De las instituciones que manejan recursos públicos, no todas son auditadas
Es importante poder realizar una revisión a fondo del marco jurídico de todas las dependencias y entidades que operen con recursos públicos, para transparentar su aplicación, respetando la división de poderes y la autonomía de los organismos, pero sí buscando puntos de coincidencia para tener una revisión más clara de cómo se aplica el dinero de los contribuyentes.
El secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado, Luis Enrique Benítez Ojeda, manifestó lo anterior al ser cuestionado sobre la posibilidad de incrementar su facultad de fiscalización en aquellas entidades que, de acuerdo con la legislación vigente, son autónomas y ninguna otra instancia puede revisar el manejo de los recursos asignados.
Actualmente se habla mucho de la fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, motivo por el cual operan diversas instancias como la Secretaría de Contraloría, que revisa y audita el manejo de los programas federales que ejecutan los municipios, las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y otros organismos descentralizados.
Por otra parte, el Congreso del Estado fiscaliza a los municipios del manejo de sus cuentas públicas a través de la Entidad Superior de Auditoría, entre otras funciones.
El asunto de la fiscalización de recursos radica en que no todas las instituciones que manejan recursos públicos son auditadas, como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, e inclusive el Poder Judicial, y el mismo Congreso del Estado, ya que estos organismos cuentan con sus propias contralorías internas, añadió el entrevistado.
En este aspecto, Benítez Ojeda fue cauteloso y señaló que son mecanismos de ?autocontrol? que tienen estos organismos y así lo contempla la legislación vigente al respecto, pero reconoce que deberían establecerse nuevos mecanismos para transparentar más el manejo de esos recursos, siempre respetando la autonomía y la división de poderes para no contravenir a lo dispuesto en el marco jurídico en vigor.
Explicó que podría buscar un punto de coincidencia entre los diferentes organismos de contraloría interna y las dependencias encargadas de realizar la fiscalización de los recursos, como ya sucede actualmente entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, donde a través de la propia Secretaría de Contraloría y la Entidad Superior de Auditoría existe coordinación e intercambio de información, lo que ha permitido tener una mejor revisión de la aplicación de los recursos.
Destacó que este asunto debe analizarse con mucho cuidado, ya que es necesario hacer modificaciones a la ley y realizar revisiones más a fondo de las entidades o instituciones que manejan recursos públicos, sin violentar la autonomía y los poderes, pero es una situación de voluntad y ponerse a trabajar en esto.
Recordó que actualmente ya se cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública y, en este sentido, se deben adecuar los mecanismos que permitan transparentar la aplicación de estos recursos económicos que son las contribuciones de los ciudadanos y, por tal motivo, dar a conocer su manejo.
Admitió que actualmente instituciones como el Poder Judicial, el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de Durango, inclusive el propio Congreso del Estado y la misma secretaría que él representa no cuentan con mecanismos de fiscalización externos, sino todos ellos tienen sus propias contralorías internas, por lo que es un tema que debe analizarse y discutirse a fondo.
REVISIÓN
Necesario un análisis de fondo
Es necesario analizar a fondo la posibilidad de fiscalizar la totalidad de las instituciones que operan con recursos públicos.
- Existen entidades que no son fiscalizadas, como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Poder Judicial, inclusive la propia Secretaría de Contraloría.
- Estas instituciones son fiscalizadas por contralorías internas que tienen ellos mismos.
- Esta revisión debe realizarse con mucho cuidado, respetando la autonomía y la división de poderes.
- No se trata de confrontar, sino ponerse de acuerdo para buscar puntos de coincidencia en la transparencia de los recursos.
- Debe considerarse que ahora se cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública y con base en esto debe actualizarse el marco jurídico.
FUENTE: Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa.
