El domingo 6 de junio anterior, la señora María Dolores Villanueva de Zamarrón, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, fue llevada por sus familiares a la clínica número dos para ser atendida de una dolencia en un tobillo. Ese mismo día la paciente fue internada, y se le practicaron diversos estudios entre el lunes siete y el miércoles nueve con vistas a una intervención quirúrgica programada para el jueves diez. Seguramente se le halló en buen estado de salud pues el día señalado fue trasladada a la sala de operaciones de la citada clínica. Su familia aguardaba por noticias en una sala cercana al quirófano. Transcurridas algunas horas, finalmente aparecieron los médicos para informar que la señora Zamarrón había sufrido un infarto durante la operación y había muerto.
La terrible noticia sorprendió a la familia Zamarrón Villanueva: a su esposo, a sus hijos, a sus yernos y nueras y a sus nietos. Impactados por la muerte de doña Lola, entre llantos y lamentos intentaron racionalizar lo sucedido. Imposible: no acataban cómo una sencilla intervención quirúrgica en un tobillo podía haber causado el deceso de su madre, si ella jamás había padecido una afección cardiaca o vascular. El azoro y la tristeza cedieron poco a poco para dejar espacio a la indignación y al dolor. Coléricos, los familiares reclamaron a los médicos y éstos no actuaron con la paciencia, prudencia y certeza presumibles en los profesionales de la medicina. Los deudos pasaron de las palabras a los hechos: médicos, enfermeras y parientes de la occisa se enredaron en maltratos de palabra y obra. Los primeros se refugiaron en el quirófano pero fueron seguidos por los alterados familiares que exigían una aclaración sobre el deceso de su madre.
En el altercado hubieron injurias físicas contra los facultativos y daños materiales a las instalaciones. Finalmente se apersonó el director médico de la clínica y ofreció abrir una investigación sobre las verdaderas causas de la muerte de doña Lola, a quien se le practicó la necroscopia, sin que se supiera si habían intervenido los médicos forenses. Aparentemente la señora sufrió un infarto irreversible. “Nadie tenemos la vida asegurada” diría el director médico. Al día siguiente los doctores realizaron un paro de actividades para presionar a la Delegación Estatal del instituto hasta obtener seguridad en las áreas de trabajo. La dirección jurídica del IMSS anunció, ese día, que tanto el sindicato como el mismo Seguro Social tomarían acciones legales contra la familia Zamarrón Villanueva por agresiones al personal médico y daños materiales contra los bienes de la institución.
No es el primer caso en que se acusa al IMSS de negligencia médica; tampoco será el último, aunque sería deseable que lo fuera.. Por lo menos se han cometido 26 casos de negligencia médica en el IMSS en el 2004, más 113 quejas sobre cuestiones administrativas, según declaró la vocero del IMSS en una rueda de prensa..El jefe de los servicios médicos dijo, por su parte, que previamente a la operación se realizaron todos los estudios preoperatorios con resultados satisfactorios. Ripiosamente arguyó el secretario general del sindicato del IMSS. “Hay muchos factores que pueden desencadenar una afección coronaria, no tenemos la vida comprada ni somos eternos”. Expresar esta obviedad ante los dolientes de la señora Zamarrón, parece una reacción lúdica fuera de lugar, pues habría sido más confortante para los deudos que los funcionarios médicos, administrativos y sindicales asumieran el íntimo dolor de los deudos y trataran de explicarles la triste situación con sinceras palabras de verdad, conscientes de su compromiso como servidores públicos.
Sin embargo, nada se puede hacer en un caso como éstos. Como en muchos otros sucesos las leyes devienen omisas o inexistentes. Aquí, el Congreso del Estado conserva en sueños un proyecto de Ley de arbitraje médico que los diputados no logran afinar, por una contradicción entre quienes desean un justo sistema de responsabilidad profesional, al cual todos debemos estar sujetos, y los que piensan, por compromisos políticos, que los facultativos deberían estar exentos de cualquier juicio de responsabilidad, así hayan observado alguna conducta perfunctoria en el ejercicio de su profesión.
Esto sucede en casi todas las actividades de la dinámica social y económica. Faltan normas que establezcan corresponsabilidad entre los grupos sociales y quienes deben prestarles un servicio profesional. Hay progresos en las áreas comerciales y de trabajo individual mediante la creación de las procuradurías defensoras del consumidor, pero pocos avances existen en las relaciones entre los abogados, los ingenieros civiles, los arquitectos, los médicos, los farmacéuticos, etc. y los particulares que se acogen a su ética, sabiduría y experiencia profesional. La responsabilidad civil profesional se quedó varada en la luenga playa de nuestro oxidado y anacrónico sistema jurídico.
Nos consta la competencia y seriedad de los especialistas del Seguro Social, y por ello alarma la reacción pugnaz de los protagonistas médicos frente a la comprensible indignación y desconcierto de los Zamarrón ante la muerte de su esposa y madre. El IMSS ha dicho que la causó un infarto, pero debería esclarecer a fondo el tipo de perturbación que le produjo la muerte y cómo sobrevino ésta; si hubo alguna responsabilidad por acción por omisión de los médicos; y si las autoridades del ministerio público han intervenido, como es su obligación y ya han dado opinión en el caso.. Escandaliza igualmente la defensa a ultranza de los médicos por el líder sindical de los trabajadores del IMSS. Hay una verdad moral y legal que debería ser establecida en forma clara y convincente ante la toda la sociedad. Para indagarla y darla a conocer debería existir una comisión de arbitraje médico; pero que quieren, los diputados están pensando en otras cosas...
