A todo el mundo, incluidos los designados, quedó claro que el procedimiento mediante el cual nombró la Cámara de Diputados el 31 de octubre pasado, a los miembros del consejo general del IFE —asignación de cuotas partidarias, con ánimo excluyente y preterición de los mejor calificados en aras de candidaturas que no satisfacían los requisitos de Ley— impregnaba a los nuevos consejeros de una ilegitimidad de origen que ponía en riesgo la fortaleza del órgano electoral.
Esa característica era y es particularmente preocupante por el amenazador entorno que ya entonces, hace diez meses y con mayor razón ahora, se avizora respecto de la elección presidencial de 2006. Los enconos partidarios que se alimentan cotidianamente sólo podrán ser dirimidos, a la hora electoral, por una autoridad que además de legal y abanderada de la legalidad sea legítima, reconocida y admitida sin lugar por los ciudadanos, los candidatos y los partidos. Con esas ideas en mente, en noviembre pasado un grupo de ex integrantes del consejo general del IFE —consejeros ciudadanos del período 1994-1996 y consejeros electorales de 1996 a 2003— pretendió contribuir a la reimplantación de la confianza ciudadana en ese órgano electoral, con la sugerencia de que la secretaría ejecutiva del Instituto fuera ejercida por una persona procedente de la sociedad civil y mejor aún si tuviera experiencia en el ámbito electoral.
Supusimos que de ese modo se tendería un puente entre el IFE y la porción de la ciudadanía a la que pareció lesivo de derechos civiles conquistados la partidarización del consejo.
Este órgano, sin embargo, tuvo a bien nombrar no a alguien con aquellas características y ni siquiera simplemente externa, sino a una funcionaria del Instituto, la maestra María del Carmen Alanís, a la sazón directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que ascendió a secretaria ejecutiva. Al quedar vacante aquella dirección, se inició un proceso para hallar a quien se ocupara de sus responsabilidades.
Puesto que en la designación de la abogada Alanís se había optado por promover a una integrante del cuerpo, es decir el consejo se había inclinado por una selección interna, la presidenta de la Comisión de Capacitación y Educación, María Teresa de Jesús González Luna supuso llegado el momento de preferir la alternativa externa, precisamente para posibilitar un enlace con la sociedad, en el ámbito en que más directamente se sirve a los ciudadanos: la capacitación electoral se imparte cada tres años al personal que atiende las mesas electorales, que son ciudadanos escogidos al azar y la educación cívica se dirige al conjunto de quienes moran en la República.
En esa tesitura, así expresada por la presidenta —a quien también de modo expreso se encargó de conducir el procedimiento de selección—se formó una extensa lista de candidatos. La consejera González entrevistó a 30 de ellos y del resultado de las entrevistas y de otros mecanismos de consulta, 16 candidatos fueron presentados formalmente a la consideración de los consejeros. Sólo una persona de ese grupo pertenecía al IFE, con lo que se hizo sobradamente evidente la elección de una solución externa.
En una lista final, más depurada, quedaron cinco candidatos, todos externos, ninguno de los cuales fue objetado por nadie. Y sin embargo, de pronto el consejero presidente Luis Carlos Ugalde presentó un candidato interno, el vocal ejecutivo en Michoacán, antes subdirector en el área para cuya titularidad se le proponía ahora. No obstante que infringía el mecanismo acordado y daba al traste con el esfuerzo de muchos meses, particularmente el de la consejera González Luna, la iniciativa del presidente fue adoptada por cuatro consejeros que con Ugalde mismo constituyeron la mayoría por la que se designó la noche del lunes pasado a Carlos González para reemplazar a la maestra Alanís.
Así el IFE insistía en la endogamia frente a la necesidad de apertura a la sociedad. La consejera González Luna se inconformó con el proceso. A sabiendas de cómo votarían sus compañeros, reparó en que por primera vez un director ejecutivo sería nombrado con una votación tan dividida, con un solo voto de diferencia y con la oposición de la presidenta —ella misma— de la comisión de que el designado será secretario ejecutivo.
Pero fue más allá. Trazó claramente el panorama de un consejo partido en dos: “no se trata de una división coyuntural ni pasajera, sino... que tiene qué ver con cuestiones de fondo... con la concepción misma del Instituto y su autonomía, así como de la autoridad del consejo general y su carácter como órgano superior de dirección”. Señaló también como campos donde se expresa esa división, el referido “al modelo de colegialidad que como consejeros queremos asumir y (el propio) de la materia en juego, es decir la educación cívica para la construcción de ciudadanía y con ello el papel del IFE en la promoción de una cultura política democrática y de una ciudadanía integral”.
Para subrayar que no es una división coyuntural, la consejera González Luna aludió a una previa unidad cosmética, lograda en aras de una “obsesión por la unanimidad” que “nos ha llevado a situaciones indeseables en las que algunos hemos tenido que transigir en asuntos en los que no debimos haberlo hecho, pero accedimos a ello con tal de satisfacer la preocupación de... colegas empeñados en no hacer patente ante la sociedad esta división... que ahora se muestra con toda claridad”.
