El domingo 14 de octubre hubo elecciones en cuatro entidades de la República: Tamaulipas, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala. El Partido Revolucionario Institucional triunfó claramente en los dos primeros estados; pero en Sinaloa aún discute ante su apretado score con el partido Acción Nacional y en Tlaxcala se supo que la matriarca Maricarmen Ramírez fue derrotada, mas no por quien: también entre el PAN y el PRI, la diferencia de sufragios era mínima. Estos resultados, agregados a otras precedentes victorias priistas, dan clara evidencia de que el PRI no está muerto y podría ganar las elecciones del año 2006.
Más allá de pasajeros episodios electorales, aventuras transitorias y efímeras, persiste en los ciudadanos la preocupación por saber si el ideario de la Revolución mexicana continuará vigente en el país como una inspiración programática para los Gobiernos priistas que vengan de 2006 en adelante. O si la Revolución, sólo podrá inducirles una fantasmagórica influencia. Los sucesos políticos y sociales de 1910 y 1913 constituyeron el formidable entramado sobre el cual tejió el PRI su monopolio electoral y no sabemos que este partido haya sufrido un cambio de rumbo, a pesar de que nuestros tres últimos Gobiernos de corte autoritario -De la Madrid, Salinas y Zedillo- se hayan pasado los objetivos sociales del PRI por el arco del triunfo en aras de la globalización comercial.
Mas no adelantemos vísperas: esta duda será el meollo del debate político que animará las elecciones federales a partir del año 2006 y otras subsiguientes. Tampoco habremos de esperar mucho. Desde ahora se advierte que las próximas elecciones federales van a constituir un cerrado enfrentamiento entre los tres partidos mayoritarios y quienes resulten sus candidatos a la Presidencia de la República.
Mas no todo se va a decidir el día de las elecciones. Antes que éstas sucedan se librarán batallas inéditas entre los partidos, como las que hemos contemplado en el Poder Legislativo durante desde septiembre de 2003 y las que nos tienen hartos en los juzgados penales, en la prensa escrita y en los noticiarios televisivos y radiofónicos. Los partidos y sus dirigentes han desdeñado los méritos de sus mejores hombres pero destacan las podridas acciones de los peores. Las corruptelas de los Bejeranos, Sosamontes, Robles y otras marionetas aledañas a Andrés Manuel López Obrador y a Carlos Ahumada, son los emblemas que exhibe el Partido de la Revolución Democrática en tanto ignora la honestidad de Cuauhtémoc Cárdenas y soslaya las posibilidades de construir, con él a la cabeza, una auténtica y exitosa oposición de izquierda.
Acción Nacional no ha logrado apoyar bien a bien al presidente de la República, Vicente Fox, en el trámite de algunas decisiones legislativas tan importantes como las leyes fiscales. El manejo nada atingente de su bancada en la Cámara de Diputados lo llevó al rompimiento con el PRI, el PRD y demás partiditos de la chiquillería. Si el PAN, por el contrario, hubiera medido y calibrado su real fuerza política, algo habría podido salvar con negociaciones inteligentes. En la política es posible encontrar salidas favorables mientras los adversarios conserven viva la posibilidad del diálogo, pero una línea dura siempre desemboca en resultados negativos.
Por ahora el Presupuesto de Ingresos para el año 2005 está en veremos, pues el Jefe del Poder Ejecutivo Federal ha dicho que lo va a impugnar jurídicamente. La impugnación y el veto son recursos establecidos en la Constitución como medios de protección del Ejecutivo ante algunas disposiciones del Legislativo. El Constituyente quiso capacitar al Ejecutivo para que se defienda “contra la invasión y la imposición del Legislativo” Quedaría por ver, sin embargo, si deviene aplicable lo que establece el inciso j del artículo 72 constitucional cuando restringe la facultad del veto a las leyes o decretos cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, pues así cualquier otro acto del Congreso quedaría fuera de la posibilidad de ser vetado por el presidente de la República y el presupuesto sería declarado válido y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se arriesgará el señor presidente a enfrentar este manoseo jurídico entre los tres poderes de la República?
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