Ahora mismo puede estar pensando el señor presidente de la República, don Vicente Fox Quesada, lo ingrata que resulta la actividad pública en México. Cuatro años ha invertido en tratar de conquistar la aprobación de la sociedad mexicana a sus esfuerzos de cambio en el país y aún en las mejores condiciones, siempre a la postre surge un pero, como un chipote que le echa a perder el brindis por el logro obtenido.
Contentar a todo el país, satisfacer a la mayoría ciudadana, parece constituir un imposible.
Por vez primera, desde que Fox tomó posesión del más alto cargo político en México, podremos tener un presupuesto público a tiempo, aparentemente desahogado, sin prisas ni sucirios, según decía mi abuela. Los diputados de la legislatura federal se han aplicado al trabajo, organizados y puntuales, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda tener a tiempo la aprobación del Presupuesto de Ingresos, con todo y Miscelánea Fiscal, criterios generales económicos y Presupuesto de Egresos.
Este avance resultaría en el actual Gobierno un hecho inédito: como si el membrillo de la civilidad política empezara a madurar en la alacena y llenara de aromas frutales a toda la nación. Hay algunas disensiones, naturales en un Congreso plural, pero finalmente podrán lograrse acuerdos, aunque ahora queda por ver cómo van a ser recibidas nuestras leyes fiscales por los contribuyentes mayores y menores, y cuáles efectos a futuro, negativos o positivos, empezarán a señalar los críticos de la cosa pública; para el caso quienes conocen las anfractuosas vías de la economía nacional. Saltaron ya, por ejemplo, los primeros descontentos con las consecuencias del acuerdo legislativo. Se trata de la modificación al sistema de deducciones en el Impuesto Sobre la Renta. El sector privado, vale decir los empresarios, consideran que los cambios en materia de deducibilidad del costo de las ventas va a acarrearles un impacto negativo calorado en 40 mil millones de pesos anuales. Dan a entender que la cantidad que el Congreso quiere ganar con este impuesto -40 mil millones de pesos- provocará pérdidas en las empresas al afrontar una mayor carga tributaria que será difícil de absorber, por una parte, pero también tendrá efectos negativos en desaliento a la inversión y en elevación de precios, incertidumbre jurídica y contundencia de impacto en el desempleo.
Otros conflictos de inteligencia amenazan la viabilidad de la calma chicha que se empezó a inducir como resultado de la oportuna puntualidad en el consenso legislativo: el precio del barril de petróleo definido en 27 dólares, contra los 23 que propuso Hacienda; la determinación de la meta del déficit fiscal en 0.20 por ciento y el debate sobre las reformas en el régimen fiscal de la empresa Petróleos Mexicanos. Además, los cabilderos de Hacienda y de las organizaciones empresariales agudizaron su tarea para lograr mejores condiciones en beneficio de sus intereses, lo cual sería cuento de no acabar pues lo que gratifique a una parte podrá desagradar naturalmente a la otra.
Legislar no es hoy “enchílame otra”, como fue en el pasado reciente. Después del primer periodo legislativo post 2000, en el cual todo fue lanzar comal y metate unos contra otros, los actuales diputados y los senadores se han puesto la camiseta de México y le han echado ganas, visión y responsabilidad al desempeño de su trabajo y se han establecido prioridades importantes como las de invertir en el campo, en las carreteras y en salud pública con los recursos obtenidos de algunos recortes en áreas menos sensibles.
Hoy podría ser el día crucial para la aprobación de los documentos fiscales y lo único que resta es pedir a los señores diputados y senadores que sus prisas no le ganen a su cordura. La sensatez en las decisiones y en los acuerdos entre partidos darán más fruto, que ganarle la carrera al tiempo. En los cuatro años anteriores era el último día del año y el presupuesto con sus “etcéteras” estaba en panza de yegua en la inminencia del cierre del periodo legislativo.
Hoy puede ser que veamos una situación distinta; no sea solamente para sentar precedentes de oportunidad, sino por la generación de una buena economía en la República y un equilibrado y justo presupuesto fiscal para los ciudadanos.
