecho de ser informados sobre su uso y correcta aplicación.
También determinó que el hecho de que en el libro en referencia se señalen presuntas irregularidades y debido a que se hacen con recursos públicos, éstas pueden derivar en una responsabilidad penal, tanto en el aspecto federal como en el local, así también es operante la aplicación en los mismos niveles de gobierno, de las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, en caso de encontrar alguna irregularidad administrativa.
Cázares Nieto considera que el libro que denuncia la supuesta impunidad de los funcionarios de la Universidad Juárez plantea no sólo el problema de las supuestas irregularidades, sino que también lo hace con una propuesta: la reforma de la Ley Orgánica de la UJED y el derecho a la información sobre el manejo de los recursos públicos que utiliza la Universidad.
A su vez indica que es necesaria a su vez modificar la normativa de la Ley Orgánica, en el sentido de que por la salud de la UJED, no debe permitirse la reelección de la Rectoría o por lo menos la reelección en un corto periodo de tiempo de quien fungió como tal.
LEY
Contraloría debe conocer movimientos
La Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) determina en su título quinto y artículo 42 que ?El Tesorero llevará cuentas detalladas del movimiento de fondos, enviando a la Rectoría sus cortes de caja, con el visto bueno del Contralor a efecto de que los turne a la Junta Directiva para su revisión y glosa. Suministrará al Consejo o la Junta los informes que soliciten sobre los valores, libros o documentos que estén bajo su cuidado?.
A pesar de esta información, la Contraloría General, representada por Guadalupe Flores Bolívar, aseguró que siempre hay una auditoría externa por parte de un despacho, con lo que no se ha tenido ningún problema en las finanzas.
