La PGR informó que los 118 millones de dólares de Raúl Salinas retenidos en Suiza están asegurados y no podrá recuperarlos debido a que son producto del desvío de la "partida secreta".
09 de septiembre 2004.
México (SUN-AEE).-La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que Raúl Salinas de Gortari no puede ni podrá recuperar los más de 118 millones de dólares depositados en Suiza que actualmente están asegurados como parte del proceso que se le sigue por el presunto delito de peculado, derivado del desvío de recursos de la "partida secreta" de la Presidencia de la República durante la gestión de su hermano, Carlos Salinas de Gortari.
La coordinadora general de Investigación de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, informó que esos recursos están en este momento asegurados por orden de un juez federal mexicano, y hasta en tanto no se dicte la sentencia correspondiente no se puede ni siquiera considerar que Raúl Salinas podrá recuperar esos fondos y sobre los cuales la PGR ha aportado pruebas suficientes para demostrar que son producto del desvío de la "partida secreta".
En ese mismo orden de ideas, la funcionaria aseguró además que actualmente ni el propio Raúl Salinas ni los presuntos inversionistas que le prestaron el dinero, como Carlos Peralta, Jorge Hank Rhon y otros, han reclamado la devolución o el desaseguramiento del dinero ante autoridades mexicanas o de Suiza.
Mencionó que el que no se haya podido acusar a Raúl de lavado no influye ni influirá en el aseguramiento del dinero y los bienes, el cual fue decretado por el juzgado 13 de procesos penales federales, donde se ventilan las acusaciones por peculado y enriquecimiento ilícito contra Raúl Salinas.
Indicó que si bien en agosto pasado el tercer Tribunal Unitario decretó la prescripción en la acusación por lavado de dinero, la determinación en este asunto no influye en las otras acusaciones por ser completamente ajeno. Este fallo no puede ser tampoco argumento para tomarse en cuenta en la sentencia que se emita contra Raúl Salinas de Gortari por peculado y enriquecimiento ilícito.
Sobre el caso de lavado de dinero, Morales Ibáñez además aclaró que la ley impedía a la PGR actuar contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas, en virtud de que no se le podía acusar tanto de enriquecimiento ilícito y a la vez de lavado de dinero. "No hubo en ningún momento una omisión o negligencia de la PGR", sostuvo.
Actualmente, el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se encuentra en el penal de Santiaguito, llamado también "Almoloyita", enfrentando una condena de 27 años que se le impuso como autor intelectual del crimen de José Francisco Ruiz Massieu, por lo cual fue detenido en febrero de 1995.
Por lo pronto, añadió Morales Ibáñez, es difícil que Raúl Salinas de Gortari recupere en este momento el dinero de Suiza. El dinero está asegurado por el proceso que se le sigue por peculado y el caso está en instrucción y sólo hasta que se dicte la sentencia es cuando se va a determinar el destino final de esos recursos.
En el juicio, Raúl Salinas y su defensa buscan demostrar que los más de 118 millones de dólares depositados en Suiza bajo identidades falsas del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y que le fueron descubiertos en 1995 provienen de un fondo de inversionistas y de esta manera que se le devuelvan.
Este es el último delito que se fincó en contra de Raúl Salinas en julio de 2002, cuando la PGR lo acusó del uso ilegal de la "partida secreta" de la Presidencia de la República durante el mandato de su hermano Carlos Salinas, lapso en el cual junto con tres ex empleados de la Presidencia, Ernesto Sentiés Hoyos y sus sobrinos Fernando y Araceli Vázquez Alanís, se desviaron recursos millonarios a sus cuentas bancarias.
Igualmente, buscan recuperar terrenos y residencias en Morelos, Guerrero y Jalisco, así como en las Lomas de Chapultepec, al igual que cuentas bancarias en el país, con un valor de más de 160 millones de pesos, demostrando que no hubo enriquecimiento ilícito, delito que se fundó en el hecho de que presuntamente el acusado no pudo acreditar cómo adquirió el dinero y las propiedades que poseía y obtuvo durante su gestión como servidor público.
