En algunos municipios coahuilenses se han suscitado divergencias y distanciamientos entre los regidores y síndicos y los alcaldes; pura pérdida de tiempo, pues finalmente dichas confrontaciones contraponen a fuerzas políticas importantes y arrojan saldos negativos para la comunidad.. Hasta hace muy poco las rijosidades internas en los Cabildos parecían inusitadas; ahora podrían ser consideradas normales, productos de los nuevos tiempos.
Los regidores y los síndicos municipales tuvieron, durante el sistema monopólico del PRI, un protagonismo pasivo y secundario en los Ayuntamientos. Se les ignoraba en la escala burocrática y sus salarios eran los más reducidos. A veces les tomaban opinión sobre algún asunto que requiriera un acuerdo de Cabildo, pero con sus puntos de vista se soslayaban, cuando contrariaban el criterio de los presidentes municipales.
Testigos mudos del quehacer oficial, apenas cumplían las escasas comisiones de trabajo que el presidente del cuerpo edilicio -es decir el Presidente Municipal- les discernía a priori. Hoy los regidores y los síndicos tienen salarios equiparables a los que ganan los altos funcionarios de la municipalidad y cuentan sus opiniones y votos.
Los deberes oficiales de los regidores y síndicos son muchos: desde asistir a las juntas de Cabildo y tomar conocimiento de las demandas y los problemas sociales de la municipalidad, hasta atender, estudiar y votar, previo análisis, las normas reglamentarias del ámbito municipal que obedezcan al cuidado, orden y atención de sus complejos asuntos. Para estos fines los regidores y síndicos se integran, como los diputados, en comisiones de estudio, cuyos dictámenes son considerados por el cuerpo edilicio para su aprobación y posterior vigencia. La Constitución Política de Coahuila y la Federal asignan más de veinte atribuciones y deberes a los ediles. El Código Municipal, por su parte, señala más de treinta obligaciones.
Los señores Alcaldes, quienes presiden los Ayuntamientos, conforman otro factor de poder político en el Municipio. Tradicionalmente, como sabemos, tienen un mayor peso político en el órgano municipal; conducen las relaciones políticas con los poderes del Estado, con otros Municipios y con los diferentes organismos empresariales y sociales de la comunidad; los Alcaldes son responsables por el buen funcionamiento de las diversas áreas administrativas, la prestación eficiente de los servicios públicos, el control de la vía pública y la seguridad de la sociedad; de la sanidad urbana y rural en todo el municipio; de estimular y apoyar la educación pre-escolar, básica y secundaria y de proponer las obras públicas necesarias, a veces urgentes, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales de los municipios, más, mucho más; pero sobre todo deben cuidar el manejo de la Hacienda Pública.
Los regidores y los síndicos gozan del fuero legal que les otorga la Constitución, dado su origen de elección popular, así que no pueden ser ignorados por los presidentes municipales, ni por los diputados locales; es más, ni siquiera por los poderes ejecutivo y legislativo, pues su autoridad y facultades proceden de una elección democrática y legítima, conforme a los principios constitucionales.
Pero es también un hecho real y comprobable que el cambio ha dejado olvidados varios asuntos a la vera del camino a la democracia. En los tiempos del partido único la selección de regidores y síndicos se hacía -¡se sigue haciendo!- a partir de un previo reparto de “posiciones” políticas entre los tres sectores del PRI y sus respectivas corporaciones. ¿A quién representan los ediles así elegidos? En la práctica, todo es igual que antes: los escogidos por los partidos encarnan la influencia de los líderes de las organizaciones que los integran, o de las familias destacadas de la comunidad o de las cámaras del sector privado. ¿Entonces ¿a quién deberían representar? En general a toda la población, pero en concreto a los ciudadanos que viven en cada sector urbano; mas como ello sería imposible, la representatividad de los regidores debería nacer de los votos ciudadanos en varias demarcaciones o distritos urbanos, no del dedazo de los líderes políticos; tampoco de las altas estirpes sociales y menos de los organismos empresariales. Los regidores tendrían que ganar con el voto de los vecinos de los barrios, colonias y comunidades rurales para qué, una vez conseguido éstos, sean dinámicos gestores de sus necesidades y demandas ante el Ayuntamiento y el Alcalde.
Los regidores deberían asumirse como diputados urbanos, pues cuentan con facultades para dictar normas que ordenan la convivencia social del municipio y la vigilancia de las actividades económicas que tengan relación con la vía pública, con las áreas de casas habitación, con la cría y el sacrificio de ganado, los cementerios, el suministro de agua y el funcionamiento del alcantarillado, el cuidado y el orden público en los parques y jardines urbanos, etc, y dictar eficaces reglamentos de orden público y buen gobierno.
Si las ciudades crecen y se tornan importantes ¿por qué no hacer crecer, así mismo, el perfil de los políticos municipales? Tener cabildos idóneos, con regidores y síndicos idóneos y un presidente municipal con experiencia administrativa y política, resulta indispensable en esta etapa inicial de nuestra vida democrática. Otro día haremos un apunte de los cambios que parecen ser necesarios en la actualidad coahuilense; aunque, como suele suceder con frecuencia, prediquemos en el desierto.
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