Más allá de la validez o justificación de sus acciones en torno a los problemas que tienen que afrontar y eventualmente, resolver, lo que han exhibido el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el presidente de la República es ignorancia del Derecho, especialmente el constitucional y un pésimo asesoramiento de quienes deben asistirlos jurídicamente. Ambas circunstancias son igualmente criticables.
Atrapados en una confrontación política y convenenciera, calificada por algunos como estéril y vanidosa, ambos funcionarios se han significado ante la opinión pública como desconocedores de las normas jurídicas que regulan su actuación y a las cuales puedan acudir para fundamentar su argumentación en defensa de sus decisiones y posturas, para demostrar ante la ciudadanía que lo que hacen está apegado a Derecho y la Ley les asiste.
Claro que no por desempeñar los cargos que ostentan, tienen que conocer suficientemente todas las materias, variadas y disímbolas, que inciden en la función pública que les fue conferida por la voluntad popular. En esto estamos de acuerdo. Pero sí informarse y recibir la asesoría adecuada antes de hacer declaraciones y realizar acciones sin el sustento jurídico necesario que les asegure el éxito de sus gestiones. La gente no quiere un presidente incapaz y un jefe de Gobierno incompetente, pero ellos se han encargado de presentar esa imagen ante una sociedad mexicana cada vez más politizada y muy sensibilizada ante los aconteceres cotidianos de la vida política. Tal parece que buscaran obtener el primer lugar en un imaginario concurso de ?a ver quién comete más errores?.
Veamos: con motivo de las recientes reformas constitucionales, aprobadas apenas por la Cámara de Diputados, que buscan atribuir al Gobierno del Distrito Federal el pago de su nómina magisterial y de apoyo educativo, tal como lo hacen todos los estados de la República, el jefe de Gobierno promovió controversia constitucional buscando el respaldo de la corte para echar abajo aquellas reformas.
Con la promoción de esa controversia, que es un medio de defensa de la Constitución, el jefe del Gobierno del Distrito Federal evidenció de manera palmaria su desconocimiento de las etapas del proceso legislativo relativo a las reformas y adiciones constitucionales y lo peor es que su cuerpo de asesores jurídicos no lo alertaron sobre lo que estaba promoviendo pues como decíamos anteriormente, apenas habían cumplido su primera etapa en la Cámara de Diputados; falta que el Senado, donde el expediente se encuentra actualmente desahogue el procesamiento respectivo y de ser aprobadas por la mayoría calificada requerida, que sería la segunda fase, se enviarán a las legislaturas de los estados para su discusión y votación. Si 17 de las 32 Cámaras locales, en las que se incluye la Asamblea Legislativa capitalina, las aprueban y después de haberse hecho el cómputo correspondiente, entonces y sólo entonces podrá hablarse de que dichas reformas son ya parte de la Constitución. Esta es la tercera etapa y así se cierra el círculo.
La controversia constitucional promovida no podía tener éxito, porque no se ha agotado el trámite legislativo que la propia Ley fundamental exige. Y en tal sentido la Suprema Corte de Justicia la desechó ?por clara y notoriamente improcedente?, constituyendo tal decisión de nuestro más alto tribunal un fuerte golpe político para el jefe de Gobierno, pero por su desconocimiento jurídico.
Ahora: a propósito de las modificiones que los diputados le hicieron a su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 al enterarse de ello el presidente de la República hizo berrinche y se apresuró a declarar que impugnaría tales modificaciones, sin conocer aún en qué consistían los ajustes y variaciones. Después dijo que vetaría el Dictamen aprobado por los diputados, luego que promovería controversia constitucional y finalmente tras haber regañado a los legisladores federales, llamándolos irresponsables, afirmó que regresaría el presupuesto de la Cámara con las observaciones que está facultado a hacer.
Ignorancia, desconocimiento del Derecho es lo que demostró el titular del Ejecutivo Federal. Y en ninguna de las diversas declaraciones que hizo a los medios de comunicación, se encuentra lo que debiera ser la oportuna y adecuada asesoría de sus abogados y consejeros, dejándolo prácticamente solo y a la suerte de su carácter locuaz y dicharachero que se deja llevar muchas veces por la pasión. Nadie parece haberle informado que por no ser el presupuesto producto del Congreso sino de una sola de sus Cámaras, la de Diputados, el presidente carece de facultades para hacerle observaciones o ?vetarla? como se dice popularmente.
Así, pues, estos dos personajes de la política nacional en apariencia tan distintos y distantes, confrontados en duelo pasional en la lucha por el poder político, por lo menos en algo se parecen: desconocen el Derecho y están mal asesorados. Tal identificación nos hace recordar lo que hacían nuestros abuelos ?pa? los toros del jaral los caballos de allá mesmo?.
r_munozdeleón@com.mx
